Cartel de la toga | Senador José Alfredo Gnecco Zuleta habría pagado soborno para dilatar proceso que se adelantaba contra su papá

La Sala Especial de Instrucción abrió investigación formal y vinculó mediante indagatoria al senador José Alfredo Gnecco Zuleta por los presuntos delitos de cohecho por dar u ofrecer, en calidad de autor, y prevaricato por omisión, en calidad de determinador.

Los hechos tienen que ver con el supuesto pago de 150 millones de pesos al abogado Luis Gustavo Moreno para que, en su momento, favoreciera y dilatara un proceso que por la época se seguía en la Sala de Casación Penal contra su papá, Lucas Segundo Gnecco Cerchar, exgobernador del Cesar, con el fin de conseguir una prescripción.

En este caso, el despacho ponente citará a indagatoria pero aún no se tiene fijada la fecha. Cabe recordar que la sala especial de instrucción es la competente en este caso, por tratarse de un aforado, es decir, congresista.

El pasado 30 de junio, a propósito de este caso, SEMANA reveleó que la Corte Suprema había condenado a 5 años y dos meses de prisión al exgobernador del Cesar, Lucas Gnecco, “como autor responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y sucesivo”.

La Corte señaló que Lucas Gnecco tramitó y celebró de manera directa y “sin observar los requisitos legales esenciales”, varios contratos de obras públicas en 1999, los cuales tenían como objeto “la construcción de obras de arte, rehabilitación y mejoramiento de la carretera entre El Zanjón y Pueblo Bello, los que sumados ascendieron a un monto de $580 mil millones de pesos”.

En total, solo en el caso de Lucas Gnecco, la investigación arrojó irregularidades en al menos 11 contratos suscritos por un valor de $692 millones entre febrero y diciembre de 1999, destinados a temas de logística como el suministro de materiales de oficina, para decoración navideña, dotación para laboratorios completos de ciencias de básica primaria, entre otros.

El papel de Luis Gustavo Moreno

El 18 de octubre de 2022, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia concedió la libertad del exdirector de la Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción, Luis Gustavo Moreno Rivera, al establecer que ya cumplió su pena, por lo cual, tras verificar que no sea requerido por otra autoridad, se librará la correspondiente orden de libertad a su favor.

Al revocar la decisión que tomó el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá en la que se le había denegado la libertad, la Sala declaró por mayoría que Moreno Rivera ya cumplió la sanción que le impuso mediante sentencia del 7 de marzo del 2018.

En esa fecha, la Corte lo condenó por los delitos de concusión y utilización indebida de información oficial privilegiada, sentenciándolo a una pena 4 años, 10 meses y 15 días de prisión. Esto por haber usado su cargo para solicitar dinero al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, a cambio de entregarle información privilegiada y obstruir las investigaciones adelantadas en su contra en la Fiscalía General de la Nación.

Esta sanción fue confirmada en junio del 2020, cuando se resolvió la impugnación especial.

La Sala concedió la libertad de Moreno tras determinar que, además del tiempo que ha permanecido detenido en Colombia por cuenta de este proceso, se le debe contabilizar también el periodo que estuvo privado de la libertad en Estados Unidos por la condena que impuso en su contra el Tribunal del Distrito Sur de Florida por concierto para lavar dinero.

La Corte señaló que, con independencia del nombre que le asignaron las autoridades norteamericanas, ese cargo se fundamenta en hechos similares a los que ocasionaron su condena en Colombia. Así las cosas, estableció que el tiempo de privación de la libertad de Moreno debe contabilizarse desde el 27 de junio de 2017, cuando fue capturado con fines de extradición a Estados Unidos.

Cabe recordar que Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción, fue condenado por los delitos de concusión y utilización indebida de información oficial privilegiada, sentenciándolo a una pena 4 años, 10 meses y 15 días de prisión. “Esto por haber usado su cargo para solicitar dinero al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus a cambio de entregarle información privilegiada y obstruir las investigaciones adelantadas en su contra en la Fiscalía General de la Nación. Esta sanción fue confirmada en junio del 2020, cuando se resolvió la impugnación especial”, agregó la Corte Suprema.