Los reveladores correos de la exdirectora de Caprecom

Desde el pasado miércoles 27 de abril, un equipo del CTI de la Fiscalía llegó a las instalaciones de Caprecom en liquidación, en la calle 26 de Bogotá. ¿Qué buscaban los investigadores? Se preguntaron los empleados de la entidad que está a punto de desaparecer.

La respuesta la tienen varios fiscales que adelantan una compleja investigación sobre los posibles malos manejos de los recursos de esa EPS. La lupa del ente investigador se puso sobre Caprecom tras decenas de denuncias divulgadas en medios de comunicación, que han dejado en evidencia una posible entrega de contratos sin el lleno de los requisitos, así como el presunto desvío de recursos de la salud.

Los investigadores han avanzado. En tres días de visitas recogieron la información de computadores, contratos, informes financieros y realizaron el protocolo necesario para adelantar cerca de 12 entrevistas previstas para llegar a la información que buscan.

“La información que se están llevando los investigadores es muy valiosa y deja en evidencia la corrupción que hubo detrás. Por ejemplo, están solicitando información sobre los giros que se hicieron sin facturación”, dijo una alta fuente de la liquidación de Caprecom a Semana.com.

Se refiere a millonarios recursos entregados a algunas empresas que dejaron muchas dudas y que, al parecer, sus representantes legales tenían cierta cercanía con la dirección de la liquidada EPS. Justamente, estos hechos fueron denunciados por Semana.com en noviembre pasado. 

Uno de los casos más escandalosos ocurrió cuando la EPS –que para la época de los hechos estuvo en cabeza de Luisa Fernanda Tovar Pulecio- giró, en septiembre pasado, 3.278 millones de pesos a la firma Cmiac IPS Guajira S. A. S. Lo curioso del asunto es que el monto no correspondía, entre otras cosas, porque no existía una sola cuenta por pagar. Y el único contrato de esta IPS con Caprecom era de 231 millones de pesos por servicios de oncología. Un valor ínfimo respecto de lo girado. (Ver contrato).

Este caso fue tan sonado en octubre pasado, que la propia Luisa Tovar se vio forzada a dar explicaciones. Dijo que todo había sido un problema de números y que se le fue un “cerito” de más, pues en realidad iba a pagar -a través de un contrato de cesión- 327.800.000 pesos. 

Pero ahora aparecen nuevos elementos que podrían derrumbar la explicación de Luisa Tovar. Semana.com conoció correos electrónicos de esta exfuncionaria con subalternos suyos en los que quedaría en evidencia que el tema no fue un simple error.

Uno de ellos fue enviado por Tovar, el 3 de septiembre de 2015, a una funcionaria de Cuentas Médicas y a otros trabajadores cercanos suyos, dice:

“Pasan a:
Nit 900.508.066 – 2
CMIAC GUAJIRA IPS SAS Nit 900.508.066 – 2
TOTAL $3.278.000.000,00”. (Ver correo electrónico).

“No fue un error y no se le fue un cero de más, Tovar desde un principio sabía a quién mandaría el dinero y sin tener facturas”, advirtió otro alto funcionario de Caprecom que conoció de primera mano toda la información que enviaba Tovar.

Otras perlas

Pero hay otros elementos que enredan más el asunto. Cuando la exdirectora de Caprecom trataba de justificar el error en el millonario giro, dijo que su intención era pagarle no a Cmiac, sino a la Unión Temporal Alianza Vihonco. Esta última recibió la cesión de 327 millones de pesos por parte de Cmiac. (Ver cesión).

Pero, al parecer, ni las cuentas ni los tiempos coincidían. Las evidencias salieron a flote cuando se conoció que el contrato de cesión entre esas dos empresas tenía fecha del 25 de agosto de 2015 cuando, según se ha podido probar, la cesión se habría efectuado realmente en octubre. Así por lo menos quedó consignado en otros correos electrónicos conocidos por Semana.com.

“Es decir, el contrato de cesión que Luisa Tovar mostró a los medios con la supuesta fecha del 25 de agosto, para justificar el dinero que giró, no era real. Lo mostró sin tener facturas radicadas y sin nada, solo con firmas improvisadas para no quedar mal”, dijo el mismo funcionario.

