Un mes de ‘debatitis’ en el Congreso

En lo que va corrido de esta legislatura, el Congreso ha llamado a tres importantes debates de control político para que varios funcionarios del gobierno de Juan Manuel Santos respondan por algunos de los temas de mayor interés y polémica en el país. En esos debates se discutirán las acciones u omisiones del Ejecutivo durante la venta de la generadora de energía Isagén, la construcción de la Refinería de Cartagena (Reficar) y las acciones llevadas a cabo ante la Corte Internacional de Justicia para defender los intereses del país frente a la demanda interpuesta por Nicaragua.

La coincidencia de estos debates en un mes se debe, fundamentalmente, a una redirección de alianzas políticas que se viene presentando en el Congreso con miras a las elecciones presidenciales de 2018. Por un lado, al presidente Santos no le ha ido bien últimamente. Su aprobación está por debajo del 25 por ciento y suele ocurrir que, cuando un gobernante se debilita, las coaliciones que ha armado se tienden a romper. Por eso, en el Congreso se están realizando con más frecuencia debates que llaman a rendir cuentas al gobierno y les permiten a los senadores desmarcarse de la suerte del presidente. Son un escenario ideal para que los congresistas citantes hagan un show mediático justo cuando empiezan a sentirse incipientes vientos de un nuevo proceso electoral.

Porque ya los partidos empiezan a pensar en 2018 y a asumir posiciones para esa competencia. Una de las mejores formas de hacerlo es ejercer presión, para que el gobierno responda a temas que afectan las regiones que cada senador representa y demostrar así cercanía con su electorado. Por estos días, la fiebre de los debates no solo llega a los partidos de oposición, el Polo y el Centro Democrático, sino también a los de la Unidad Nacional como Cambio Radical. Su director, Rodrigo Lara, prepara para el próximo miércoles el debate sobre el fallo de La Haya. A pesar de hacer parte de esta coalición, este partido ya comenzó a perfilar su comportamiento para las próximas elecciones. Prueba de esto es que es el partido que más derechos de petición ha enviado en esta legislatura para hacer debates de control político, algo que puede estar encaminado a ganar protagonismo dentro del gobierno e ir moviéndose lentamente hacia la orilla de la oposición.

Más allá de qué tan favorable es esta herramienta constitucional para los partidos y sus candidatos, está su importancia en el desarrollo de la política nacional. Este tipo de debates, que obligan a los ministros a responder preguntas difíciles sobre temas generalmente impopulares, permiten a la opinión pública conocer, juzgar y establecer responsabilidades sobre asuntos de los cuales en condiciones normales no tienen suficiente información. Son también una oportunidad para llamar la atención sobre temas que pasan de agache en la agenda legislativa o que reciben poca divulgación en medios. Aun cuando es importante aclarar que los debates que más se mueven en los medios de comunicación son los que mayor presión ejercen sobre el gobierno.

Si bien no es posible medir con exactitud hasta qué punto estos logran un efecto en un gobierno, sí se sabe que con regularidad, a raíz de estas citaciones y de la presión que generan, los miembros del Ejecutivo agilizan su gestión para mostrar resultados y salir bien librados del proceso. Además, son uno de los pocos escenarios en donde las ideologías políticas que separan a los congresistas pasan a un segundo plano, para discutir temas programáticos que, finalmente, nutren el debate político del país y llevan a los funcionarios a rendir cuentas. Algo que poco se ve en otras instancias.