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| 2/23/2019 11:30:00 AM

La última batalla de Andrés Felipe Arias

La Justicia norteamericana aprobó la extradición de Andrés Felipe Arias. ¿Qué significa esto para el exministro, para el Gobierno y para el proceso de paz?

Andrés Felipe Arias volvería a Colombia: ¿qué significa? La última batalla de Andrés Felipe Arias

Todo indica que Andrés Felipe Arias perdió la lucha que ha mantenido los últimos años. Al dar vía libre a su extradición, el Departamento de Estado parece haber definido el asunto. Puede haber apelación, y otros pataleos, pero el conteo regresivo para el exministro ya comenzó.

Su extradición a Colombia no entraña ninguna injusticia, pero los 17 años de su condena sí. El debate sobre su responsabilidad en el escándalo de Agro Ingreso Seguro nunca va a terminar, aunque muchos de los que lo creen culpable aún consideran excesiva su condena.

En el caso de Arias, muchas personas confunden lo jurídico con lo político.

Sobre Arias bastantes personas confunden lo jurídico con lo político. Por ejemplo, para la mayor parte de la opinión pública, el exministro está en problemas porque les dio subsidios a los ricos. Eso no solo no forma parte de la acusación de la Fiscalía, sino que corresponde a una política de Estado que buscaba volver más competitivo al agro colombiano, frente a los retos de los tratados de libre comercio y del mundo globalizado.

En Colombia, como esta fue una de las banderas del Gobierno de Álvaro Uribe, muchos han interpretado el programa de Agro Ingreso Seguro como un regalo del presidente a los latifundistas que lo apoyaron. Pero subsidios parecidos a estos existen en muchos países, comenzando por Estados Unidos, que consideran necesario subvencionar el agro.

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Los subsidios que recibieron los grandes agricultores y desataron amplias polémicas en la prensa no constituían en sí mismos un delito. El problema comenzó cuando estos últimos decidieron fragmentar sus predios para obtener más ayudas de las permitidas. Ese fue el caso de los Dávila, Vives, y de otras seis familias que segmentaron sus tierras e hicieron todo tipo de piruetas para lograr subsidios del orden de 26.400 millones de pesos, según dijo en su momento la fiscal Viviane Morales. La exreina Valerie Domínguez, novia entonces de Juan Manuel Dávila, acabó convertida en el símbolo de ese escándalo por cuenta de haber prestado su nombre para uno de esos malabares.

Los goles del escándalo representaron el 3,5 por ciento del total de los recursos del programa, pero obviamente constituían un delito. Los abogados de Arias argumentaban que los que fragmentaron los predios cometieron ese ilícito y no el ministro al que le metieron el gol. Agregaron que el programa benefició a 316.000 familias campesinas, la mayoría de bajos recursos, y alcanzó a impactar cultivos en más de 1 millón de hectáreas. Esas cifras podían ser ciertas, pero la versión de que Arias no tenía conocimiento de la fragmentación no convenció a la Corte Suprema de Justicia, su juez.

El alto tribunal determinó que, si bien Arias no se benefició económicamente de esas maniobras, “los términos de referencia de las convocatorias de riego y drenaje para imponer reglas sí favorecían a sectores específicos del sector agrícola”. Con esto quiso decir que el exministro sí conocía de esos subsidios irregulares y había diseñado un programa que los permitía. Agregó que Arias tuvo injerencia directa en la entrega de estos subsidios, pues quienes los otorgaban eran de su “mayor confianza”. Los magistrados aseguraron que “era evidente la existencia del fraccionamiento” y que Arias no reaccionó porque “su objetivo era ubicar los subsidios en determinados sectores”. Como el peculado a favor de terceros consiste precisamente en que quien lo comete no se beneficia personalmente, pero sí otros, para los magistrados el delito quedó probado.

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Otro aspecto del escándalo era más debatible: el de la coincidencia de los beneficiarios de los subsidios y las contribuciones posteriores a la campaña de la precandidatura de Arias. Al respecto, no hay nada en blanco o negro. Al fin y al cabo, la mayoría de los agricultores de Colombia eran uribistas y no tenía nada de misterioso que apoyaran al candidato de Álvaro Uribe. Sin embargo, los montos probados de aportes de beneficiarios de Agro Ingreso Seguro fueron insignificantes. Por ejemplo, la familia Dávila, que había recibido más de 1.000 millones de pesos en subsidios, contribuyó con 18 millones. Y eso automáticamente no es un delito.

