Arbitraje internacional, lo que le espera a Colombia en el caso Uber

La salida de Uber del país no significó el fin de una batalla jurídica que podría terminar en una demanda de Uber contra el Estado colombiano. En un comunicado, la compañía estadounidense informó que "presentó al Gobierno una notificación formal de su intención de someter a arbitraje internacional" el desacuerdo suscitado por el fallo estatal del 20 de diciembre.

La Superintendencia de Industria y Comercio encontró que la firma norteamericana incurrió en competencia desleal y operación irregular del servicio público individual de transporte. Uber dejó de funcionar el primero de febrero. Según la plataforma, el fallo viola el Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente entre ambos países.

"Dado que el tratado exige a Uber presentar en su notificación una estimación aproximada de los daños y perjuicios sufridos a raíz de las violaciones del tratado, la compañía informó en su comunicación que sus cálculos preliminares indican que los daños superarían los $250 millones de dólares", añadió el boletín difundido a los medios.

La empresa alega que la decisión de bloquear la aplicación en Colombia "constituye un acto de censura en contra de la neutralidad de red, la libertad de expresión en internet, y el uso de internet". Además, cuestionó que la sanción no fuera aplicada a plataformas que prestan servicios similares y que continúan operando en el país. No obstante sus intenciones, dejó abierta la puerta a "una pronta y amigable solución a la controversia".

Este lunes, el presidente Iván Duque aseguró que los representantes de la plataforma sabían de los riesgos jurídicos que enfrentaban en el país. De igual manera, el mandatario se negó a cualquier norma puntual en beneficio de Uber, como en su momento lo solicitó el CEO de la compañía, al pedir que una salida consistiera en que el Gobierno emitiera un decreto en particular.

“Las controversias con las plataformas digitales han estado en el sector del transporte público de pasajeros, donde tenemos leyes vigentes que vienen de tiempo atrás. Hay plataformas que prestan ese servicio y no cumplen con las condiciones para ello, como la inspección tecnicomecánica de los vehículos, los cupos, etc.”, sostuvo el mandatario, en una entrevista con el diario La República.

Duque también afirmó que el Estado no puede expedir normas a la medida de una empresa en particular. “Ellos sabían a qué se exponían, sabían cuáles eran los riesgos, que no pretendan desviar la atención. Sabían lo que estaba pasando. Un Estado no puede legislar para una empresa, eso se sale de todos los propósitos”, afirmó el presidente.

Uber llegó a Colombia en 2013 y desde entonces se han sumado otras aplicaciones con servicios similares, pese al rechazo de sindicatos de choferes y propietarios de taxis, que en varias ocasiones han protestado en las calles contra sus competidores.

El funcionamiento de la aplicación digital está permitido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, aunque la prestación del servicio de transporte es ilegal. Un vacío legal que, sin embargo, no impidió que aportara el impuesto del IVA ni que se publicitara abiertamente.

La autoridad que regula el comercio falló a favor de los taxistas que demandaron a Uber, que operaba con unos 88.000 conductores en varias ciudades de Colombia y llegó a trasladar a 2 millones de usuarios durante su paso por el país.

Con información de AFP...