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¿ADIOS A LAS ARMAS?

La Cumbre política, convocada por el ministro de Gobierno, discutiría las bases para un nuevo marco institucional del país. La presencia de un representante del M-19 cambió la situación...

18 de octubre de 1982

Las diez de la mañana del miércoles 15 de septiembre, la transitada calle 13 de Bogotá estaba un poco más llena que de costumbre. Algunos periodistas, grabadora en mano, esperaban en la puerta del Ministerio de Gobierno. Un hombre alto, ligeramente canoso, de grandes gafas oscuras y bigote estaba entre ellos. Nadie se fijaba en él. El hombre de discreto vestido a rayas, subio silenciosamente en el ascensor hasta el tercer piso. Una vez allí atravesó un segundo corrillo de periodistas y se acercó al selecto grupo de los siete delegados políticos que asistían a la cumbre convocada por el ministro de Gobierno. "Hola, Gilberto", dijo sonriendo, mientras estrechaban la mano del secretario del Partido Comunista.
En ese momento, el funcionario del ministerio, encargado de recibir a los invitados, se le acercó. "El nombre del doctor y el partido que representa, por favor..." le dijo, en tono impersonal. "Ramiro Lucio Escobar, del M-19", contestó el hombre. Tras un instante de desconcierto, le dijo cortésmente: "Lo siento doctor, pero sólo pueden asistir los invitados" Lucio respondió entonces: "Perdóneme, pero nosotros entendimos, según lo que dijo la prensa, que la invitación era también para nosotros. Si usted quiere, yo me voy, pero ahí están los periodistas que me van a preguntar por qué lo hago. Yo le pediría un favor: comuníquele al ministro que yo estoy aquí" Pocos minutos después Ramiro Lucio, el hombre que había estado 30 meses preso por el delito de rebelión, estrechaba la mano del ministro de Gobierno, quien improvisadamente le dio la bienvenida y lo hizo seguir.

NO BOTO FUEGO
Ante su presencia no se sabía quién estaba más sorprendido, si Germán Zea, ex-ministro de Gobierno anterior, acusado por el M-19 de violar los derechos humanos, o el ultraconservador Omar Yepes, presidente del Directorio Nacional de su partido. Cuando Lucio, en representación del M-19, se dirigió a los asistentes, íntimamente todos estaban preparados para escuchar el tradicional botafuego contra el sistema.
Pero no fue así. En medio de una gran expectativa de los flashes, de las luces de las cámaras de televisión, se oyó la voz serena y templada del ex-guerrillero, hermano del actual gerente de Colpuertos, planteando no el rompimiento con los Estados Unidos, no la nacionalización de la Banca, ni de las compañías multinacionales, sino temas tan propios de la rutina política como las reformas al 120, la igualdad de oportunidades para la oposición en la televisión, la reforma de los artículos 28 y 121 de la Constitución, las reformas de las actuales estructuras sociales. No se le quedó en el tintero ni siquiera demandar una solución inmediata a la crisis de los Ferrocarriles Nacionales. Lucio expresó que el M-19 está muy satisfecho con la evolución de la situación política, pues el gobierno estaba enfocando con seriedad el problema de la paz y "estamos convencidos de que el país va a apoyar las iniciativas, sin pedir milagros".
Finalmente propuso una tregua que consistiría en que el gobierno desmilitarizara las regiones de guerrilleros y la guerrilla, a su vez, se comprometiera a cesar sus acciones armadas.
No había terminado Lucio Escobar su intervenc¿ón cuando ya era claro para todos los presentes que algo muy importante había sucedido. La reunión, convocada por el ministro de Gobierno, para discutir diez puntos destinados a "establecer el nuevo marco institucional del país" (ver recuadro) cambió de naturaleza con la presencia del miembro del M-19, al desbordarse el carácter formal del primer punto: la legalización o institucionalización de las distintas fuerzas políticas y concentrar la atención nacional en el tema de la amnistía y de las condiciones para la paz en el país.
¿Qué explica este súbito cambio? ¿Cuáles fueron las nuevas circunstancias que hicieron posible que un grupo que, hasta hace pocos días, era considerado el más notorio enemigo de las instituciones fuera acogido por el propio ministro de Gobierno como una fuerza política para que expresara sus opiniones y participara en la construcción de un orden democrático nuevo?