Pero la Corte Suprema de Justicia sí consideró un delito la forma como se contrató el programa. El eje de la controversia es que Agro Ingreso Seguro se entregó directamente y no por licitación pública. El contrato se hizo con el IICA, la entidad adscrita a la OEA especializada en ese tema. Todos los ministros anteriores a Arias, incluso los que lo sucedieron, como Juan Camilo Restrepo, habían contratado con esa entidad de ese mismo modo. En resumen, se podría decir que, aunque se había convertido en una práctica aceptada, técnicamente podía ser considerada delito.

La corte de apelaciones suspendió la orden hasta que se realice una audiencia el próximo 14 de marzo.

Como todo este escándalo tuvo como trasfondo el choque de trenes entre el Gobierno de Álvaro Uribe y la Corte Suprema de Justicia, la severidad de la condena ha sido asociada a esta circunstancia política. Esto puede o no ser verdad, pero definitivamente no le corresponde a la Justicia norteamericana sopesar este tipo de argumentos. Para ellos, la Corte Suprema, última instancia de la Justicia colombiana, emitió una sentencia, y la obligación cuando hay un tratado de extradición es acatarla. La opinión del Gobierno de Iván Duque, a través del embajador en Washington, Francisco Santos, no alteró esta realidad, basada en la separación de poderes.

La posición de Duque fue cauta, pero era claro que estaba a favor del exministro. En campaña aseguró que Arias vivía una “gran injusticia” y que daba “dolor que una persona que nunca se robó un peso esté con 17 años de condena, y uno ve criminales de lesa humanidad llegando ahora al Congreso de la República, con condenas por esos crímenes”. Como presidente se limitó a explicar que no podía retirar la solicitud de extradición, pues ya era improcedente.

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La posición de Juan Manuel Santos ha sido muy diferente de la que dice el expresidente Álvaro Uribe. Este lo acusa de presionar a la Justicia norteamericana para extraditar al exministro de Agricultura. El propio Arias dijo, en una entrevista con SEMANA, que su extradición había sido uno de los puntos de negociación con las Farc en la mesa de La Habana. Esas versiones han tomado fuerza, particularmente en las redes sociales, pero no son verdad. El Gobierno de Santos se limitó a lo que exige la normatividad, simplemente tramitar el pedido de la corte, lo cual no es discrecional del presidente.

Asumiendo que ya es una realidad la inminente llegada de Andrés Felipe Arias al país, el hecho tendría implicaciones en varios frentes. Para comenzar, se reabrirá el debate de la segunda instancia para su caso. El año pasado, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió una decisión contra el Estado colombiano por haberle negado al exministro ese derecho. Con ese documento, la defensa de Arias volvió a acudir a la Corte Suprema, que la semana pasada aseguró que esta posibilidad solo es viable si el Congreso de la República reforma la Constitución. Con la pelota en el Capitolio, es muy probable que los parlamentarios del Centro Democrático enarbolen esa causa.

Otro efecto importante, sin embargo, seguramente surgirá en otro frente: el de Jesús Santrich. Como los acuerdos de extradición son recíprocos, el Gobierno de Estados Unidos espera que Colombia le mande al líder guerrillero. Eso no es tan fácil, pues esa decisión no depende exclusivamente del Gobierno, sino también de la Jurisdicción Especial para la Paz y de la Corte Suprema.

Además, las extradiciones de Arias y de Santrich tienen implicaciones para el proceso de paz. De ocurrir la del excomandante, otros guerrilleros como Iván Márquez y el Paisa probablemente volverían al monte. De otro lado, si Arias llega al país esposado a cumplir su condena, buena parte de la opinión pública nacional reaccionaría con indignación al comparar esa situación con la de los comandantes de las Farc, no solo libres, sino en el Congreso.     

En todo caso, es seguro que si Arias llega a Colombia a cumplir su condena, el Gobierno de Iván Duque le daría las mejores condiciones de reclusión legalmente posibles. A Arias lo condenaron a 17 años, de los cuales ya ha pasado un año y ocho meses en Colombia, y casi dos años y medio en Estados Unidos. Le quedarían por lo tanto 13. Por buena conducta, trabajo y estudio, podrían llegar a reducirse. Eso significa que le faltarían entre cinco y seis años de reclusión. El Gobierno intentará, vía el Inpec, que le otorguen la posibilidad de no ir a La Picota, sino a una guarnición militar como el Cantón Norte. Esto, posiblemente, va a generar un debate con la oposición, pero el Gobierno dará esa pelea, y la justicia tendrá la última palabra.  

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