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| Foto: Archivo SEMANA

POLÍTICA

El tribunal de paz que propone Álvaro Uribe

Juzgaría a militares y civiles, revisaría sentencias por falsos positivos, contempla penas de cinco años de cárcel y podría conceder la libertad de generales como Jaime Uscátegui y Rito Alejo del Río.

17 de agosto de 2016

Se llama Tribunal Nacional de Paz y es la idea del Centro Democrático. Tiene como propósito juzgar y sancionar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado por miembros de las Fuerzas Armadas y por parte de civiles.

En la práctica, este tribunal busca sustituir, o por lo menos ser una alternativa a, la Jurisdicción Especial de Paz pactada entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC en La Habana. El Centro Democrático ha descalificado sistemáticamente esta jurisdicción, pues según el uribismo, “iguala” a los miembros de las Fuerzas Armadas con el "terrorismo”.

Según la propuesta, este tribunal se crearía mediante una reforma a la Constitución. El proyecto, diseñado y redactado por el senador Alfredo Rangel, fue presentado este miércoles por el senador y expresidente Álvaro Uribe, quien le pidió al gobierno del presidente Juan Manuel Santos que permitiera su aprobación en el Congreso.

Según Uribe, este proyecto es el "verdadero alivio” para los miembros de las Fuerzas Militares que están siendo investigados hasta por delitos de lesa humanidad, caso de los falsos positivos.

“Un error del proceso de paz ha sido presentar a los miembros de las Fuerzas Militares como actores del conflicto iguales al terrorismo -dijo Uribe-. Este tribunal es un alivio judicial y el principio para recuperar la motivación de las tropas”.

Según explicó el senador Rangel, el Tribunal Nacional de Paz, a diferencia de la Jurisdicción de Paz pactada en La Habana, sí contempla penas efectivas de cárcel, la sanción es de máximo cinco años de prisión, y beneficios como la libertad condicional hasta el pronunciamiento de la sentencia. Y la libertad por el pago de la quinta parte de la pena.

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Además, este Tribunal podrá revisar las sentencias contra militares y policías, y aquellos que hoy están condenados podrían obtener su libertad en caso de que hayan cumplido cinco años de prisión. Esta disposición podría beneficiar, por ejemplo, a generales en retiro como Jaime Uscátegui y Rito Alejo del Río, condenados por delitos contra los Derechos Humanos.

A diferencia de la Jurisdicción Especial de Paz, en el Tribunal de Paz que promueve el uribismo los militares y civiles no tienen que declararse culpables, sino que deberán ser vencidos en un juicio.

Para Rangel esta propuesta sí brinda seguridad jurídica, pues, en su criterio, las amnistías otorgadas por la Jurisdicción Especial de Paz podrían ser revocadas por la Corte Penal Internacional o por el propio Congreso colombiano.

El Tribunal Nacional de Paz propuesto por el uribismo funcionaría por 12 años y estaría integrado por nueve magistrados que serían elegidos por las universidades, asociaciones de militares en retiro y colegios de abogados. No podrían ser elegidos quienes hayan sido magistrados de las cortes, pues podrían haber tenido conocimiento de procesos activos contra militares y policías.

Este tribunal incluiría civiles comprometidos con delitos políticos y conexos, así como delitos de orden público. Y no se podría aplicar a miembros de grupos armados ilegales.

¿Qué opciones tiene el proyecto? En el papel, muy pocas. El Centro Democrático no es mayoría y no cuenta con los votos suficientes para sacarlo adelante. Por eso los uribistas exigen garantías en la discusión de su idea.

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