¿Qué tan creíble es que EE. UU. descertifique a Colombia?

La amenaza del presidente de Estados Unidos de descertificar a Colombia por el aumento de cultivos de coca es menos espectacular de lo que ha aparecido en los medios. En el fondo se trata de un memorando rutinario que el mandatario norteamericano tiene que enviar al secretario de Estado todos los años.

Todo lo que dice es verdad y bien sabido: que en Colombia se han triplicado los cultivos de coca en los últimos años, que eso es muy preocupante, pero que no se va a sancionar al país porque, a pesar de los resultados, el gobierno está comprometido con esa lucha. Sin embargo, si no se ven resultados positivos de aquí al año entrante, Colombia podría ser descertificada.

Donald Trump ni siquiera habló del tema y se limitó a hacer público el memorando. No obstante, como él es pendenciero, la noticia apareció en el tono que se asocia con su personalidad, aunque el contenido del texto no corresponde a esta. Más que una amenaza exagerada y sin modales, como suelen ser las de Trump, hubo tres elementos que molestaron al Palacio de Nariño. El primero es haber puesto a Colombia en el mismo lugar de Venezuela y Bolivia, dos países que tienen muy malas relaciones con Washington y que abiertamente no están comprometidos con cooperar en materia de drogas. El segundo es no haber esperado los resultados de los programas de erradicación que están en marcha, sobre todo porque los funcionarios encargados del tema en Washington saben que solo será posible evaluarlos el año que viene. Y el tercero porque afirmar que la cooperación solo funciona con la Policía y las Fuerzas Armadas desconoce los esfuerzos del Ejecutivo.

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Pero la realidad del problema es la de siempre y no tiene nada de nueva. Según el gobierno, la decisión de no asperjar con glifosato no resultó de una negociación secreta con las Farc en La Habana, sino de la poca efectividad de sus resultados y de los riesgos que implica para la salud. Sobre la validez de estos dos puntos no hay consenso y en el debate cada una de las partes tiene argumentos convincentes.

El argumento de que la aspersión aérea con glifosato no es muy efectiva para erradicar cultivos se basa en estadísticas que muestran que las áreas sembradas comenzaron a aumentar desde antes de terminarla. En cambio, otros factores incentivaron esa expansión: el comprobado aumento del consumo en Estados Unidos y la devaluación del peso, pues el dólar pasó de 1.800 a 3.000 pesos, lo que incrementó la rentabilidad del negocio en un 40 por ciento.

Otra razón por la cual los cultivos de coca han pasado de 78.000 a 188.000 hectáreas en los últimos cinco años –según las cifras estadounidenses, más altas que las de Naciones Unidas– es que en las negociaciones de La Habana se acordó darles un apoyo técnico y financiero a los campesinos que se acogieran al programa de restitución de cultivos ilícitos. Ante el incentivo de que el Estado iba a dar una plata al que tuviera unas matas, muchos se desbocaron a estar listos para apuntarse a ese subsidio.

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El gobierno de Colombia ha explicado estos fenómenos al de Estados Unidos y les ha agregado que, con el fin del conflicto con las Farc, la erradicación se podrá realizar en zonas antes inaccesibles por la guerra. El plan consiste en sustituir 50.000 hectáreas mediante acuerdos con cocaleros y otras 50.000 por acción de la fuerza pública. Tanto el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, como el consejero para el posconflicto, Rafael Pardo, respondieron al memorando de Trump con cifras que, según ellos, demuestran que los planes de erradicación están avanzando y que el país va a cumplir las metas anuales.

Como se puede observar, no hay mucho de nuevo. Las relaciones bilaterales de los dos países no se han afectado. Con voto bipartidista, el Congreso acaba de aprobar un monto de ayuda para Colombia, para 2018, superior al que había solicitado la Casa Blanca. Mientras esta había pedido 251 millones de dólares, la Cámara aprobó 335 y el Senado 391. Solo está pendiente la conciliación, pero ya es un hecho que el Capitolio desatendió la solicitud de Trump de recortar la ayuda como parte de la reducción del gasto global en el presupuesto federal. Y a finales de la semana el propio presidente invitó a Juan Manuel Santos a una cena en Nueva York (que se llevará a cabo este lunes) en compañía de sus colegas de Perú, México y Brasil, para hablar sobre el tema de Venezuela. No parece, en fin, que haya un deterioro en las relaciones.

Pero sí hay dificultades. Más peso que el memorando de Trump tiene la posición de la senadora Dianne Feinstein, quien notificó que su paciencia con el Plan Colombia se había acabado, pues para ella ha sido un fracaso. Como Feinstein es un peso pesado del Partido Demócrata, el que tradicionalmente ha apoyado a Colombia, un ultimátum de esa naturaleza es un nubarrón hacia el futuro. También se ha notado un cambio de tono en algunos de los funcionarios que trabajan el tema colombiano. Tanto el embajador en Bogotá, Kevin Whitaker, como el subdirector de la oficina antinarcóticos del Departamento de Estado, William Brownfield –exembajador en Bogotá–, han reiterado la preocupación de su gobierno por el aumento de las áreas sembradas de cultivos de coca en Colombia. Whitaker también ha mostrado inquietudes por el tema de la extradición, y, en un hecho inusual, le envió a la Corte Suprema de Justicia una carta para abogar por la de Julio Enrique Lemos Moreno, exmiembro de las Farc acusado de narcotráfico.

Algunos han tratado estos ruidos como si la situación estuviera regresando a los días críticos de la descertificación, durante el periodo de Ernesto Samper. En el propio gobierno hubo respuestas al memorando de Trump que aludían a la falta de efectividad de Estados Unidos en la reducción del consumo y de control en la frontera. El presidente Santos dijo que “Colombia es el país que más sangre ha puesto en la lucha contra las drogas”. Y en un momento de tanta agitación política, el trumpazo también fue tema de la política interna. La oposición, encabezada por los expresidentes Uribe y Pastrana, señalaron que la amenaza de Trump tiene su origen en el fracaso del gobierno Santos en su política antidrogas. Y se dio un duro rifirafe entre el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y su antecesor –hoy precandidato en la oposición–, Juan Carlos Pinzón.

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En realidad, el libreto es inédito. La sensibilidad del tema en Washington no solo se debe a que el actual mandatario ejerce una línea dura diferente a la de su antecesor, Barack Obama. También tiene que ver con que las cifras de consumo se han disparado. Lo que más preocupa es el abuso de opioides, frente al cual Trump declaró una emergencia nacional, y ante una versión química –fentanilo– que en su mayoría llega a Estados Unidos desde China y tiene efectos mucho más dañinos para la salud que la propia cocaína. El debate sobre los estupefacientes ha subido en la lista de preocupaciones de los norteamericanos.

Todo esto compone un panorama difícil para el manejo de las relaciones con Estados Unidos. Más aún cuando la administración Trump, después de ocho meses, no ha definido sus políticas ni ha llenado las vacantes fundamentales en el Departamento de Estado. Y por lo tanto esta agenda compleja está a cargo de funcionarios de tercer nivel. Pero se trata de molestias que no se pueden catalogar como un deterioro en la relación ni como un regreso a las épocas del proceso 8000. Tanto para la Casa Blanca como para el Capitolio de Washington, Colombia sigue siendo un aliado indispensable. Más aún ante una crisis humanitaria como la de Venezuela, frente a la que no hay una política clara. Mientras Nicolás Maduro esté en el poder, cualquier presidente colombiano estará más cerca de Washington que él.