¿Complot o cortina de humo?

El pasado sábado 19 de septiembre el presidente Álvaro Uribe sorprendió al país con una revelación. Durante el consejo comunitario que celebraba en Armenia dijo que había "un complot criminal para desacreditar al gobierno y afectar las relaciones internacionales. Vamos teniendo una serie de indicios que nos indican que hay una especie de venganza criminal contra el gobierno que ha perseguido sin pausa y sin selectividad a todo tipo de criminales", afirmó. Aunque los medios reprodujeron las denuncias del Presidente, pocos entendieron en ese momento a qué se refería.

El lunes siguiente el fiscal general, Guillermo Mendoza, anunció que se había descubierto que desde dos salas de interceptación, una del Ejército con el CTI y otra del Gaula de la Policía, se habían realizado interceptaciones telefónicas ilegales contra el magistrado auxiliar Iván Velásquez. Unas horas más tarde el director del DAS, Felipe Muñoz, realizó una rueda de prensa en la que anunció que de acuerdo con un estudio adelantado por técnicos de la entidad que dirige y un contratista ruso, se había llegado a la conclusión de que las conversaciones de Velásquez no habían sido efectuadas por el DAS.

Tras las declaraciones de Mendoza y Muñoz, el vicepresidente Francisco Santos retomó el tema del complot contra el gobierno, expuesto 48 horas antes por Uribe, y salió a los medios a decir que las revelaciones del Fiscal eran "el comienzo del descubrimiento de una gran campaña de desprestigio muy bien orquestada, muy bien pagada". Santos también pidió rectificaciones y fue más allá al, incluso, cuestionar hechos comprobados por la justicia en el escándalo de las 'chuzadas' del DAS. "Los medios se han dejado manipular y eso pone en tela de juicio absolutamente todo lo publicado por las revistas, los medios, la radio, sobre las interceptaciones". Ese mismo día el ministro del Interior, Fabio Valencia, también salió a respaldar el argumento del complot y afirmó que "afortunadamente se empieza a esclarecer la verdad que desvirtúa la infamia contra el gobierno nacional. En el DAS hubo faltas muy graves pero lo que se está viendo es que hay un montaje de algunas entidades, personas o grupos delincuenciales para afectar al gobierno del presidente Uribe".

Aunque desde el viernes la Fiscalía ya sabía que las interceptaciones del magistrado Velásquez habían sido desde salas del Ejército-CTI y el Gaula de la Policía, esperó hasta al lunes para hacerlo público. Lo mismo ocurrió con el comunicado del DAS, el cual iba a ser divulgado el jueves pero se postergó también hasta el lunes, el mismo día del inicio del viaje de Uribe a Estados Unidos para asistir a la cumbre de las Naciones Unidas. Las revelaciones también ocurrieron dos semanas antes del anunciado viaje a Estados Unidos del director del DAS y el Vicepresidente para tratar de explicar al gobierno de Washington y a diferentes organizaciones de ese país el tema de las 'chuzadas'.

En la mañana del martes, dos de los principales investigados en el caso de las interceptaciones ilegales, Jorge Lagos y Fernando Tavares, ex jefes de Contrainteligencia e Inteligencia del DAS respectivamente, recobraron la libertad tras dos meses de estar presos. Su liberación fue ordenada, no porque esté probada su inocencia, sino por graves errores de procedimiento por parte de los fiscales, Julio César Martínez y Yesid Lozano, quienes llevaban el caso del DAS y fueron relevados de su cargo hace varias semanas por el fiscal Mendoza.

La liberación de los ex funcionarios Lagos y Tavares, sumado a las declaraciones del Vicepresidente y del Ministro del Interior y a un comunicado de la Casa de Nariño en el que señala que "afortunadamente se empieza a esclarecer la verdad que desvirtúa la infamia contra el gobierno nacional" pretendían sembrar dudas sobre todo el caso de las interceptaciones y seguimientos ilegales hechos por el DAS. El propio fiscal Mendoza tuvo que salir nuevamente a los medios de comunicación el martes y el miércoles pasado para aclarar lo sucedido y desvirtuar la versión que estaban manejando sectores del gobierno en el sentido de que el caso del DAS era un complot. "Lo de la interceptación desde el DAS quedó establecida, el objeto siguiente de la investigación es determinar quiénes son los responsables de eso", afirmó Mendoza, quien además no dudó en explicar que estaba probado por la justicia que en el DAS se habían hecho interceptaciones ilegales y seguimientos.

Ese ambiente enrarecido que se respiraba a mediados de la semana aumentó el jueves cuando Valencia Cossio dijo que el gobierno sabía que había 12 empresas privadas que hacían y vendían interceptaciones ilegales. "Por fuera de las entidades del Estado hay empresas privadas que tienen equipos de interceptación. Aquí hay más gente que está haciendo interceptaciones y lo que se está evidenciando es que hay un mercado negro con este tema", afirmó el director del DAS, Felipe Muñoz, al referirse a ese tema. Al CTI, el Ejército, la Policía y la Procuraduría se acababan de sumar también empresas privadas. El que ese anuncio, sin pruebas ni casos concretos, se haya hecho precisamente la semana pasada no deja tampoco de sorprender.

