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La disputa entre Colombia y Nicaragua tiene un nuevo round.

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Otro 'round' entre Colombia y Nicaragua

Ante la CIJ de La Haya, el Gobierno objetará la competencia de este tribunal respecto de dos litigios presentados por el país centroamericano.

27 de septiembre de 2015

Nicaragua y Colombia se encontrarán a partir de este lunes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, para dilucidar si este tribunal puede fallar en dos litigios promovidos por Managua a propósito de las fronteras marítimas en el Caribe.

En la primera fase de audiencias públicas, del lunes 28 de septiembre al viernes 2 de octubre, la Corte conocerá las objeciones de Bogotá sobre la competencia de la CIJ respecto a una demanda que Nicaragua presentó en noviembre del 2013.

Entonces, Managua argumentó que Colombia incumplía una sentencia del tribunal emitida un año antes sobre un litigio bilateral en el Caribe.

El fallo, tras un juicio de 11 años, ratificó la soberanía de Bogotá sobre un grupo de islas del archipiélago de San Andrés y cayos adyacentes, pero concedió a Nicaragua una amplia zona en el mar Caribe, antes bajo dominio colombiano.

Tras esa sentencia, Colombia denunció el Pacto de Bogotá con el que aceptaba la jurisdicción de la CIJ, y consideró el fallo inaplicable por considerar que violaba la Constitución del país -al no existir un tratado aprobado por el Congreso y ratificado por el presidente que así lo determine-.

En cuanto a la nueva demanda de Nicaragua, Colombia presentó excepciones preliminares (objeciones), que desconocen la potestad de la Corte para pronunciarse sobre el caso.

"Nicaragua demostrará que la Corte tiene competencia y que las demandas son admisibles", declaró a la AFP el experto nicaragüense en derecho internacional Mauricio Herdocia.

Para Colombia, la CIJ no puede pronunciarse ante el nuevo litigio, a raíz de la denuncia colombiana "con efecto inmediato" del Pacto (Tratado Americano de Soluciones Pacíficas) el 27 de noviembre del 2012, que reconocía la jurisdicción de la CIJ en el país desde 1948.

Además, el gobierno colombiano niega controversia alguna respecto a los espacios marítimos establecidos en el fallo del 2012, e incluso argumenta que ambos países no han agotado las negociaciones directas antes de recurrir a La Haya, dijeron a la AFP fuentes de la Cancillería.

Según Managua, sus nuevos espacios abarcan 90.000 km2, mientras Bogotá dice que son 75.000 km2. Ambos países se ha recriminado además incursiones en sus respectivos territorios.

"La posición oficial de Colombia es desconocer el fallo (...) Ya es hora que Colombia respete el derecho internacional", demandó hace tres semanas el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.

Segunda fase

En la segunda fase de audiencias, del 5 al 9 de octubre, la CIJ analizará las objeciones a otra demanda, presentada por Nicaragua contra Colombia en septiembre del 2013, para definir la delimitación de su plataforma continental en el Caribe, más allá de las 200 millas naúticas desde la costa nicaragüense.

En este caso, Colombia retomará igualmente uno de sus primeros argumentos. "Nosotros sostenemos que la Corte no tiene competencia", dijo a periodistas el abogado Carlos Gustavo Arrieta, asesor del gobierno colombiano en el tema.

Managua defiende, sin embargo, que ambos litigios fueron introducidos antes de que se materializara la renuncia de Colombia al Pacto de Bogotá, que entra en vigor un año después de la denuncia, aseguró a la AFP el experto nicaragüense Manuel Madriz.

Por otro lado, Bogotá considera "cosa juzgada" el tema, porque afirma que la CIJ ya se pronunció al respecto en el fallo del 2012 y además, insiste en que Managua adhirió a la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, por lo que debe acudir a ella antes que a la CIJ.

"No estamos hablando de si tenemos o no derecho a la plataforma continental ni de si Colombia ha cumplido o incumplido el fallo", explicó Arrieta.

Nicaragua elevó el año pasado el fallo de la CIJ del 2012 a rango constitucional y ha permitido que Estados Unidos y Rusia realicen ejercicios militares contra el narcotráfico en la zona. Además, ha extendido licencias de pesca a nativos de San Andrés. Ambos países mantienen una relación tensa por conflictos limítrofes desde hace casi un siglo.