Uno de los correos, enviado por Tovar a dos funcionarios el 24 de septiembre de 2015, dice: “(…) Cmiac tiene 436 millones… por favor hacer coincidir”. (Ver correo).

En otro, del 5 de octubre, Luisa Tovar envió a la subdirectora financiera y a los representantes legales de Cmiac IPS y de la Unión Temporal Alianza Vihonco otro mensaje: “Apreciados doctores, envío la cesión de las facturas de UT Vihonco alianza a Cmiac. Debidamente autorizada”. (Ver correo).

Dos días más tarde, el 7 de octubre de 2015 a las 8:00 a. m., la exsubdirectora financiera de Caprecom envió un mensaje donde solicitaba: “Las facturas de esta cesión se deben descargar, corresponden a giro directo Cmiac IPS Guajira. Solicitar a (…) los comprobantes de pago, esta transacción debe quedar descargada hoy”. (Ver correo). 

Ese mismo 7 de octubre una funcionaria de la División de Tesorería Nacional responde: “adjunto la cesión efectuada entre Vihionco y Cmiac para que por favor me alleguen los CRPS de acuerdo a la relación adjunta y proceder al descargue”. (Ver correo). 

Cabe resaltar que los correos electrónicos enviados siempre tenían como asunto la cesión entre Cmiac y la UT Alianza Vihonco.

El mismo grupo

Pero allí no paran las inconsistencias. Como Luisa Tovar giró a Cmiac 3.278 millones de pesos, no solo tuvo que organizar el contrato de cesión con la UT Alianza Vihonco, sino que hizo otras tres cesiones para “repartir” el dinero restante.

Tres de los cuatro contratos con los que justificó el dinero que envió sin facturación tienen algo en común: el apellido Ochoa.

Fue así como 243 millones de pesos fueron girados a la IPS Amvif, que tiene como representante legal a Pedro Moreno Ochoa, el mismo que representa a Cmiac IPS Guajira S. A. S. Según los contratos, esta cesión era para pagar la “atención integral de servicios de salud ambulatorios para la prevención de trastornos de la coagulación”.

Por su parte, la Unión Temporal Alianza Vihonco, a la que se giró los 327 millones de pesos, tiene como representante a Juan Carlos Corredor Ochoa. Y otros 2.495 millones fueron girados a la Unión temporal UBA Inpec, que es representada por Rolando Arbey Corredor Ochoa. Esta última cifra era para pagar “el programa especial de salud mediante la utilización de tecnologías de salud (...) intramural y extramural” de las cárceles. Precisamente con esta Unión Temporal la crisis en el servicio de salud en centros de reclusión tocó fondo.

Lo que ha llamado poderosamente la atención es la cercanía de la exdirectora de Caprecom con la familia Ochoa. Incluso, en algunos correos electrónicos internos de la entidad en los que se adecuaban las cesiones, la funcionaria no solo los enviaba a sus subalternos, sino también a Pedro Antonio Moreno Ochoa. 

Pero esto no es nuevo. En noviembre del año pasado, funcionarios de Caprecom advirtieron a Semana.com que entre este grupo familiar y Luisa Fernanda Tovar hay un grado de cercanía. Tanto, que en julio pasado, tras una escandalosa fiesta de Caprecom cuyos recursos aún no se sabe de dónde salieron, la directora de la entidad y algunos de sus más cercanos colaboradores aparecieron compartiendo amigablemente en un lujoso restaurante con Pedro Antonio Moreno Ochoa. De ellos quedó registro fotográfico.

Este será, tal vez, uno de los casos con los que se encontrarán los investigadores de la Fiscalía, cuando empiecen a revisar toda la información que reposa en los computadores y estantes de la liquidada Caprecom.

“Este caso se está destapando, pero me pregunto: ¿Qué pasará con los más de 250.000 millones de pesos que Luisa Fernanda Tovar giró en 2015, sin contar con los soportes debidos y que aún se encuentran pendientes de legalizar?”, se cuestionó una de las fuentes de Caprecom. Se espera que esa respuesta la entregue pronto el ente investigador.