Corrupción desbordada

1) DNE: LA FERIA DE LOS BIENES DE LA MAFIA

Catorce congresistas investigados por la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría, varios funcionarios y directores bajo la lupa de la justicia y uno de ellos, Omar Figueroa, con detención domiciliaria, son la punta del iceberg de la feria de corrupción y tráfico de influencias que se armó en torno al manejo de los bienes decomisados a la mafia, que llevó este año al gobierno a liquidar la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). Todo indica que congresistas, con complicidad de directores y empleados de la DNE, ‘apadrinaban’ depositarios a los que se entregaba la administración de las propiedades quitadas con gran esfuerzo a los narcos. El más reciente detenido es Camilo Bula, exfiscal antimafia y depositario de un centenar de bienes en la costa.
 
2) DIAN: EL FRAUDE DEL BILLÓN

Al investigar un aumento anormal en las cifras de devolución del IVA, el gobierno descubrió una banda de funcionarios en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que se había dedicado a generar, mediante empresas de papel en el extranjero, cobros fraudulentos por devolución del IVA. El presidente Santos calculó el fraude en un billón de pesos. Doce funcionarios están detenidos. Aún no está exactamente determinado cuánto se robaron.
 
3) SALUD: EL ESCÁNDALO DE LAS EPS

“Una mafia se está robando los recursos de salud de los colombianos”. Con estas palabras, el presidente Santos denunció en rueda de prensa, en mayo, un desfalco de “billones” en pagos de falsas tutelas, cobros de medicamentos por valores estrambóticos, recobros de cuentas médicas a nombre de personas muertas y una larga lista de irregularidades y ‘avivatadas’ en el sector de la salud. El lío es serio: hay 29 EPS investigadas y varios funcionarios detenidos. Varias EPS están intervenidas, entre ellas, Saludcoop, la más grande del país. Hasta ahora, de esas cifras millonarias, la justicia solo ha podido detectar el eventual robo de unos 30.000 millones de pesos, aunque de ser ciertas las cifras del superintendente de Salud, una vez culminen las investigaciones el monto podría superar las denuncias iniciales del presidente.
 
4) ICBF: EN EL OJO DE LA PROCURADURÍA

En una revisión que hizo la Procuraduría a 78 contratos en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se detectaron irregularidades y ausencias en contratos de manejo de Bienestarina, el alimento para los niños, y de complementos alimentarios para ancianos en situación de extrema pobreza. Se levantaron dudas sobre asesorías como las que prestaban los hermanos Edmundo y Gabriel del Castillo. Hay sospechas de que seccionales del ICBF se dan como cuota política a congresistas y reparos a la forma como se contrató con algunas empresas, entre ellas, una de los primos Nule. Elvira Forero, desde 2006 directora del Instituto, que maneja un presupuesto de más de 2 billones de pesos, negó todas las denuncias pero terminó renunciando y el ICBF pasó a manos del nuevo superministerio liderado por Bruce MacMaster.