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| Foto: Vicepresidencia

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“Ceder espacios a corrupción en la emergencia es complicidad”: vicepresidenta

“Ni agilidad para gestionar recursos significa abrir puertas a la corrupción, ni acción u omisión son menos graves que el fraude y la malversación de fondos”, dijo Marta Lucía Ramírez.

4 de mayo de 2020

El Gobierno nacional hizo un llamado a los servidores públicos para que garanticen transparencia, legalidad e integridad en la contratación de productos y servicios que permitan enfrentar la emergencia sanitaria por covid-19.

Mediante circular conjunta, la Vicepresidencia de la República, Secretaría de Transparencia, Función Pública y la Agencia de Contratación Pública advirtieron sobre responsabilidades penales, fiscales y disciplinarias durante la emergencia, e impartieron recomendaciones de transparencia y lineamientos que deben cumplir a la hora de invertir los recursos del Estado.

En ese sentido, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez recordó que el ordenamiento jurídico exige a todos los servidores públicos “denunciar con inmediatez conductas presuntamente irregulares y delictivas, realizar la debida valoración de los riesgos, actuar con total transparencia e integridad y aplicar correcta y cabalmente las disposiciones jurídicas contractuales; acciones indispensables para conjurar cualquier oportunidad que tengan los delincuentes”.

En ese sentido, la alta funcionaria señaló que la crisis sanitaria generada por la pandemia ha obligado medidas de excepción y habilitado mecanismos para agilizar la adquisición de bienes y servicios que permitan reaccionar con prontitud de cara a proteger la salud y la vida de los colombianos.

Estas medidas, sin embargo, no pueden “dar cabida a hechos de corrupción, crimen organizado, lavado de activos, abusos de poder. Ni agilidad para gestionar recursos significa abrir puertas a la corrupción, ni acción u omisión son menos graves que fraude y malversación de fondos”, dijo.

El documento firmado por las cuatro instancias del Gobierno nacional señala las disposiciones que deben aplicarse en las diferentes etapas de contratación, que se resume en varios puntos, como la normatividad aplicable en la contratación pública, medidas de transparencia para la contratación pública de bienes y servicios, además de los lineamientos en materia de gestión de riesgos de corrupción y de integridad pública.

Otros ítems que recuerda la misiva son las acciones de promoción de la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas, y, finalmente, el seguimiento y monitoreo de la gestión en el marco del Sistema de Control Interno.