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| 8/14/2019 7:32:00 PM

Procuraduría pide más sanciones económicas por corrupción en caso Odebrecht

El Ministerio Público pidió que la concesionaria pague otra sanción que no fue contemplada por el tribunal de arbitramento. La nueva culebra podría sumar unos 300.000 millones de pesos al saldo en rojo de los socios del consorcio Ruta del Sol 2.

Caso Odebrecht: La Procuraduría pide más castigos a la Concesionaria Ruta del Sol 2 por corrupción La Procuraduría pide más castigos a la Concesionaria Ruta del Sol 2 por corrupción.

Este miércoles se vencieron los cinco días que tenían las partes para pedir claridades y modificaciones al laudo que anuló el contrato de Ruta del Sol 2 por tener origen corrupto. La decisión del Tribunal de Arbitramento aterrizó el escándalo en cifras y ordenó restituciones solo por obras que fueron ejecutadas en favor del interés general. El consorcio y los bancos financiadores fueron castigados. 

Las cuentas resultaron desfavorables para los siete bancos (cuatro de estos del Grupo Aval) que pusieron la plata en créditos para el proyecto pues esperaban que el Estado les reconociera 1,2 billones de pesos. Pero luego de sumar y restar los árbitros concluyeron que el monto a pagar es de solo 211.000 millones de pesos por dos razones: uno, porque el Estado no puede pagar por obras que no beneficiaron el interés público, es decir que solo se paga lo que esté reflejado en la obra cuyo avance es del 52 por ciento. Y dos porque, como es sabido, una "ingente" cantidad de recursos fueron destinados al "reparto de excedentes de liquidez a favor de los beneficiarios efectivos de la Concesionaria, al pago de sobornos, y presuntamente al pago o financiación de campañas políticas". 

En contexto: Las claves del veredicto sobre Odebrecht que dejó mal parado al Gobierno


A la decisión de los árbitros contestó la Procuraduría mediante una "solicitud de aclaración, adición y corrección al laudo arbitral" firmada por Iván Darío Gómez Lee, procurador delegado para la conciliación administrativa. El funcionario pide hacer en total cinco claridades de las cuales sobresalen dos porque de ser admitidas, la Concesionaria (cuyos socios son Odebrecht, Episol y los Solarte) quedarían con un importante saldo en rojo con la Nación.

La primera aclaración que pide la Procuraduría apunta a que, tal y como lo exige la ley de infraestructura (ley 1882), la Concesionaria culpable de la conducta que dio lugar a la nulidad, es decir a la corrupción, sea castigada con el pago de un 5 por ciento del valor del contrato. Para el Ministerio Público, resulta indispensable adicionar o complementar el laudo con esa sanción, sin que ello implique que se reabra el debate o se modifique de fondo la decisión pues esta medida "sería el resultado de una operación aritmética simple": "Deducir del valor total del contrato el 5 por ciento", para así determinar que ese monto lo debería pagar la Concesionaria. 

"El concesionario responsable de la conducta que dio lugar a la causal de nulidad o los integrantes del mismo que hayan dado lugar a la causal de nulidad o la declaratoria de la misma por la existencia de una conducta dolosa en la comisión de un delito o una infracción administrativa relacionada con la celebración o ejecución del contrato objeto de terminación o declaratoria de  nulidad, según corresponda, deberán pagar a la entidad el equivalente a la cláusula penal pecuniaria pactada, o en caso de que no se haya convenido, dicha suma será el cinco por ciento (5%) del valor del contrato", artículo 20 de la ley de infraestructura. 

Ahora bien, a pesar de que el Ministerio Público manifiesta la simpleza de la operación aritmética el monto que resulte de ella no lo será. Los árbitros podrían desatender el reclamo de la Procuraduría o proceder a sancionar. Y si eligen sancionar tienen dos opciones: la primera es aplicar la cláusula penal del contrato que habla de una sanción del "10 por ciento de 1 millón de salarios mínimos" si la caducidad y la terminación anticipada por causas imputables al Concesionario se presenta entre "la fecha de suscripción de la fase de construcción y la fecha suscripción del acta de terminación de la fase de construcción". Esta suma podría llegar a los 80.000 millones de pesos a cargo de la Concesionaria. Un punto clave es que en este caso no hubo ni terminación anticipada, ni caducidad del contrato; la decisión final fue anularlo por causa ilícita y esta podría ser una razón para descartar la sanción en estos términos.

