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| 1/22/2019 11:17:00 AM

Cinco puntos para entender lo que ha pasado tras el atentado a la Escuela General Santander

Cinco días después del ataque, las autoridades han explicado en buena medida lo que sucedió en el complejo policial. Al tiempo, empiezan a crecer las consecuencias políticas -incluso internacionales- del crimen.

Cinco puntos para entender lo que ha pasado tras el atentado a la Escuela General Santander Las circunstancias del ataque se han esclarecido en buena medida, y también empiezan a tomar forma sus consecuencias políticas. Foto: Fotomontaje Semana

A cinco días de la explosión de un carro bomba en la Escuela de Cadetes de la Policía, las circunstancias del ataque se han esclarecido en buena medida, y también empiezan a tomar forma las consecuencias políticas y hasta internacionales del atentado que causó la muerte de 21 personas. Esto es lo que ha pasado hasta ahora.

Los protocolos

Luego de que se reactivaron las órdenes de captura de la Fiscalía a los cabecillas del ELN y que se cancelaran los diálogos, el gobierno le pidió a Cuba que capture a los negociadores guerrilleros. Aunque el gobierno anterior había pactado un protocolo para que los elenos regresaran a la clandestinidad en caso de que se levantara la mesa, Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz, aseguró que este documento no aplica.

Este documente fija un plazo de 15 días para que los jefes elenos regresen al país. Entre otras medidas contempla, por ejemplo, el cese de operaciones en territorio colombiano o la entrada desde Venezuela.

Este protocolo fija un plazo de 15 días para que los jefes elenos regresen al país. Entre otras medidas contempla, por ejemplo, el cese de operaciones en territorio colombiano o la entrada desde Venezuela. Sin embargo, el gobierno descarta su aplicación. Un primer argumento es que la Corte Constitucional en la sentencia del Plebiscito aseguró que las negociaciones de paz son "políticas públicas y no de Estado", razón por la cual los diálogos iniciados por la administración de Santos no obligan al actual gobierno.

"Para aquellos que quieren justificar (con el protocolo) que no estén en Colombia, no tienen idea de su contenido. Los protocolos están destinados a procedimientos logísticos una vez se rompieran estos diálogos, que jamás reactivamos, que jamás continuamos. Esos protocolos no fueron asumidos ni reconocidos por nuestro gobierno”, dijo el alto comisionado Ceballos.

En contexto: Protocolos garantizan 15 días para el retorno de los jefes del ELN

Además, el gobierno se ampara en el comunicado que emitió el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el atentado. En este, calificaron el hecho como un ataque terrorista y pidieron que sus responsables fueran llevados ante la justicia. Como Cuba hace parte de la organización de naciones, Colombia interpreta que debe cooperar con ese mandato de la lucha contra el terrorismo. El gobierno fue enfático en que no solamente adelantarán las comunicaciones con Cuba para que entregue a los integrantes de esta guerrilla, sino que activarán el tratado de extradición que está vigente con el fin de que estas personas lleguen al país de manera "rápida y efectiva".

La decisión generó controversia al instante. Por medio de su Cancillería, Cuba sentó su posición: respetarán los protocolos pactados. Habrá que ver si esa posición cambia ante las peticiones hechas desde Colombia. Quienes cuestionan la decisión, dicen que mina la confianza en futuras negociaciones, y ven el protocolo como un compromiso de Estado, y no solo de un gobierno, por lo que tiene que ser respetado. "Hacemos un llamado al gobierno cubano para que proceda con las órdenes de extradición", reiteró el presidente Duque este martes. 

El ELN

Cuatro días le tomó al ELN asumir la responsabilidad por el carro bomba de la General Santander. Y lo hizo a través de un comunicado que no cayó bien porque intentan justificar la matanza. En la carta publicada en su portal web, la guerrilla lanzó una crítica al presidente Duque "por no haberle dado la dimensión necesaria" a la tregua unilateral que declararon entre el 23 de diciembre de 2018 y el 3 de enero de 2019. Renglón seguido, hicieron una lista de operaciones en su contra, con las que intentan justificar el ataque perpetrado el 17 de enero.

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"Las Fuerzas Armadas gubernamentales aprovecharon este cese para avanzar las posiciones de sus tropas de operaciones, ganando ubicaciones favorables difíciles de conseguir sin el cese. También bombardearon un campamento nuestro el 25 de diciembre, lanzando más de 12 bombas de centenares de libras de explosivos cada una, afectando a una familia de campesinos que estaba cerca de dicho campamento", se lee en el documento.

A la par que se hacían responsables del ataque y trataban de justificarlo, la guerrilla siguió hablando de paz. "La Escuela de Cadetes de la Policía Nacional es una instalación militar, allá reciben instrucción y entrenamiento los oficiales que luego realizan inteligencia de combate... en nuestros campamentos, que ante cualquier descuido son bombardeados, también se capacitan combatientes y oficiales; por lo anterior, nosotros no hemos interrumpido, ni aminorado los esfuerzos por la paz, pues tenemos claro que estamos en una guerra, debido a que la clase en el poder ha reiterado que los diálogos deben ser desarrollados en medio del conflicto".