ERA EN SERIO
El mérito principal de este cambio de circunstancias tendría que ser atribuido al presidente de la República. Pocas veces en la historia del país ha cambiado tanto la imagen de un presidente, en relación con la que tenía como candidato. Belisario, el populistá ambivalente, el hombre de las relaciones públicas, resultó ser un audaz político de sorprendente independencia. La camisa de fuerza que supuestamente le imponían sus socios conservadores no se ha visto y tanto en política interna como externa se ha presentado una apertura que pocos anticipaban. Gómez Hurtado y los Estados Unidos han quedado relegados a un segundo plano en estas seis semanas en que Betancur pasa de la etapa de ambiguedad a la etapa de definiciones. Estas definiciones han sido especialmente concretas en torno al problema de la paz. ¿No fue acaso Betancur, el candidato que durante los ajetreos preelectorales hablara menos sobre soluciones específicas para este intrincado problema? De hecho, sus discursos en la plaza pública aludían al tema solo en forma sesgada. El enfoque general del candidato nacional era el de que "sólo un gobierno nacional podía garantizar la paz" y de que "el caldo para el cultivo de la violencia, radicaba en los graves problemas sociales del país". Estas actitudes incluyendo su apoyo a la Comisión de Paz de Carlos Lleras, parecían ajustarse más a requisitos electorales que a proyectos mediatos o decisiones de acción. Los otros candidatos señalaban el silencio de Betancur sobre una eventual amnistía, como una carencia de ideas exactas al respecto o una cierta indiferencia hacia el problema y, hasta su propio hijo, aludiendo a la ambiguedad de un discurso de él sobre la paz, lo llamó "cavernario".
Sin embargo, tales apreciaciones han perdido vuelo desde el 7 de agosto. Desde el mismo día de su posesión, Belisario Betancur comenzó a dar puntadas para cambiar esa imagen de sí mismo haciendo del problema de la pacificación del país uno de los ejes más visibles de su gobierno. Su discurso en el Capitolio abordó el tema de la paz en forma directa: "Tiendo mi mano a los alzados en armas para que se incorporen al ejercicio pleno de sus derechos en el amplio marco de la decisión que tomen las Cámaras. Les declaro la paz a mis conciudadanos sin distinción alguna". Minutos después declararía, ante la plaza de Bolívar, que su gobierno buscaría "una paz sin retaliaciones ni vindictas"
Fue tal el énfasis pacifista de sus discursos de posesión, que Leopoldo Calvo Sotelo, jefe del gobierno español, dijo horas más tarde que "no parecía a veces el discurso de un conservador".
Pero no eran simplemente frases. Un doloroso incidente ofreció la oportunidad al presidente para hacer una nueva demostración de su actitud frente a la paz. El asesinato del profesor Alava Montenegro, no sólo fue respondido por Betancur con una condena a los organismos paramilitares, sino con una orden suya a las Fuerzas Armadas para investigar y castigar a los culpables. Esta orden fue seguida de una declaración del ministro de Defensa, general Landazábal Reyes, admitiendo y condenando la existencia de tales grupos. Otro gesto posterior del presidente, como la acogida que dio a las madres de los presos políticos de la Picota y la destitución del funcionario de esa cárcel que ordenó la suspensión semanal de visitas para esos presos, fueron pruebas adicionales del rumbo que tomaba la administración. Nadie ha sintetizado mejor la evolución del presidente que Jaime Bateman, en su reportaje a la revista "Cromos", cuando afirmó que el nuevo elemento político que podía permitir un entendimiento con el gobierno, era "el hombre: Belisario Betancur".