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No obstante, el Ministerio Público pide que se aplique la sanción y plantea una segunda fórmula y es el cobro del 5 por ciento del valor del contrato. Si esta fuera la ruta la concesionaria tendría que pagar una suma entre los 150.000 y los 300.000 millones de pesos, dependiendo de si los árbitros tienen en cuenta el valor de 2,5 billones de pesos que valía el contrato incial en 2010, si le suman el otrosí Ocaña-Gamarra y si le cuentan sus respectivas actualizaciones del índice de precios al consumidor (IPC).

Puede leer: Caso Odebrecht en Colombia: Declaran nulo por ilícito el contrato de Ruta del Sol 2

A pesar de que la ley y la sentencia de la Corte Constitucional son claras, en la decisión no se expresa por qué los arbitros no aplicaron esta sanción. A puerta cerrada, este tema sí fue objeto de discusión entre los jueces quienes se decantaron por considerar que si se anula el contrato la consecuencia es que la cláusula penal resulta inexistente. No obstante, la norma prevé tácitamente la sanción del 5 por ciento del valor del contrato y es lo que ahora está resaltando el Ministerio Público.

Que sumen la condena 

Por si no estaba claro, la Procuraduría pide a los árbitros que dejen otra mención expresa. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó al Consorcio a pagar 800.000 millones de pesos, decisión que fue apelada y está siendo revisada por el Consejo de Estado. Aunque la decisión no está en firme, el Ministerio Público pide que sea mencionada como una contingencia y que en consecuencia sea acumulada a las deudas que tiene el Consorcio.

Así las cosas, la situación es la siguiente: el Consorcio tiene en el fidecomiso un saldo congelado de 187.000 millones de pesos, por lo que los árbitros calculan que la Agencia Nacional de Infraestructura deberá desembolsar 24.000 millones de pesos para saldar las restituciones que ordenó el laudo, es decir, para redondear los 211.000 millones. En este contexto, la Procuraduría pide que se tenga en cuenta en un par de líneas de la decisión arbitral que si la condena se mantiene en firme los socios de manera solidaria deberán pagar los 800.000 millones. "Omitir la existencia de esta contingencia judicial para las sociedades mencionadas en la orden judicial emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, significaría desconocer su contenido". 

En este punto de la discusión hay un mensaje entre líneas para Corficolombina, firma del Grupo Aval, y propietaria de Episol. La realidad es que Odebrecht, socio mayoritario del consorcio no tiene activos en Colombia por lo que obligarlos a que paguen será un asunto complejo y de dudoso éxito. Entre tanto, Episol, por la clausula de socio solidario deberá afrontar las responsabilidades que señalen las autoridades.

En entrevista con SEMANA días antes de conocerse el laudo arbrital, María Lorena Gutiérrez, presidenta de Corficolombiana, dijo sobre Odebrecht: "Ellos han sido muy marrulleros. Han abusado de su condición de mayoritarios. Además, no se meten la mano al bolsillo. Solo el Grupo Aval está pagando los platos rotos. Odebrecht no tiene ni un activo, ni cien pesos en Colombia. En Brasil se declaró en quiebra. Sus ejecutivos negociaron un principio de oportunidad con la Fiscalía y están libres de proceso penal aquí. Viven tranquilos en Brasil y no les va a pasar nada. El exviceministro Gabriel García Morales, que recibió 6,5 millones de dólares de soborno, va a salir pronto de la cárcel. Solo nosotros estamos respondiendo".


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Al revisar las 700 páginas del laudo arbitral queda claro que los más golpeados son los bancos que aspiraban a recuperar la inversión que hicieron en el proyecto. Pero si los ajustes de la Procuraduría prosperan, el consorcio quedaría con nuevas y millonarias deudas. En unas semanas cuando se conozca el veredicto definitivo del tribunal arbitramento se sabrá si las objeciones del Ministerio Público se agregan o no. De cualquier forma, desde ya parece claro que el socio mayoritario brasilero no afrontará las responsabilidades que se señalen, por lo que los platos rotos quedarán entre colombianos.

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