Carrusel de la contratación: la Justicia falla

La Justicia se pronunció y Bogotá lo lamentó. Ese es el resumen de lo ocurrido el martes cuando un juez leyó el fallo condenatorio contra Julio Gómez, uno de los protagonistas del escándalo del carrusel de la contratación del Distrito. La sentencia de cinco años de cárcel y 68 millones de pesos de multa frustró e indignó a los bogotanos. Entre otras cosas, porque la defensa del polémico contratista apeló en busca de que se le permita purgar su sentencia en su domicilio, y sigue en libertad hasta que el Tribunal se pronuncie.

El alcalde Gustavo Petro, que denunció el escándalo, fue uno de los primeros en pronunciarse: "Ante la sentencia a Julio Gómez, manifiesto que la ciudad no ha sido reparada ni por confesión plena, ni por la reparación del daño".

Gómez logró que su sentencia se redujera a la mitad gracias a un preacuerdo con la Fiscalía, para lo cual aceptó anticipadamente los delitos de peculado, interés indebido y concierto para delinquir, irregularidades relacionadas con un subcontrato de obra para la fase III de TransMilenio en la calle 26, dos contratos para malla vial y seis más de valorización. El contratista entregó 297 millones de pesos, suma en la que el IDU calculó el detrimento ocasionado a la ciudad, y eventualmente deberá colaborar como testigo de cargo contra otros procesados. Gómez también devolvió 12.000 millones de pesos, pero eso no tiene nada que ver con reparación, pues los había recibido como anticipo de otro contrato que no ejecutó. "Es un error ponerme al nivel de los Nule, yo fui un subcontratista, nada tuve que ver con la licitación de la 26. Admito, sí, que obtuve contratos de valorización con comportamiento antiético y le pido perdón a la sociedad", le dijo a esta revista luego de conocer su sentencia.

Para muchos, la pena de Gómez es desproporcionadamente baja frente al daño que le hizo a la ciudad, un caos que día a día siguen padeciendo los capitalinos. Gómez es considerado, con Emilio Tapia y Álvaro Dávila, los cerebros del carrusel de la contratación no solo en materia de obras públicas sino también en salud y la Secretaría de Integración Social, entre otros.

Los instrumentos legales que redundan en beneficios (preacuerdos, suspensión de la acción penal, principio de oportunidad) se ponen en marcha para evitar el desgaste de la Justicia con procesos que se pueden extender por años y para obtener colaboración eficaz a fin de desmantelar estructuras criminales. La idea es que estos instrumentos se apliquen a eslabones menores y que con su colaboración se logren pruebas para enjuiciar a los principales responsables de la estructura. Por eso, tras conocerse el fallo contra Gómez el zar anticorrupción Carlos Fernando Galán alegó: "Que nos digan qué cerebros de la organización criminal que se robó la ciudad van a caer con las confesiones de Julio Gómez, o de lo contrario es un sapo demasiado grande que no nos podemos tragar los colombianos". Otras voces dudan que hacia adelante Gómez colabore con la Justicia, pues la sentencia no está sujeta a ello.

El caso del contratista no es el primero que pone en controversia el difuso criterio con que la Fiscalía y algunos jueces vienen aplicando las gabelas. En el escándalo de Agro Ingreso Seguro el exviceministro Juan Carlos Salazar, sentenciado a diez años de cárcel, ha dicho que la Justicia le incumplió, por lo que está en entredicho que testifique ante la Corte Suprema en contra de su exjefe, el exministro Andrés Felipe Arias. La decisión dependerá de cómo se resuelva la apelación que interpuso ante el Tribunal Superior de Bogotá al pedir que su pena sea reducida atendiendo a lo acordado entre él y la Fiscalía. En el caso de Gómez ese tribunal también tendrá la última palabra. Mientras que el sentenciado solicita que se le permita pagar la pena en detención domiciliaria, su contraparte pide que se revise la tasación de la condena para que sea mayor.

También está el caso de Alba Luz Flórez, la conocida como Mata Hari en el escándalo del espionaje a la Corte Suprema por parte del DAS. Flórez confesó y entregó pruebas contundentes con la promesa de que la Fiscalía le daría un principio de oportunidad. Dos años después, ella dice que no le han cumplido con el perdón y tiene cuatro procesos abiertos en los juzgados por estos hechos.

Esa discrepancia de criterios a la hora de dar los beneficios que la ley permite empieza a encender un debate justo ahora cuando otros protagonistas del carrusel de Bogotá están a punto de hacerse a rebajas a cambio de colaboración, como es el caso de Emilio Tapia y los primos Nule. Sin embargo, el fiscal general, Eduardo Montealegre, le dijo a SEMANA que solicitó aplazar las audiencias programadas frente a esos procesos. Montealegre, sin olvidar la autonomía de los fiscales, hará un análisis de los criterios con que la Fiscalía viene otorgando los beneficios y producirá una directiva con los lineamientos exactos que deberán aplicarse. ¿Será que el relevo en la jefatura del búnker producirá giros en el destino del carrusel?