DE CORTE NACIONALISTA
Pero si al interior del gobierno evidentemente se viene dando una evolución sobre el tema del M-19, también a nivel de este grupo se ha estado experimentando un cambio de circunstancias y actitudes sobre las condiciones para un diálogo. Para comenzar, el M-19 es un movimiento prácticamente derrotado en el terreno militar. Independientemente de las críticas que se le puedan formular al gobierno de Turbay Ayala por su actitud frente a los grupos subversivos es innegable que al M-19 lo diezmó. Por otro lado, aun cuando el M-19 no ha demostrado aún tener una filosofía definida y concreta, algunos de sus elementos parecen tener cierta afinidad con los del Movimiento Nacional de Belisario Betancur. En primer lugar, el M-19 puede definirse como un movimiento y no como un partido. A diferencia del partido comunista, por ejemplo, no hay lazos organizativos entre sus miembros y sus simpatizantes. Lo que existe es un grupo guerrillero que ha venido haciéndose propaganda mediante sus acciones armadas y un sector de simpatizantes -posiblemente de amplitud considerable- impactado por esta propaganda, pero sin un programa claro que lo identifique. El propio Bateman, con gran talento publicitario ilustra esta situación diciendo: "aquel que se indigna frente a la injusticia, ése es miembro del M-19".
A diferencia de otros grupos guerrilleros, como las FARC o el ELN, el M-19 no se considera marxistaleninista, o sea que no se plantea como meta llegar al socialismo. Para algunos, esta posición moderada puede obedecer a consideraciones tácticas, o aún en caso de ser sincera, puede ser desbordada por la dinámica interna del movimiento en el futuro como sucedió en el proceso de la Revolución Cubana. Pero es significativo que Bateman y su gente han querido delimitar claramente esta diferencia con los otros grupos guerrilleros y que ésto les ha granjeado su animadversión.