En una entrevista con AFP, Pablo Beltrán, uno de los miembros del Comando Central de esa guerrilla exigió que se respeten los protocolos. "

En 2016 se firmó el protocolo en caso de ruptura (...) Se estipularon garantías para que el ELN vuelva a sus zonas y hay estados que avalan eso y esperamos que el gobierno dé las garantías para el retorno", dijo. Y sobre el atentado agregó: "Nadie nos puede pedir que si nos atacan nos amarremos los brazos atrás. Aspiro a que ese ambiente se distensione y que se puedan reanudar las conversaciones".

Las víctimas

Los forenses de Medicina Legal todavía trabajan en la identificación de las víctimas del atentado. Hasta ahora, han logrado establecer a quien corresponden los restos de 9 de las 21 personas que fallecieron. Ellos son Juan Diego Ayala, Jonathan Suescún, César Alberto Ojeda, Diego Alejando Pérez, Steven Ronaldo Prada Riaño, Cristian Camilo Maquilón Martínez, Iván René Muñoz Parra, y Erika Sofía Chicó Vallejo, de origen ecuatoriano. Sus cuerpos ya fueron entregados a sus familiares. El otro identificado es José Aldemar Rojas, el supuesto terrorista que conducía la camioneta bomba.

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Además de las 21 víctimas mortales el carro bomba dejó 68 heridos. Las víctimas son, principalmente jóvenes entre los 17 y 21 años de edad. Un par de ellos, según se ha conocido, todavía están delicados de salud.

Los forenses de Medicina Legal todavía trabajan en la identificación de las víctimas del atentados. Hasta ahora, han logrado establecer a quien corresponden los restos de 9 de las 21 personas que fallecieron.

Los sospechosos

La Fiscalía se mantiene en la versión que entregó el mismo día del atentado y que pone a José Aldemar Rojas, un supuesto explosivista del ELN, como el hombre que entró en la camioneta Nissan Patrol hasta la escuela de cadetes. El ente, además, imputó este sábado a Ricardo Andrés Carvajal Salgar, presunto coautor del ataque terrorista. La Fiscalía lo acusó de los delitos de terrorismo agravado, homicidio agravado en concurso, homicidio en la modalidad de tentativa en concurso, daño en bien ajeno agravado y transporte de explosivos agravado.

El hombre, que es defendido por un abogado de oficio, se declaró inocente, aunque un juez consideró que las pruebas presentadas por los investigadores eran suficientes para enviarlo a prisión mientras afronta el juicio. No es la primera vez que Carvajal pisa la cárcel. En 2013 el indiciado estuvo detenido durante un año por cuenta de un proceso relacionado con tráfico de drogas, pero quedó libre por vencimiento de términos.

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Las autoridades intentan establecer si hay más supuestos vinculados a la ejecución material del atentado. Por ejemplo, se investiga quién fue la persona que, según observó la Fiscalía en grabaciones de cámaras de seguridad, se bajó de la Nissan Patrol cerca a la estación de TransMilenio de Venecia, apenas un kilómetro antes de la Escuela Militar, y minutos previos al atentado.

Otro dato que se conoció es que la Fiscalía quiso obtener una orden de captura contra una persona más, pero que un juez consideró que las pruebas presentadas eran insuficientes.

Las pruebas

Para determinar que el hombre que entró a bordo de la camioneta Nissan era José Aldemar Rojas, la Fiscalía presentó varias evidencias. El carro aparecía a su nombre. Los policías que lo vieron adentro de la Escuela lo identificaron y se corroboraron sus huellas entre los restos que encontraron en la escena del atentado.
Para señalar a Carvajal, el ente presentó un audio en el que se le oye hablar con un supuesto jefe del microtráfico en Bogotá, quien estaba interceptado, y a quien le dice: "Pusimos la bomba... tocó encaletarnos". Él, sin embargo, ha dicho a través de su familia que esas palabras eran apenas un chiste.

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La fiscal a cargo también presentó un estudio de reconocimiento fotográfico que da cuenta de las visitas de Carvajal a la bodega en la cual permaneció la camioneta con la que se realizó el atentado. Y, adicionalmente, entrevistas a los vecinos y al dueño de la bodega. Esos elementos dan cuenta que Carvajal es la misma persona que se acercaba a la bodega a pagar los cánones del arrendamiento. Durante la captura llevada a cabo en la madrugada del viernes, las autoridades encontraron un celular, el manual del combatiente Primera fase de instrucción y uniformes tipo overol.

La fiscal a cargo también presentó un estudio de reconocimiento fotográfico que da cuenta de las visitas de Carvajal a la bodega en la cual permaneció la camioneta con la que se realizó el atentado.

Otros de los elementos probatorios incluyen los videos de cámaras de seguridad que muestran la camioneta tanto semanas antes del atentado, en distintos lugares de la ciudad, como el mismo día del ataque, cuando se acercaba a la escuela. Entre los testimonios recogidos, por ejemplo, está el del hombre que le vendió la camioneta a Rojas a finales de 2017, un par de meses antes de que el supuesto guerrillero obtuviera su licencia de construcción.

En la escena del crimen se hallaron distintos elementos que permitieron establecer que el artefacto fue detonado con un dispositivo electrónico vinculado a la alarma del carro.

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