Nueve de cada diez bogotanos no saben por cuál concejal votaron

La democracia local en Colombia cada vez tiene más problemas. A esta conclusión llegó el académico y exsenador del partido Alianza Verde John Sudarsky, al asociar a la realidad política del resto del país los resultados de su último estudio sobre el mapa político del Concejo de Bogotá. La investigación, presentada por la Corporación para el Control Social con el apoyo de Bogotá Cómo Vamos y la Cámara de Comercio de Bogotá, evidencia que los bogotanos cada día tienen una relación más débil con sus representantes.

En el caso del Concejo de Bogotá, prueba de que esta relación está rota es que tan solo 50.000 bogotanos consideran que el concejal es su representante más cercano. De un potencial electoral de 5 millones de electores, el 89 por ciento no se acuerda por quién votó, solo el 6 por ciento recuerda por cuál candidato votó y el 4 por ciento sabe si su candidato salió elegido. Esas cifras han desmejorado con el tiempo y son peores en comparación con Cali, Barranquilla y Medellín.  

No obstante, en esas ciudades la democracia local también está en crisis. En Barranquilla, menos del 20 por ciento se acuerda por qué concejal votó, en Medellín menos del 11 por ciento y en Cali menos del 10 por ciento.

La crisis de la representación local tiene varias explicaciones. De un lado, las maquinarias clientelistas permiten que la mayoría de concejales salgan elegidos con pocos votos que –al ser amarrados– no los obligan a hacer un ejercicio juicioso de difundir propuestas. Por otro, la forma como está estructurado el tarjetón electoral  implica que los candidatos se concentren en convencer a sus electores por marcar un número y un logo, más que un nombre o un rostro. “Es un punto relevante. La manera como se vota hace que la gente ni siquiera tenga que grabarse en la memoria por quién votó”, anota Sudarsky, quien lideró el estudio a partir de los resultados de las elecciones locales de 2015.

La situación se agrava con la lógica del voto preferente, que se aplica desde 2003, y que obliga a los candidatos de una misma lista a competir entre sí, dando lugar a que la identidad de cada uno de ellos sea más importante que una propuesta de partido. Tan solo en Bogotá, en las elecciones de 2015, hubo más de 500 candidatos, con 500 propuestas, para ocupar 45 curules.

Todo lo anterior dificulta el ejercicio del control social, por una razón básica: si alguien no se acuerda por quién votó, es difícil que le haga seguimiento a su elegido. Con ello se agrava una situación prevista por el equipo de Sudarsky desde 2011: los colombianos participan cada vez menos en asociaciones cívicas o seculares. En plata blanca, esto quiere decir que cada vez tienen menos motivación para participar en las juntas de padres de familia, los consejos de vecinos, los voluntariados o las asociaciones barriales. Mientras en 1997 el 43 por ciento de los colombianos no pertenecía a ninguna organización secular, en 2011 este porcentaje de no pertenencia subió al 70 por ciento. Según los expertos, en la medición de capital social que se hará en 2017, los niveles de vinculación a este tipo de organizaciones voluntarias podrían ser peores.

Este fenómeno, que los investigadores denominan la desmovilización de la sociedad civil, es explicado por los expertos a partir de dos elementos. Primero, la cultura que generaron los consejos comunitarios realizados durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe. En estos consejos, la relación directa entre los ciudadanos con el Estado, representado por el presidente, hizo que el papel de los políticos locales como intermediadores con la Nación dejara de tener relevancia.  Precisamente, entre 2005 y 2011, periodo mayoritariamente gobernado por Uribe, fue cuando más decayeron los índices de conocimiento de los mecanismos de participación ciudadana en el país.

En segundo lugar, la caída de los aspectos relacionados con la participación ciudadana se explica por el escepticismo causado a raíz de los crecientes escándalos de corrupción. “En la capital, la desmoralización que producen hechos como el carrusel de la contratación es uno de los factores que incide en que la gente se pregunte, ¿participar para qué?”, anota el excandidato a la Alcaldía Carlos Vicente de Roux.

Desde otra perspectiva, el aumento del número de iglesias en el país también puede incidir en que las redes de compromiso ciudadano sean más frágiles. En la medida en que las personas resuelven sus problemas a través de la espiritualidad, necesitan menos asociarse con los vecinos o participar en política para tener respuesta a sus necesidades. La libertad de cultos establecida en la Constitución de 1991 desencadenó el número de congregaciones y de cultos. Según cifras de la Alcaldía Mayor, en Bogotá hay 1.544 iglesias.

Para Sudarsky, recuperar la lógica del sistema representativo y estimular la participación en las ciudades implica la necesidad de que el país avance a un sistema electoral mixto, que implique que parte de la votación de cada partido provenga del respaldo que tengan candidatos únicos para representar determinados distritos electorales. En el caso de Bogotá, para la elección del Concejo, la ciudad estaría dividida en 27 distritos, de aproximadamente 300.000 habitantes cada uno. En este esquema, cada distrito elegiría un concejal, incidiendo en que los ciudadanos que habitan en él puedan identificar claramente quién los representa, y pedirle cuentas. En otras palabras, hacer control social.

Y es que, de hecho, en el ejercicio de simulación de resultados electorales para la votación de los concejales se evidencia que en Bogotá ellos tienen concentrado su electorado en determinados territorios. Pero, como su mandato es representar a toda la ciudad, no terminan rindiéndole cuentas a quienes los eligen.

La reflexión sobre el sistema electoral colombiano es de largo plazo y supone pasar por encima del interés de sectores políticos para los cuales un cambio en las reglas de juego puede poner en duda su permanencia en el poder. Por eso, más allá de la viabilidad de iniciativas como la del sistema mixto en el mediano plazo, el estudio de Sudarsky deja entrever la necesidad de una reforma constitucional del sistema electoral. Más aún en un contexto en el que la participación política de nuevas fuerzas, como las Farc, se piensa como parte de la salida al conflicto armado.