La política del M-19 ha sido presentada como de corte nacionalista, por cuanto pregona una cierta autonomía de Colombia frente a los Estados Unidos, Según puede deducirse de las palabras de Lucio, y antes por las del propio Bateman, el corte de su nacionalismo no estaría demasiado lejos del que plantean políticos del sistema como Luis Carlos Galán, en la medida en que no propone la nacionalización de empresas extranjeras, sino la renegociación con éstas en términos menos onerosos para Colombia.
Su prerrequisito, lograr una amnistía general aceptada por los grupos subversivos, es de por sí un objetivo muy difícil de lograr. Desde que está vigente el problema del M-19, este "impase" no ha podido ser superado. Sin embargo, el Gobierno, consciente de que una posición rigida e intransigente sobre este problema es contradictoria con las posibilidades reales de alcanzar la paz, parece dispuesto a ensayar nuevas fórmulas.
La nueva pieza del engranaje legal que ha permitido el acercamiento del M-19 al Gobierno, es un proyecto de amnistía planteado en términos cualitativamente más amplios que los contemplados hasta ahora.
Toda amnistía cubre "los delitos políticos", aquellos que atentan contra el orden institucional, o sea los de rebelión, sedición y asonada Pero el meollo del problema que es lo que ha impedido llegar a un acuerdo en los últimos cinco años, está relacionado con los llamados "delitos conexos". Estos son los delitos comunes como el secuestro, la extorsión, el homicidio fuera de combate y otros que pueden ser cometidos simultáneamente con los delitos políticos. La primera ley de amnistía del presidente Turbay sólo los contemplaba en forma restringida. Por esta razón, los grupos guerrilleros no aceptaron acogerse a ella. El segundo intento de amnistía de Turbay también fracasó, pues repetía sustancialmente los mismos términos jurídicos del primero. Y el complemento, propuesto por la Comisión de Paz, no habla lógicamente de la amnistía sino de libertad provisional y suspensión condicional de la pena. El presidente Turbay no lo aceptó, aunque el M-19 parecía estar de acuerdo.
El proyecto que actualmente considera el Congreso y sobre cuya posible interpretación se ha producido el enfrentamiento político, ha sido presentado al Congreso por Gerardo Molina y plantea la concesión de la amnistía a los culpables de delitos políticos y conexos sin limitación alguna. El espíritu de esta ha sido compartido por el Gobierno, a través del ministro de Justicia, quien ha dicho que las simpatías de éste están del lado de la amnistía más que del lado de la libertad provisional o condicional, que contemplaba el proyecto de la Comisión de Paz.
Lo curioso es que la sola mención de la amnistía amplia que en el pasado despertaba invariablemente resistencias por parte de los sectores tradicionales del sistema ha contado, por lo menos en esta etapa inicial, con el silencio de ciertos sectores y el inesperado apoyo de otros. La bomba fue el editorial de "El Siglo" del 16 de septiembre titulado "La oportunidad de la amnistía" en donde se dice: "Hay una confianza total en que las circunstancias son extraordinariamente propicias para hacer todos aquellos ensayos que antes no se intentaron por temor a un debilitamiento del orden, pero que ahora parecen ampliamente justificadas en virtud de ese clima indefinible pero real de entendimiento que se manifiesta en forma tan protuberante".
Menos sorprende pero igualmente significativo fue la posición asumida por los liberales de la comisión primera del Senado, tanto oficialistas como del nuevo liberalismo, quienes expidieron una declaración conjunta en los siguientes términos: "la representación liberal en la comisión primera del Senado está dispuesta a tramitar y votar rápidamente una ley de amnistía amplia, que permita a todos los grupos rebeldes, reincorporarse plenamente a la vida civil política del país".
La posición asumida por todos estos sectores, demuestra hasta qué punto ha evolucionado la opinión pública en las pocas semanas desde la posesión de Betancur.
Hasta el momento el deseo de cambio de los colombianos y su anhelo de obtener la paz han encontrado una actitud favorable en el Palacio de Nariño. Pero la paz no es sólo un problema de deseo. Sin ir más lejos, "El Tiempo" del sábado subrayó cómo Bateman pone entre sus exigencias, ni más ni menos que la destitución del ministro de Defensa a quien acusa de encubrir al MAS.
Sin embargo, el inicio del diálogo, la actitud menos dura de las FARC hacia éste y la integración de la nueva Comisión de Paz constituyen un primer paso.

ASISTENTES A LA REUNION CUMBRE, REPRESENTANTES DE DIFERENTES
PARTIDOS POLITICOS.
-Dr. GERMAN ZEA HERNANDEZ En representación del Partido Liberal
-Dr. OMAR YEPES Presidente del Directorio Nacional Conservador
-Dr. RODRIGO LARA BONILLA En representación del Nuevo Liberalismo
-Dr. GILBERTO VIEIRA Secretario General del Partido Comunista
-Dr. JOAQUIN MEJIA FIGUEREDO Presidente del Comando de Alianza Nacional Popular
-Dr. JOSE AGUSTIN LINARES Presidente del Partido de la Democracia Cristiana
-Dr. RAMIRO LUCIO En representación del Movimiento M-19
-Dr. HERNANDO HURTADO En representación del Partido Comunista.

