Caso Odebrecht: fiscal general será testigo en el proceso contra exdirector de la ANI

Esta semana, Amparo Cerón, fiscal delegada ante el Tribunal de Bogotá, enunció decenas de elementos y testimonios que pretende llevar al juicio para sustentar su acusación contra Luis Fernando Andrade, el exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura procesado por supuestas irregularidades en contratos firmados entre esa agencia y la multinacional Odebrecht.

Al cabo de hora y media, la fiscal cerró su intervención ante el juez con esta frase: “Finalmente, su señoría, anuncio el testimonio del ciudadano Néstor Humberto Martínez Neira, a quien se le puede ubicar en el edificio Gustavo de Greiff del búnker de la Fiscalía, en el quinto piso”. A su turno, la defensa de Andrade pidió considerar como pruebas 269 documentos y 82 testigos. Incluyó entre estos al “abogado Néstor Humberto Martínez Neira”, además de medio gabinete del pasado gobierno y al propio expresidente Juan Manuel Santos. Con esa batería probatoria, la defensa buscará convencer al juez de que Andrade no cometió delito alguno.

No existe antecedente en el que un fiscal general en ejercicio acuda como testigo a un juicio oral en Paloquemao, el principal complejo judicial del país, al occidente de Bogotá. Así mismo, es atípico que tanto la Fiscalía como el acusado coincidan en solicitar al mismo testigo, en este caso la cabeza del ente investigador. Dado que ambos lo pidieron, lo más probable es que el juez acceda. El quid del asunto está en qué busca cada uno con el testigo Néstor Humberto Martínez.

La defensa de Andrade, liderada por el penalista Albeiro Yepes, espera interrogar a Martínez para desactivar uno de los ejes de la acusación. Andrade, exdirector de la ANI, está imputado por cinco delitos relacionados con supuesta corrupción en la adición al contrato de la troncal Ruta del Sol. A este se le añadió, sin licitación pública, la vía entre los municipios de Ocaña y Gamarra, en favor del consorcio cuyo principal socio era Odebrecht. El otrosí en cuestión tuvo un valor cercano a 1,2 billones de pesos en 2013, monto que representa el 32 por ciento del valor del contrato madre.

Andrade insiste en que no hubo nada irregular y, por el contrario, afirma que se trató de un muy buen negocio para el Estado. Argumenta que hicieron las cosas de acuerdo con la ley que rige las alianzas público-privadas, el mecanismo con el que los gobiernos en asocio con empresas particulares desarrollan obras de infraestructura. Y para demostrar que actuó diáfanamente, Andrade cuenta principalmente con un concepto jurídico del abogado Néstor Humberto Martínez.

Se trata de un documento de 11 páginas, fechado el 7 de septiembre de 2012 y firmado por el hoy fiscal, en ese entonces jefe de su prestigioso bufete Martínez Ltda. El concepto jurídico va dirigido al portugués Eder Paolo Ferracuti, presidente en ese momento de la Concesionaria Ruta del Sol. Este le consultó al jurista sobre la viabilidad de que ese consorcio se quedara con la adición del nuevo tramo sin pasar por una licitación pública.

En entrevista con W Radio, el 31 de agosto, el fiscal aseguró categóricamente que los investigadores del caso Odebrecht, de forma autónoma y con pruebas propias, habían logrado descubrir que los sobornos que esa firma entregó en Colombia alcanzaban los 32 millones de dólares. Es decir, tres veces la cifra de la que se hablaba inicialmente. Y sobre el concepto que emitió, aclaró: “Yo no era el abogado de Odebrecht. Era el abogado de uno de los accionistas, un accionista minoritario”, dijo en referencia a la composición del consorcio Ruta del Sol. A este lo integran Odebrecht, con 62 por ciento; Grupo Aval, con el 33 por ciento, y Solarte, con 5 por ciento. Martínez actuaba como abogado de la firma Aval.

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“Ese concepto que di en el año 2012 –aseguró en la radio el fiscal general– dice que según el contrato suscrito entre la ANI y el contratista privado Ruta del Sol no era posible celebrar (la adición) mediante contratación directa, porque así lo decía el contrato expresamente, que las obras adicionales tenían que salir a licitación. Mi concepto escrito, y lo que se escribe no lo borra el tiempo, dice que ese contrato adicional no se podía entregar directamente al contratista privado y que debería ser objeto de una licitación”.

Luego de ese pronunciamiento, Andrade aseguró que Martínez mentía, pues su declaración en la W iba en el sentido contrario de lo que decía el concepto. El exdirector de la ANI lanzó un trino en el que resaltó apartes del papel en cuestión y segundos después divulgó el concepto completo en otro trino. Ante esto, Martínez replicó que Andrade, de manera “inescrupulosa”, había mutilado el documento, y reafirmó que el director de la ANI hizo lo contrario de lo recomendado en el concepto: “La ANI acordó que por su cuenta y riesgo la Concesionaria Ruta del Sol asumiera el tramo Ocaña-Gamarra”, dice Martínez.

Sin embargo, quien lea cuidadosamente el concepto puede llegar a la conclusión de que este le da la razón a Andrade. Aún más, el documento da luz verde incluso para otorgar a Ruta del Sol la obra extra sin siquiera suscribir un otrosí: “En nuestro criterio profesional, no es necesaria la suscripción de una adición al contrato, toda vez que la eventual actividad descrita podría entenderse como parte del objeto del Contrato de Concesión No. 001 de 2010, toda vez que el mismo tiene un componente determinable a título actividades adicionales dentro de las cuales podría caber la mencionada” (sic). Tras señalar esa opción inicial, el concepto pasa a plantear una segunda: que “si en gracia de discusión” se pensara en suscribir un otrosí, bien se podría hacer sin licitación pública, aunque sí con licitación privada. Andrade optó por esta segunda opción.

El exdirector de la ANI señala que además del concepto de Martínez recibió otros dos en igual sentido del interventor y de la oficina jurídica de su entidad. Además, alega que el hoy fiscal, en 2014, en su condición de superministro de Juan Manuel Santos y miembro del Conpes, también aprobó con su firma la adición directa del tramo Ocaña-Gamarra a Ruta del Sol.

La defensa de Andrade busca con el testimonio del fiscal contrastar, de cara al juez, las actuales afirmaciones de Martínez con el concepto que rindió como abogado en 2013. “Pediremos que explique por qué un acto y un procedimiento que fueron legales para el abogado y superministro Néstor Humberto Martínez, ahora son delictivos para él como fiscal general”, dice Yepes, defensor de Andrade.

Por su parte, el lunes, Amparo Cerón, la fiscal que lleva el caso contra Andrade, deberá explicar al juez para qué quiere llevar ante el estrado a su jefe. En el actual sistema penal solo el presidente de la República puede contestar por escrito o con una declaración jurada. Todos los demás funcionarios deben acudir personalmente.

Confidencial: Con nombres propios

La escena más próxima a un fiscal general compareciendo frente a un juez se presentó en 1995 cuando el abogado Antonio José Cancino –defensor de Ernesto Samper– logró hacer que Alfonso Valdivieso tuviera un cara a cara con él en el caso del exgobernador de Córdoba, Jorge Manzur Jattin. Pero esa fue una diligencia reservada ante un juez sin rostro. Esta vez se trataría de un fiscal general rindiendo en el estrado su testimonio en un juicio oral y público, y nada menos que en uno de los expedientes del caso Odebrecht. Una escena inédita en la historia política y judicial del país.