Todos sospechosos, todos inocentes
Más allá de la 'teoría del complot' que planteó el gobierno, sobre todo cuando crece la preocupación internacional sobre las 'chuzadas' del DAS, la realidad es menos conspirativa.

Todo arranca con el anuncio de la Fiscalía, la semana pasada, en el que señala que las últimas conversaciones interceptadas al magistrado Velásquez no se hicieron en las salas de interceptación o con equipos del DAS.

Lo que descubrió la Fiscalía es que el modus operandi por el cual terminó el número celular de Velásquez 'chuzado' consistió en hacer pasar su celular como el de un posible responsable en un caso por delincuencia común -secuestro extorsivo- con lo cual empezaron a monitorear sus conversaciones desde una sala de interceptaciones del Ejército vigilada por el CTI.

Al percatarse de que el número de Velásquez nada tenía que ver con un caso aislado de secuestro, su celular dejó de ser escuchado por el Ejército.

Sin saber cómo el número de su móvil pasó entonces a una sala de interceptaciones del Gaula de la Policía, en donde después de varios días también se dieron cuenta de que nada tenía que ver con el caso de extorsión por el cual había sido autorizada la interceptación.

Si bien es cierto que está probado que en salas del Gaula de la Policía y del Ejército fueron los lugares en donde irregularmente terminó siendo interceptado Velásquez, esto no quiere decir que la Policía, el Ejército o el CTI estuvieran en un plan para monitorear al magistrado. De hecho la propia Fiscalía no descarta la hipótesis que puedan existir funcionarios del DAS involucrados, o de otras entidades, que habrían usado contactos o algún otro método para usar las salas de la Policía y el Ejército. No es claro hasta ahora si el fin era salpicar a esas instituciones o simplemente servirse de ellas para continuar con interceptaciones ilegales.

El empleo de órdenes falsas o el engañar a los funcionarios encargados de efectuar interceptaciones para camuflar números de magistrados dentro de casos delincuenciales comunes, fue uno de los métodos que usó el DAS para realizar 'chuzadas' ilegales, las cuales fueron denunciadas por esta revista en febrero de este año cuando estalló el escándalo.

Aunque los investigadores encontraron en su momento abundante información sobre la forma irregular como el DAS interceptaba mucha de esa evidencia, no fue valorara o anexada al proceso por los dos fiscales que iniciaron la investigación, Yesid Lozano y Julio César Martínez. Serias dudas sobre la forma como estos dos ex funcionarios adelantaron las pesquisas llevaron al fiscal Guillermo Mendoza a pedirles la renuncia a comienzos de agosto y nombrar dos nuevas investigadoras para el caso.

Aunque la Fiscalía probó y documentó seguimientos a ONG, políticos y periodistas, por lo cual dictó medida de aseguramiento contra 10 ex funcionarios, la mayoría de los hechos investigados por los ex fiscales Lozano y Martínez se limitaron a actuaciones durante la época de la administración de Jorge Noguera.

Y, sin embargo, para sorpresa de los actuales investigadores de la Fiscalía, en el caso del DAS se han descubierto pruebas -halladas en el propio DAS- que nunca se tuvieron en cuenta.

Es el caso de varios discos duros con cerca de 1.000 gigas de grabaciones de audios de los últimos años, los cuales nunca fueron inspeccionados durante los seis meses que lleva esa investigación y sólo hasta la semana pasada empezaron a ser 'desencriptados' para establecer su contenido.

También los investigadores hallaron recientemente más de 200 órdenes irregulares para 'chuzar' teléfonos ordenadas desde el DAS usando diferentes salas de interceptación y que tampoco se indagaron. Inexplicablemente ni los discos duros ni estas órdenes aparecían en el proceso.

Esa cadena de omisiones y errores en la investigación del DAS es lo que está empezando a ser revaluado por la fiscalía de Mendoza y, con seguridad, dará mucho de qué hablar.

De todo lo anterior se desprenden algunas conclusiones. En primer lugar, que si bien la Fiscalía ha establecido que desde el DAS se adelantaron actividades ilegales como interferencias telefónicas y seguimientos, la última grabación, la del magistrado Iván Velásquez no fue hecha desde las instalaciones del DAS sino desde las salas del Ejército y el Gaula de la Policía en la 'plataforma esperanza', manejada por la Fiscalía.

Las circunstancias exactas de cómo se hizo la grabación están claras. Lo que no es claro es quién, por qué y para qué. El gran interrogante es quién está metiendo por debajo de la mesa -y en varias oportunidades- el numero de teléfono del magistrado Iván Velásquez y con qué objetivo.

Puede tratarse o de alguien que sabe en qué andan la Corte Suprema o sus investigaciones sobre la para-política, o puede ser alguien que quiere hacer un montaje ya sea para enlodar al gobierno o para echarle una mano al mostrarlo como víctima de una conspiración.

Lo triste de todo esto es que, al igual que en el caso del DAS, ya se sabe quiénes son los autores materiales, pero no se sabe lo único que les interesa a los colombianos: quién dio la orden.