AI denuncia ineficacia del proceso de restitución de tierras

Amnistia Internacional (AI) denunció este jueves la ineficacia del proceso de restitución de tierras y alertó de la violencia y las amenazas que afrontan las personas desplazadas que consiguen volver a sus antiguos hogares.

En el informe Un título de propiedad no es suficiente: asegurar la restitución sostenible de la tierra en Colombia, AI advierte de que el Gobierno está fracasando en su promesa de devolver los ocho millones de hectáreas robadas a unos seis millones de personas durante los 50 años de conflicto armado.

La organización de defensa de los derechos humanos señala, por una parte, que la Ley 1448 de víctimas y restitución de tierras es defectuosa y se aplica con mucha lentitud, habiéndose cubierto solamente una pequeña parte del territorio.

Por otra, añade que el Ejecutivo no está haciendo lo suficiente para atajar los peligros que afrontan las pocas personas que logran acceder a un título de propiedad e intentan volver a sus antiguos hogares.

"¿Cómo se puede esperar que estas personas vuelvan a sus hogares sabiendo que las puede estar esperando la misma gente que les echó de sus tierras y mató a sus familiares y amigos?", se pregunta el especialista en Colombia de AI Marcello Pollack.

Recuerda que "Colombia tiene uno de los índices de desplazamientos forzosos más altos del mundo y está claro que las autoridades no están haciendo lo suficiente para garantizar que las tierras robadas sean devueltas a sus verdaderos ocupantes".

"Entregar un título de propiedad y enviar a la gente a su casa no es suficiente. Las autoridades colombianas deben acelerar el proceso burocrático y garantizar seguridad física y financiera a los que retornan", según Pollock.

El investigador subraya, además, que "los responsables de delitos por desplazamiento forzoso deben ser llevados ante la justicia".

El 13 % de la población, en su mayoría agricultores, indígenas y descendientes de africanos, han sido desplazados de sus hogares en las cinco décadas de conflicto armado, principalmente por paramilitares y fuerzas de seguridad del Estado, denuncia Amnistía.

Unos ocho millones de hectáreas de tierra -un área mayor que la de Costa Rica- han sido usurpados a menudo "para beneficio de poderosos intereses económicos", añade la organización no gubernamental.

Aunque Amnistía saludó la introducción de la Ley 1448, que se empezó a aplicar en el 2012, la ineficacia y la lentitud al implementarla están privando a los ciudadanos del derecho a regresar a su hogar, lamenta.

Incluso cuando los títulos de propiedad se conceden al amparo de esa ley, las amenazas y la falta de infraestructura básica y de apoyo financiero hacen que las personas no retornen a sus antiguos hogares, señala la ONG en su informe.

AI denuncia que aún hay presencia de paramilitares en esos territorios usurpados y que en agosto del 2014 la Fiscalía había investigado al menos 35 asesinatos relacionados con el proceso de restitución.

Amnistía critica también que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos no haya abordado la restitución de tierras ocupadas por empresas nacionales y multinacionales que han aprovechado el conflicto interno para su beneficio económico.

"El proceso de restitución de tierras no ha logrado garantizar que esos poderosos intereses económicos nacionales e internacionales dejen de beneficiarse de inversiones en terrenos obtenidos mediante la violación de los derechos humanos y como expolios de guerra", manifiesta Pollack.

AI indica que, tal como está concebida, la Ley 1448 "crea una jerarquía de víctimas", pues las opciones de reparación dependen de cuándo se confiscaron las tierras, de forma que quedan excluidas las personas a quienes se las quitaron antes de 1991.

El presidente Santos "ha dado algunos pasos en la dirección adecuada con la Ley 1448", pero ahora debe hacer más y "asegurarse de que todos los que fueron expulsados de sus tierras puedan volver a ellas y reanudar sus vidas en paz y seguridad", destaca Pollack.