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El canciller Trujillo levantó una polvareda al contestar afirmativamente, en tono jocoso, a un estudiante que le preguntó por sus aspiraciones presidenciales para 2020.

POLÍTICA

Carlos Holmes Trujillo, ¿candidato presidencial?

El temprano lanzamiento del canciller tuvo mal recibo, pero solo reitera algo que todo el mundo sabía. En el alto gobierno varios aspiran a suceder a su jefe.

16 de febrero de 2019

Una declaración jocosa del canciller Carlos Holmes Trujillo García lo puso en el ojo del huracán. Interrogado en la Universidad Eafit de Medellín sobre si aspiraba a ser presidente de la República, contestó: “Que no vaya a salir de Colombia, pero claro que sí, yo voy a aspirar”. La respuesta no daba para más que una buena anécdota, pero abrió un agrio debate sobre la legitimidad de sus aspiraciones presidenciales.

Aunque hubo de todo, el procurador Fernando Carrillo escribió la más dura respuesta en una carta pública en la que le requirió a Trujillo abstenerse de “realizar declaraciones (…) con expresión de ejercer futuras actividades electorales”. El canciller agachó la cabeza y respondió con humildad al pedir más perdón del que le tocaba. En realidad, la declaración del ministro era todo menos el lanzamiento formal de una candidatura.

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Otra cosa es que Trujillo, en su fuero interno, mantiene aspiraciones presidenciales. Se ha candidatizado en varias ocasiones y fue fórmula vicepresidencial de Óscar Iván Zuluaga en 2014. En la última campaña formó parte del grupo de cinco aspirantes del uribismo que se sometieron a un sistema de encuestas que terminó con la candidatura de Iván Duque. Trujillo era el favorito porque tenía más recorrido que los demás y más reconocimiento público. Su derrota por estrecho margen frente a Duque no significó, para él, más que una postergación de su proyecto.

En Colombia, además, con el desprestigio de los partidos y del Congreso, un ministerio u otro cargo público que ofrezca buena visibilidad resulta mejor para llegar a la Casa de Nariño que una curul. Cuando Juan Manuel Santos alcanzó la Presidencia, había sido ministro de Defensa, Hacienda y Comercio Exterior; Álvaro Uribe, gobernador de Antioquia; Andrés Pastrana, alcalde de Bogotá; Ernesto Samper, ministro de Desarrollo. César Gaviria había brillado en las carteras de Hacienda y de Gobierno durante el gobierno de Barco, y eso lo llevó a la candidatura tras el asesinato de Luis Carlos Galán.

Quienes ingresan al sector público con aspiraciones válidas conocen ampliamente esta historia. De hecho, muchos funcionarios tienen una precandidatura en el corazón.

Lo anterior riñe con el precepto constitucional que prohíbe a los funcionarios públicos participar en política. Muchos consideran esa norma una herencia de otras épocas en las que los funcionarios abusaban del presupuesto y del poder de los cargos para hacer política y perpetuarse en el poder. Pero esa restricción no existe en ninguna democracia avanzada. Por lo general, hay normas que impiden abusar del presupuesto y de los recursos del Estado con fines proselitistas para marcar una ventaja sobre los demás candidatos.

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En varios casos en Colombia un presidente ha nombrado a un rival político para que se luzca y construya una candidatura a futuro, a cambio de no obstaculizarle la vía en el corto plazo. Germán Vargas Lleras tenía planes –y buenas perspectivas– para lanzarse en 2014. Pero Juan Manuel Santos lo nombró compañero de fórmula para evitar que le compitiera cuando aspirara a la reelección, que consideraba necesaria para terminar el proceso de paz en marcha con las Farc. Vargas manejó una chequera de 50 billones de pesos en obras de infraestructura y realizó una reconocida gestión que, si no fuera porque las tradiciones electorales están cambiando, lo habrían catapultado como favorito para ganar.

Más allá de los análisis jurídicos sobre la legitimidad de hacer campaña desde su cargo, preocupa su conveniencia al lidiar asuntos tan delicados como las relaciones con Venezuela.

El de Germán Vargas no ha sido el único nombramiento por el que un presidente intenta postergar la aspiración de un rival. Humberto de la Calle fue vicepresidente de Ernesto Samper en 1994, a pesar de que entre ambos había profundas distancias ideológicas. Algo parecido había significado la llegada de Ernesto Samper al gobierno de César Gaviria, como ministro de Desarrollo, a pesar de las discrepancias entre los dos sobre el manejo de la economía. Todo el mundo sabía que Samper, en el gabinete de Gaviria, era más un precandidato que un coequipero.

En el caso de Carlos H. Trujillo, para nadie es un secreto que en la campaña del año anterior consideraba tener mejores pergaminos que Iván Duque para alcanzar la Presidencia a nombre del uribismo. Tenía más trayectoria y, por eso, era más conocido. Y ahora, más allá de los análisis jurídicos sobre la legitimidad de hacer campaña desde su cargo –y de su conveniencia al lidiar asuntos tan delicados como las relaciones con Venezuela- parece claro que la suya es una aspiración postergada y para nada enterrada.

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La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez está en una situación parecida. Desde la casa vecina al Palacio de Nariño tiene una visibilidad en redes sociales que no se le conoció, ni siquiera, en los tiempos de la campaña electoral. Algunos trinos, incluso, han resultado polémicos y hasta contraproducentes, como el que anticipó el pésame por Belisario Betancur un día antes de su fallecimiento. Pero el protagonismo tuitero de Marta Lucía demuestra que, a hoy, la vicepresidenta y el canciller están disputando en el propio gobierno la competencia por el relevo del uribismo, con miras a 2022.

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez ha sido muy activa en las redes sociales. Este activismo ha alimentado especulaciones sobre sus aspiraciones presidenciales.

La vice está ejerciendo un derecho legítimo a hacer presencia para mantener vivo su perfil presidencial. Más aún cuando las responsabilidades que le correspondieron en la reciente estructuración de la Presidencia quedaron muy restringidas. La naturaleza de la Vicepresidencia prácticamente quedó limitada a reemplazar al presidente en caso de ausencia absoluta, pero es un trampolín ideal para mantener su vigencia. Marta Lucía Ramírez, con la visibilidad de su cargo, mantiene su aspiración presidencial sin necesidad de decirlo ni de afirmarlo.

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Plantear candidaturas presidenciales cuando el gobierno lleva apenas seis meses puede ser prematuro. Pero también resulta de las nuevas reglas de juego, que prohíben la reelección. Cuando esta regía, los miembros del gobierno se mantenían en la reserva hasta tanto el presidente definiera si se postulaba o no. Juan Manuel Santos en 2010 postergó su ambición, incluso, hasta que Álvaro Uribe no pudo ser candidato por tercera vez por decisión de la Corte Constitucional.

Hoy esa talanquera no existe y es natural que los interesados adelanten las aspiraciones públicas. En el pasado, cuando no existía la reelección, se hablaba de la fila india en la que el derrotado en cada elección comenzaba la campaña siguiente en calidad de puntero.

El debate suscitado por la declaración jocosa del canciller Trujillo en Medellín, en fin, no es más que una tempestad en un vaso de agua. Un debate sin fondo en un país que tiene problemas que ameritan intercambios de ideas sobre temas mucho más relevantes y complejos.