Piedad Córdoba defenderá su derecho de volver a hacer política

El Consejo de Estado citó a la exsenadora Piedad Córdoba para el próximo 14 de septiembre, para que explique ante esa entidad las razones por las cuales, a su juicio, debe recuperar su elegibilidad política.

La magistrada de la Sección Segunda Sandra Lisset Ibarra la citó a audiencia pública, dentro de la demanda que interpuso la exparlamentaria contra el segundo fallo de destitución e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por 14 años que le impuso el procurador Alejandro Ordóñez.

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En el 2012, cuando la exsenadora Piedad Córdoba trataba de acudir a distintas instancias para que le fuera revocada la sanción disciplinaria que le impuso el Ministerio Público por la denominada ‘Farcpolítica’, ese organismo de control volvió a castigarla porque supuestamente financió la campaña política de un aspirante al Congreso.

Según esa determinación, Córdoba entregó 25 millones a los administradores de los gastos de campaña de Ricardo Antonio Montenegro Vásquez, uno de sus antiguos asesores, quien se candidatizó para la Cámara de Representantes por el Atlántico en el 2010.

En su decisión, la Procuraduría explicó que este tipo de actuación constituyó un tipo de intervención indebida en actividades políticas que, a su juicio, se produjeron cuando la exlegisladora trasladó los dineros a esa campaña desde Venezuela.
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En ese entonces, esa entidad explicó que incluso a los senadores les está prohibido entregar dineros a los partidos o movimientos significativos que buscan promover candidaturas.

Tal y como lo hizo en el caso de la ‘Farcpolítica’, la exparlamentaria interpuso una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que, espera, sea definitiva para recuperar –de una vez por todas– su oportunidad de volver al Senado.

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A ello se debe la citación que la consejera Sandra Lisset Ibarra le hizo extensiva a la exdirigente liberal, lo que significa el comienzo del estudio de fondo del caso que podría devolverla a la vida política. A propósito del tema, el Consejo de Estado está próximo a decidir si revoca o no la inhabilidad que la Procuraduría le impuso a la líder de izquierda por sus supuestos nexos con la guerrilla de las FARC.

La ponencia del magistrado William Hernández pide anular esa decisión y, por ahora, se prevé que el caso terminará en manos de conjueces.