Marcha Patriótica se torna mortal

Marcha patriótica no ha cumplido dos años pero sus propias cuentas registran 29 de sus integrantes asesinados y tres desaparecidos. Esta situación y la ola de amenazas que padecen miembros de la izquierda legal, cuando en La Habana acaban de negociarse garantías para el ejercicio de la oposición, motivaron una reunión de algunos líderes con el presidente Juan Manuel Santos para pedirle que tome seriamente cartas en un asunto que, aunque dista de la magnitud del genocidio de la Unión Patriótica, ya empieza a recordar a más de uno ese negro episodio de la historia reciente.

La exsenadora Piedad Córdoba, miembro de la dirección del movimiento Marcha Patriótica, proporcionó a SEMANA un listado de 29 líderes y activistas asesinados desde abril de 2012, cuando se constituyó el grupo, hasta los primeros días de enero de este año (Ver la lista). Carlos Lozano, dirigente comunista y también miembro de la dirección de Marcha Patriótica, confirmó la cifra y la gravedad de la situación.

En total, más de 15 miembros de Marcha Patriótica han sido asesinados en circunstancias que apuntan a operativos de tipo sicarial, de asesinato selectivo. Se trata de dirigentes campesinos o indígenas de numerosas regiones del país. El primero fue Édgar Sánchez, militante comunista y sobreviviente de la UP, asesinado en Soacha, en noviembre de 2012. El caso más reciente fue el de Giovanny Leiton y su compañera Doris Viviana Vallejo, que fueron torturados y asesinados el pasado 4 de enero, en su casa en la vereda Zabaleta, de San José del Palmar, Chocó. Él era presidente de la junta de acción comunal e integrante de la Mesa Nacional de Interlocución y Acuerdo Agropecuaria (MIA), que lideró las protestas del agro el año pasado.

Precisamente ese año, en el que se generalizaron las protestas campesinas, en las que Marcha Patriótica tuvo una destacada participación, fue cuando se dispararon las muertes. Mientras en 2012 hubo un asesinato y una desaparición forzosa, casi todos los demás casos –26 muertes y dos desapariciones– se produjeron, de acuerdo con los registros de ese grupo, en 2013.

En el listado entregado por Córdoba, figuran también cinco miembros del grupo muertos en enfrentamientos con el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad), cuyo manejo de las protestas agrarias en Catatumbo y otras regiones fue criticado por presuntos excesos en el uso de la fuerza (desde la Policía y el Ministerio de Defensa se habló de infiltración guerrillera de la protesta). Y se registran otras cinco muertes cuyos presuntos autores eran del Ejército, varias de ellas en los paros agrarios. SEMANA contactó a la Fiscalía para verificar todos los casos, pero estos no se llevan de una manera centralizada y la información, que reposa en las fiscalías seccionales, aún está pendiente. Tampoco es claro si hay autores, materiales o intelectuales, detenidos.

El 13 de enero, decenas de manifestantes se congregaron ante el búnker de la Fiscalía para protestar por la judicialización de miembros de Marcha Patriótica (tres integrantes de su dirección nacional han sido detenidos por presuntos vínculos con las Farc) y para exigir que se investiguen estos asesinatos. Tres días después, el presidente Juan Manuel Santos se reunió con Iván Cepeda, del Polo, y Carlos Lozano y Piedad Córdoba, de Marcha Patriótica.

Según Cepeda, los señalamientos “sin ninguna clase de prueba o de sustento” que hacen el ministro de Defensa y otros funcionarios de que las Farc están detrás de Marcha Patriótica ponen en peligro a ese movimiento. Dice que también el Polo ha sido víctima de esos ataques y que toda su bancada está amenazada. El más reciente asesinato de un miembro del Polo fue el de Gilberto Daza, concejal de Sucre, Cauca, el pasado 28 de diciembre.

Cepeda dijo a SEMANA que el presidente mostró preocupación por la situación y que se discutió la posibilidad de mecanismos de protección y de reacción inmediata para contrarrestar esta ola de asesinatos y amenazas. Si en verdad se trata de que en La Habana las Farc hagan el tránsito a la política, más allá de las suspicacias que Marcha Patriótica levante en algunos círculos, debería ser una prioridad del gobierno preservar la integridad de sus miembros y tomar medidas drásticas y urgentes para detener el desangre que están padeciendo.