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| Foto: SEMANA

BOGOTÁ

Procuraduría vuelve a procesar a Petro: esta vez por POT

Tras el proceso disciplinario por el lío de las basuras, ahora el Ministerio Público encausa al alcalde de Bogotá por la manera como se expidió el Plan de Ordenamiento Territorial.

10 de agosto de 2015

La Procuraduría inició una nueva investigación en contra del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, al considerar que desconoció la normatividad y expidió un decreto para modificar “las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá”.

Desde el despacho del procurador general, Alejandro Ordóñez, se consideró que Petro hizo caso omiso a la ley porque contradijo la decisión del Concejo de Bogotá que en la sesión ordinaria del 7 de junio del 2013 negó el proyecto de acuerdo del POT.

“Según el expediente, con este acto el alcalde de Bogotá habría hecho caso omiso a la normatividad que otorga en los concejos municipales y distritales la competencia para la reglamentación del uso del suelo, optando por proferir un acto administrativo que no resultaba procedente”, se lee en un comunicado del Ministerio Público.

La Procuraduría tomó en cuenta la medida cautelar de suspensión provisional ordenada por el Consejo de Estado hecha el 27 de marzo del 2014, en la que se resaltó que “el alcalde mayor de Bogotá, al expedir el acto administrativo acusado, se arrogó una facultad de la cual carecía”.

El procurador Ordóñez consideró que existe una posible falta disciplinaria “grave, a título de dolo”, ya que Petro conocía el procedimiento que se debía realizar para lograr la modificación del POT, es decir, la aprobación del cabildo, pero tomó la decisión de hacerlo por decreto.  

Para el Ministerio Público será necesario a partir de ahora determinar si el mandatario capitalino hizo “caso omiso” y no reparó en las advertencias “hechas por diferentes intervinientes en el Concejo de Bogotá”.

Petro respondió en un trino ante el anuncio de la Procuraduría. “En realidad el procurador aprendió la lección: inhabilitarme para que no concurra a las elecciones donde el piensa concurrir sin resistencia".

Tras la notificación, el alcalde y su abogado podrán solicitar o aportar a la Procuraduría las pruebas que consideren conducentes para su defensa.