La pesadilla del trasteo de la Contraloría

En una interminable pelea jurídica entre poderosos, que se tiran la pelota entre sí y que se acusan de faltar a la verdad, se convirtió la afanosa y tardía búsqueda de sede para los funcionarios de la Contraloría General de la República.

No es para nada común que en Colombia un alto funcionario del Estado use los canales oficiales de comunicación para responderle a su antecesor, tal como lo hizo la semana pasada el contralor general de la Nación, Edgardo Maya Villazón.

“La excontralora le mintió al país”, decía el boletín de prensa. En pocas líneas, Maya Villazón rebatía acusaciones que minutos antes Sandra Morelli había lanzado en la W Radio, según las cuales su sucesor, cuando era candidato a contralor, conoció y avaló de primera mano el mismo contrato de arrendamiento al que hoy considera ilegal y viciado.

Se refería al polémico acuerdo que suscribió en 2012 la entonces contralora Morelli con la Sociedad Proyectos y Desarrollos I S. A., con el objeto de ocupar el edificio Gran Estación II. El edificio se convirtió en la pesadilla de la funcionaria, caracterizada por su temperamento recio y su espíritu de ir contra la corriente. La Fiscalía le abrió una investigación penal por las condiciones onerosas del contrato de arrendamiento y el incumplimiento de los requisitos, la cual, según ella, la obligó a irse del país. Actualmente reside en Italia.

Al caos generado por el paro de la rama judicial (ver artículo), se suma ahora el que producirá la falta del edificio. Aunque algunos funcionarios despachan desde el antiguo Ministerio de Justicia, la Contraloría ha tenido que interrumpir algunos servicios como la expedición de certificados de antecedentes fiscales necesarios para cualquier contratación. Ese fue uno de los riesgos que advirtió el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, al interponer una acción de tutela que buscaba que un juez ordenara aplazar la devolución de las oficinas de Gran Estación II. Aunque argumentó el derecho al trabajo, la acción fue denegada.

Según Maya, solo hasta cuando tomó posesión del cargo, es decir, el 5 de septiembre pasado, descubrió  algunas cláusulas claramente abusivas en el contrato de arrendamiento. Una de ellas era que, si este se daba por terminado antes de diez años, la Contraloría se vería en la obligación de pagar compensaciones por la depreciación de bienes muebles e inmuebles con que venía el edificio. Es decir, tendría que responder por escritorios sillas, mesas, pisos, enchapes, inodoros, etcétera. Aquello significaba pagar unos 35.000 millones de pesos por la inversión que hizo el arrendatario para entregar el edificio de acuerdo con las especificaciones que exigió Morelli en su momento.

El contralor Maya siempre fue claro en que no prorrogaría el contrato con las mismas cláusulas, pues, además, por esa razón la Fiscalía está investigando a Morelli. Por eso, solamente le quedaba la opción de renegociar en diferentes condiciones o irse. Para eso, Maya demandó el contrato ante un Tribunal de Arbitramento por objeto ilícito y, paralelamente, interpuso una acción de tutela para poder quedarse más tiempo en el edificio.

El problema surgió cuando el Consejo de Estado le negó la tutela. En un fallo aseguró que “nada impide al contralor aceptar la oferta del arrendador de prorrogar el contrato en los mismos términos originalmente pactados para sortear la situación”. Por eso, solo hasta el 26 de diciembre de 2014, en medio del apremio y la desinformación –según algunos funcionarios– la Contraloría emitió una circular interna avisando del protocolo en que debía embalarse todo el archivo físico de la entidad, cuando buena parte del personal se encontraba de vacaciones.

Los funcionarios de la Contraloría entrarán esta semana en una etapa de capacitaciones, mientras les notifican en cuál de los seis edificios que tomará en arriendo la entidad continuarán su trabajo. Un Tribunal de Arbitramento tendrá la palabra en una discusión que parece de nunca acabar.