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| 3/9/2018 7:38:00 AM

La Fiscalía captura a Palacino por un presunto peculado de $770.000 millones

Ocho años después de que se iniciarán las investigaciones por la presunta desviación de recursos de la EPS, el CTI detuvo en la mañana de este viernes al expresidente del sistema de salud. El ente investigador asegura que las inversiones no se pueden pagar con la plata de la salud.

Capturan a Carlos Gustavo Palacino por caso Saludcoop La Fiscalía captura a Palacino por un presunto peculado de $770.000 millones

Hace ocho años, la captura de Carlos Palacino se veía como un procedimiento imposible. El poder que alcanzó el expresidente de Saludcoop lo había puesto fuera del radar de cualquier decisión de esa naturaleza y había provocado una de las peores peleas entre altos funcionarios del Estado del que el país tuviera memoria. Sin embargo, esta mañana fue detenido por el CTI de la Fiscalía en el condominio Pradera de Potosí, cumpliendo una orden en su contra que fue emitida por solicitud de la Unidad Anticorrupción. 

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Palacino fue retirado de su cargo, luego de que la Superintendencia de Salud interviniera el sistema y se identificara un desfalco de 1,4 billones de pesos según la Contraloría. La detención que hizo efectiva la Fiscalía se produce por el supuesto peculado en la apropiación indebida de recursos provenientes de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) y rentas parafiscales entre los años 2000 y 2004. Según el ente investigador, este se calcula en 40.000 millones de pesos, lo que a 31 de diciembre del 2017 asciende a los 770.000 millones.

La Fiscalía encontró que la EPS utilizó dineros públicos que están destinados a la salud de sus afiliados, para llevar a cabo otro tipo de 
gastos o inversiones. De tal manera, que los 7.000 afiliados de entonces terminaron pagando inversiones nacionales, inversiones en el exterior (México y Ecuador), adquisición de planta y equipo (activos fijos), inversiones permanentes, préstamos a socios y trabajadores y pago de deudas.

A pesar de conceptos jurídicos de reputados abogados que intentaron producir cambios legislativos, la Fiscalía es concluyente en que los recursos de la salud deben ir orientados a la atención de los usuarios y la ejecución de campañas de prevención, es decir, únicamente a la cobertura de los planes de beneficios POS o POS subsidiado.

El enredo en las cuentas

El ente investigador encontró irregulares varias de las cuentas que manejó la EPS, y que fueron objeto de hallazgos de la Superintendencia Nacional de Salud. Es así como se detectó que en los casos de afiliados mayores de edad se encontraron 240 registrados en el sistema con tarjeta de identidad o registro civil. Esto hizo que la entidad recibiera mayores recursos por las UPC por $ 70’000.000.

También se detectó que hubo alrededor de 150.944 pacientes que no tenían coincidencia en el primer apellido con el padre. Por esto, habrían pagado de manera irregular casi $ 4.000’000.000. Otros 149.893 usuarios tenían mal registrado el apellido de la madre, lo que derivó en que los pagos por estos pacientes llegara a los $ 4.000’000.000.

Otro de los hallazgos apunta a que personas sin sus cédulas vigentes -3.713 afiliados- habrían ocasionado el pago irregular por más de $ 1.000 millones; muchos de estos usuarios habrían fallecido. Como las mujeres tienen un mayor pago de compensación por parte del Estado, los reportes alertan por irregularidades en por lo menos 837 registros, lo que representaron pagos por $200.000 millones.   

La llegada de avances en esa investigación era casi un clamor. Tanto que el día que se posesionó Néstor Humberto Martínez en la Fiscalía, el presidente Santos le pidió no tener contemplaciones con el caso. Aunque no lo dijo explícitamente, todos entendieron a qué se refería. Por años, se decía que el caso no tenía avances en el búnker pues Eduardo Montealegre, el entonces fiscal, había sido abogado de esa organización.

Ese conflicto de interés terminó siendo un florero de Llorente de esa gestión. La contralora Sandra Morelli lo denunció de frente a través de una carta de 15 páginas y desde ahí las relaciones entre ambos se deterioraron. Por cuenta del caso de Saludcoop, la Fiscalía y la Contraloria protagonizaron uno de los peores choques de trenes de los que se tenga memoria. Morelli aseguraba que Montealegre había seguido recibiendo honorarios de la EPS. Montealegre en su momento hizo una rueda de prensa en Cartagena y presentó las certificaciones de esa entidad que demostraban, a su juicio, que esos pagos habían cesado un año antes de ser fiscal.  

Puede leer: No manejé mal los recursos de la salud Carlos Palacino

Según Morelli, por cuenta de esa denuncia, Montealegre le abrió una investigación penal por otros asuntos que la obligó a irse del país. El cambio del nuevo edificio de la Contraloria fue el eje de esas investigaciones. “Me fui a Italia porque iban a lavar la cara de Montealegre con mi pellejo”, le dijo recientemente a SEMANA.

Cabe recordar que Carlos Gustavo Palacino, expresidente de Saludcoop, fue sancionado por la Procuraduría y la Contraloría por el descalabro en el manejo de los dineros de la principal EPS del país. Palacino y dos de sus socios demandaron a la Contraloría, cada uno con pretensiones de 1,4 billones de pesos.

El expresidente deberá responder por peculado por apropiación en favor de terceros. Por ser una investigación antigua, su caso queda sometido a la Ley 600, lo que implica que la Fiscalía lo escuchará en indagatoria y resolverá su situación jurídica en los próximos tres días.

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