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Andrés Sanmiguel - Foto: archivo semana

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Caso Odebrecht | Nuevo intento por imputar a Andrés Sanmiguel y su esposa

La Fiscalía se alista para presentar las pruebas que tiene en contra del contratista señalado de tramitar los sobornos que llegaron a la campaña Santos Presidente 2014.

Hace dos meses la Fiscalía logró lo que tenía aplazado hace más de un año: la imputación de cargos en contra del empresario Esteban Moreno, investigado por usar una empresa para darle trámite a los millonarios sobornos de Odebrecht y que terminaron en la campaña Santos Presidente 2014. El otro protagonista que tenía esa misma cita era el socio de Moreno, el contratista Andrés Sanmiguel y su esposa Edna Karina Méndez. Sin embargo, su defensa no pudo asistir a la diligencia por otros compromisos legales, así que el juez aplazó la imputación que esperan cumplir este jueves.

El contratista aparece vinculado en la investigación por el escándalo de sobornos de Odebrecht y, en un nuevo impulso, el fiscal Francisco Barbosa anunció la imputación de cargos a una docena de personas que no solo incluyó a Sanmiguel, sino a otros exfuncionarios y contratistas que deberán asistir ante los jueces, para escuchar del ente acusador las pruebas que tienen en su contra.

“El 3 de marzo de 2020, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, dispuso la creación del Grupo de Tareas Especiales, con la misión de unificar 14 grandes líneas investigativas que estaban dispersas en diferentes despachos y tener una visión integral del entramado de corrupción auspiciado por la multinacional”, señaló la Fiscalía al advertir la nueva etapa en la investigación.

El mismo día que la Fiscalía imputó a Esteban Moreno, el fiscal a cargo de este proceso formalizó la vinculación de Ricardo Rey Pulido, un hombre de 50 años de edad, nacido en Villavicencio, que trabaja como mensajero o escolta del empresario Andrés Sanmiguel. Según el fiscal del caso, este escolta resultó enredado en el escándalo de Odebrecht luego de que su nombre apareció en los millonarios cheques que giró el Consorcio Constructor Ruta del Sol (Consol) a la empresa Gistic Soluciones Integrales.

Al menos 2.000 millones de pesos se tramitaron a través de contratos ficticios, que nunca se cumplieron, pero que tenían un fin principal: los bolsillos de los representantes legales de las empresas y aparentemente la campaña Santos Presidente 2014.

“Y a través de este incremento –presuntamente la campaña de Santos presidente 2014-2018– derivado del subcontrato de obra número con fecha del 27 de febrero 2014 celebrado entre los señores Ricardo Antonio Pérez Reyes y Marco Antonio Gloria Acevedo como representantes legales de Consorcio Constructor Ruta del Sol (Consol) y la señora Edna Karina Méndez Trujillo representante legal de Gistic Soluciones Integrales por 4.017 millones, contrato ficticio que no se ejecutó”, señaló la fiscal en la imputación de cargos.

Andrés Sanmiguel apareció como representante legal de la empresa Gistic Soluciones Integrales, la misma que quedó en el expediente de la Fiscalía como receptora de millonarios contratos con Odebrecht. La empresa que firmó contratos por más de 4.000 millones de pesos con el Consorcio Constructor Ruta del Sol (Consol), supuestamente por servicios de obra que no se cumplieron, pero que tenían un propósito especial, darle, según la Fiscalía, apariencia de legalidad a los dineros que giró la multinacional.

Pero no sería el único enredo de Sanmiguel con la justicia. Aparece como contratista y representante legal del Consorcio Tropical Park 17, la misma razón social que tiene el complejo deportivo que se planeó hace más de dos años en la isla, pero siguen esperándolo. El Tropical Park, que costó 12.241 millones de pesos, no contaba con “estudios de mercado, análisis de precios unitarios, solicitud de permisos y licencias, diseños ni estudios de suelos”.

Las irregularidades que le dejaron una imputación de cargos a Sanmiguel y a otros cuatro exfuncionarios de la Gobernación de San Andrés, incluyeron, según la Fiscalía, una apropiación de recursos públicos por más de 7.200 millones de pesos, además de un listado de irregularidades en la planeación y ejecución de ese contrato.