Así se delataron las falsas víctimas de Mapiripán

De ricos a pobres. Así será la vida, ahora en delante, de tres de la supuestas víctimas de la masacre de Mapiripán (Meta), luego que este viernes la Fiscalía les imputara cargos y aceptaran ser responsables de los delitos de fraude procesal y estafa agravada.

Mariela Contreras Cruz, Zully Herrera Contreras y Argemiro Arévalo Romero son señalados por la Fiscalía de engañar a las autoridades para lograr una millonaria indemnización del Estado. Ellos dijeron haber perdido a tres de sus familiares durante la incursión paramilitar en 1997 y por ello recibió alrededor de 3.500 millones de pesos.

Las irregularidades de las declaraciones de los testigos comenzaron desde el año 2000, cuando Mariela dijo a la Fiscalía que su esposo había sido asesinado por la FARC. Tiempo después sin pensar que podía ser descubierta, acudió a poner en conocimiento de las autoridades, que su pareja y sus dos hijos habían sido desaparecidos durante la masacre Mapiripán.

En la nueva declaración presentada en el 2002, le explicó a la Fiscalía que para la época en que las autodefensas cometieron el múltiple crimen, ella llevaba viviendo ocho meses junto a toda su familia, en la lejana población del Meta. Indicó que a raíz de que uno de sus hijos estaba enfermo decidieron ir a llevarlo al médico. En ese momento -dijo-, comenzó la pesadilla de la incursión del grupo armado.

“Cuando estábamos corriendo, aparecieron dos personas armadas y dijeron ‘este es’, luego se lo llevaron. Le dije a mis hijos que corrieran, pero los dos mayores fueron retenidos y hasta el momento no sé nada de ellos”, aseguró.

En su relato también incluyó la manera en que supuestamente su esposo habría muerto. Manifestó que los paramilitares luego de desmembrarlo, lanzaron los restos de su cuerpo al río Guaviare, al igual que sucedió con las demás víctima. Sus declaraciones quedaron marcada por la aclaración de que ella no fue testigo de lo sucedido y que eran versiones que conoció por terceras personas.

Lo dicho por Mariela coincidía de manera parcial con otros testigos, pero poco a poco la Fiscalía se fue dando cuenta de contradicciones, pues lo manifestado por esas personas ponía en duda la veracidad de sus versiones.

A las manifestaciones de Contreras se les sumó las declaraciones que para el año 2007 entregaron su hija Zuly y su yerno Argemiro, en las cuales corroboraron las versiones que hasta ese entonces conocían las autoridades. Según la Fiscalía, buscaban darle fuerza y credibilidad a su papel de víctimas, por lo que finalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió condenar al Estado colombiano a pagar una indemnización por la pérdida de sus tres seres queridos.

Posterior a recibir 3.500 millones de pesos como indemnización la Fiscalía siguió indagando sobre el caso de Mariela y su familia, lo que los llevó a conocer que ninguna de las tres presuntas víctimas había muerto durante la masacre.

Se logró comprobar que las personas supuestamente asesinadas por los paramilitares, identificadas como Gustavo Caicedo, esposo de Mariela, y dos de sus hijos, de nombre Diego y Hugo, para la fecha de la masacre se encontraban con vida.

Las investigaciones de la Unidad Nacional Anticorrupción, aseguró que en el caso de Caicedo este fue asesinado por la guerrilla varios años después de la masacre, mientras Diego perdió la vida a manos de los paramilitares en una fecha distinta a la dela masacre. De Hugo se conoció que en el 2011 se desmovilizó del frente 39 de las FARC.

Pero la estocada final para dejar en evidencia a la familia, fueron las declaraciones de diez postulados a la ley de Justicia y Paz, los cuales aseguraron que en el 2010 estuvieron en la masacre. Indicaron que durante la incursión solo seis personas fueron asesinadas, cuatro más desaparecidas y tres que se habían llevado secuestradas quedaron libres. En ningún momento incluyeron en ese grupo de víctimas al esposo o los hijos de Mariela.

De los 3.500 millones de pesos que habrían recibido Mariela, Zully y Argemiro, estos han manifestado tener parte del dinero, según la Fiscalía en la actualidad tendrían apenas 400 millones de pesos invertidos en una casa y una finca. Del resto del dinero no se sabe cuál fue su paradero.

Uscátegui víctima

En la diligencia de este viernes el excomandante de la VII brigada del Ejército de Villavicencio, general (r) Jaime Humberto Uscátegui, fue reconocido dentro del proceso que se le adelanta a Mariela, su hija y su yerno, como víctima.

El hijo del oficial en retiro, José Jaime Uscátegui, vio el hecho como fundamental para demostrar que su padre es inocente. El militar fue condenado a 40 años de cárcel por el Tribunal Superior de Bogotá, al señalarlo de conocer de la masacre.

“Con esto se demuestra que el general Uscátegui fue víctima de una fraude procesal. Por primera vez la justicia le da trato justo de reconocer que es una víctima y no un victimario”, indicó Uscátegui hijo.

Aseguró que sabe que las tres personas procesadas fueron objeto de presiones y que él tiene cómo demostrarlo ante las autoridades.

“A estas personas que tienen un nivel muy bajo de estudio no se les puede responsabilizar por todo este fraude. No entiendo por qué no se les ha compulsado copias para que se investigue a los abogados que crearon a estas falsas víctimas”, dijo.

En la actualidad, la Fiscalía trabaja en llevar a imputación a otras tres familias que vinculan a casi 20 personas, por también ser, al parecer, falsas víctimas que engañaron no sólo al Estado, sino a autoridades Internacionales.