Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que el DAS los espió

Otro episodio que relaciona al DAS con seguimientos ilegales que durante años hizo a políticos, opositores del gobierno y otros personajes, fue dado a conocer este jueves luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, revelara el organismo de inteligencia para seguir las actividades vinculadas al litigio la entonces Comisionada y Relatora para Colombia, Susana Villarán, durante una visita suya en Valledupar, en el año 2005.

Según el expediente que cita la Cidh, el objetivo era “determinar los casos que la Relatora estudia y los testimonios que presentan las ONG, además del lobby que adelantan para presionar una condena del Estado”. El seguimiento lo habría hecho el Grupo Especial de Inteligencia Estratégica, más conocido como el G3, el mismo que en Colombia le siguió los pasos a personajes como José Miguel Vivanco, de la organización independiente, Human Rights Watch.

“Estas actividades violan el compromiso del Estado de respetar los privilegios e inmunidades de los representantes de la OEA y de cumplir de buena fe con el objeto y fin de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados del sistema interamericano”, señala el comunicado publicado por la Cidha desde Washington.

La Comisión mostró su preocupación ya que estos operativos también afectan gravemente la tarea de los defensores de derechos humanos de Colombia.
 
 “La Comisión ha expresado reiteradamente su preocupación por la situación de los defensores en ese país, y en especial por su señalamiento por parte de altas autoridades del Estado como miembros de la guerrilla y el empleo de mecanismos de inteligencia para controlar sus actividades. La Comisión ha señalado que los Estados deben abstenerse de cualquier tipo de injerencia arbitraria o abusiva en su correspondencia y comunicaciones telefónicas y electrónicas, y que deben sancionar disciplinaria y penalmente a quienes incurran en estas prácticas”, agrega el comunicado.

Precisamente el pasado 16 de julio, la Cidh le pidió al gobierno de Colombia detalles sobre todas las operaciones de inteligencia realizadas a este organismo, el destino y empleo de los informes, y las investigaciones sobre el tema de la Fiscalía y la Procuraduría. En su respuesta, el Estado condenó las actividades ilegales de este ente de inteligencia que depende del Poder Ejecutivo y resaltó su compromiso de convertirlo en una entidad “confiable y transparente”. Asimismo, el Estado se ofreció a facilitar canales para que la Cidh tuviese acceso a información sobre los avances de las investigaciones.

La Comisión tomó nota de esta respuesta e instó al gobierno no sólo a que se identifique a los responsables, “sino a que se haga una profunda revisión de los organismos de inteligencia del Estado, para asegurar que estos no contravengan los estatutos internacionales de protección de derechos humanos”.

Los hechos ya fueron puestos en conocimiento del Secretario General de la OEA y al Consejo Permanente, a fin de que se adopten las medidas que correspondan.