LOS 10 PUNTOS
En carta dirigida por el ministro de Gobierno, Rodrigo Escobar Navia, a los dirigentes oficiales de las más importantes fuerzas políticas nacionales, se plantean los 10 puntos que la administración Betancur considera vitales para el establecimiento de un plan de desarrollo democrático.
1. Legalización o institucionalización de las distintas fuerzas políticas que, con toda razón y derecho, aspiran a participar activamente en la vida política colombiana.
2. Robustecimiento y modernización de la Registraduría, dotándola de la autonomía que le correspondería como cuarta rama del poder público.
3. Financiación de las campañas electorales por el Estado y control eficaz, no sólo estatal, sino social, de las fuentes financieras y los usos de los ingresos de los diferentes sectores que concurren a los diversos procesos electorales.
4. La adopción de una carrera administrativa adecuada a las características y necesidades del país.
5. La definición y el establecimiento de un estatuto claro y completo de los derechos, los medios. Las obligaciones y las responsabilidades que tendría la oposición dentro del Estado de Derecho y el sistema político ampliados.
6. La elaboración del derecho a la información indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer hoy la libertad de expresión.
7. La vigilancia de los deberes y responsabilidades del Estado y la Administración pública y la tutela de los derechos de las comunidades y del ciudadano.
8. La modernización y el fortalecimiento de las autoridades y de los instrumentos que tienen bajo su cuidado dentro del régimen jurídico que rige la administración de la justicia ordinaria, y la seguridad cotidiana de los ciudadanos.
9. La descentralización administrativa, el fortalecimiento de las administraciones departamentales y el robustecimiento de las comunidades y los gobiernos locales.
10. El desarrollo de las normas y principios de la Constitución con mayor potencial de ordenamiento en los campos más significativos de la vida cotidiana.


HABLAN LAS FARC
En un céntrico restaurante de la capital bogotana y en medio de los clientes y comensales habituales del restaurante, a las nueve de la noche, se produjo un reportaje sin precendentes en la historia de nuestro periodismo. Por primera vez, el número uno de las FARC, el comandante Jacobo Arenas concedía una entrevista, a campo abierto, a los periodistas de Caracol Yamid Amat y Javier Ayala. Sin medida alguna de seguridad, pero con ciertas precauciones, como la de permanecer todo el tiempo, incluso durante la cena, con las manos enguantadas, y delante de todos los presentes que no se percataron de lo que allí estaba sucediendo se grabó el reportaje difundido a las nueve p.m. del domingo último por Caracol, en cadena nacional ante el asombro de los servicios de inteligencia del Estado que no podían dar crédito a lo que estaban escuchando.
Arenas contó la historia de las FARC y su larga amistad con el "viejó" es decir Manuel Marulanda Vélez, alias "Tiro-Fijó". La cena avanzaba y la entrevista también. Ya en el postre y sin el acoso natural de la entrevistas improvisadas, Yamid Amat pidió a Arenas concretar sus puntos de vista y los de las FARC sobre la pacificación del país que quiere BB y con él todos los colombianos. Este es un resúmen de sus ideas.
"Las FARC están dispuestas a dialogar con el gobierno y a participar en las negociaciones de la Comisión de Paz si se cumplen las siguientes condiciones: 1) Que el gobierno y los militares acepten que Colombia no tiene problemas de guerrillas ni de subversión sino un problema social y económico. 2) Que se reconozca que medio país se está muriendo de hambre. 3) Que se admite que la concentración de la riqueza ha llegado a extremos inauditos e inaceptables y que por consiguiente se adopten medidas inmediatas para eliminar esta concentración. 4) Que se creen las bases para un Estado Socialista".
Luego Jacobo Arenas explicó que las FARC están en guerra en defensa propia pues -según él- son perseguidas sistemáticamente.
Otro detalle importante dentro del reportaje de Caracol es que Arenas pidió aclarar por parte del gobierno quién tiene las facultades para negociar con las FARC, si es el propio gobierno o son las Fuerzas Armadas. Pidió, además, que la nueva Comisión de Paz tenga plenas facultades del gobierno y de los militares para tomar decisiones. Finalmente, el legendario guerrillero denunció que la violencia no es solamente de carácter represivo, sino que existe también un tipo de violencia social, económica y educativa, tanto a nivel colombiano como latinoamericano y expresó que se deben buscar acuerdos para eliminar estas causas de la violencia. Denunció finalmente que el presidente Jaime Roldós, del Ecuador, y Omar Torrijos, de Panamá, fueron asesinados.