El otro despojo en Cartagena

Para poner fin a la incertidumbre que ha generado el negocio ilegal de tierras en la zona norte de Cartagena, la Corte Constitucional ordenó la semana pasada a la Superintendencia de Instrumentos Públicos abstenerse de “inscribir cualquier título, acto o negocio jurídico sobre bienes ubicados en el corregimiento de Arroyo Grande”, un apetecido sector ubicado en la vía a Barranquilla y con un largo frente sobre las costas del mar Caribe.

 A finales del siglo XIX, las cabezas de 113 familias que eran empleados de la antigua hacienda de Arroyo Grande adquirieron –según escritura pública n.° 161 de 1897 otorgada en la notaría Primera de Cartagena– el predio a los herederos del ciudadano español José del Carmen Ramírez. Las 3.392 hectáreas fueron registradas como una propiedad en común y proindiviso, es decir, que los compradores y sus herederos comparten un gigantesco terreno que empieza en las costas del mar Caribe hasta la aldea de Clemencia (hoy corregimiento), pero que no puede ser dividido en pequeñas propiedades.

Sin embargo, desde hace unos años las comunidades comenzaron a registrar cómo dentro de sus predios empezaron a aparecer urbanizaciones, lotes con vigilancia privada y  proyectos turísticos y residenciales. Incluso, muchos de los herederos tuvieron que irse a vivir a Cartagena porque fueron desplazados o sacados de sus tierras.

Cansados de lo que estaba pasando, la comunidad empezó a indagar y encontró que en torno a su propiedad hay varios carteles de funcionarios notariales y de instrumentos públicos;  jueces, fiscales, abogados, empresarios, falsos testigos e inspectores de Policía que crean y registran escrituras falsas en Cartagena y otras ciudades, que tras varias trampas son finalmente legalizadas. Todo esto con el fin de apoderarse de las tierras de humildes familias que hoy viven en una valiosa zona de expansión de Cartagena.

Para detener este saqueo, las familias propietarias, lideradas por Edelmira Ortega, Ismael Herrera, Luis  Alcázar, Delimiro Luna y Nadín Romero, presentaron una denuncia penal por invasión de tierras, falsedad y fraude procesal contra un grupo de nuevos propietarios, lo que también les ha generado amenazas. Finalmente, la Corte Constitucional encontró, por ejemplo, que los títulos de los presuntos nuevos propietarios demandados no tienen folios de matrícula; que las fiscalías 31, 14 y 12 de Cartagena han iniciado investigaciones con base en títulos espurios; que los propietarios han solicitado de manera reiterada al Incoder aclarar su propiedad sin que hayan recibido respuesta; o que el Ministerio del Interior y la Procuraduría nunca atendieron los llamados de los copropietarios, hechos que demostrarían, según la corte, que existe una incertidumbre jurídica en cuanto a la titularidad de los predios.

Por lo anterior, la corte ordenó al Incoder y al Agustín Codazzi realizar un levantamiento topográfico que permita identificar las coordenadas del predio contenido en la escritura pública n.° 161 de 1897, a la Superintendencia de Instrumentos abstenerse de  inscribir cualquier acto, título o negocio jurídico sobre bienes en el corregimiento de Arroyo Grande; a la Alcaldía de Cartagena y al inspector de Policía abstenerse de realizar cualquier procedimiento administrativo o policivo y ordenar a la Defensoría del Pueblo acompañar las diligencias de levantamiento topográfico que adelantarán el Incoder y el Igac.

Hoy, una hectárea de las extraídas del predio puede costar entre 100 y 400 millones de pesos. Lo triste de esta historia es que de las 3.392 hectáreas que tenía la antigua  hacienda Arroyo Hondo, hoy los herederos ocupan menos de una tercera parte. Y muchos, a pesar de vivir en una propiedad que podría valer miles de millones de pesos, han tenido que irse a buscar trabajo a otras partes y huir por las amenazas. Y eso que son habitantes rurales de Cartagena, de una de las ciudades más seguras de Colombia.