Corrupción en la UNGRD: en firme orden de captura contra Carlos Ramón González

Este jueves, 4 de septiembre, quedó en firme la medida de aseguramiento en centro carcelario y la orden de captura contra del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, procesado por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre (UNGRD).

Tras resolver la apelación presentada por la defensa del exfuncionario en contra de la decisión emitida el pasado 3 de julio, el magistrado Jairo José Agudelo avaló la necesidad de una medida de aseguramiento privativa de la libertad contra de Carlos Ramón González al considerar que representa un peligro para la sociedad.

En la determinación se tuvo en cuenta la gravedad de los delitos y el importante cargo que tenía para el momento de los hechos, así como su poder dentro del Gobierno.

Y es que Carlos Ramón González, según la investigación de la Fiscalía General, fue el encargado en octubre de 2023 de instruir a Sandra Ortiz, consejera presidencial para las regiones, de convocar una reunión en la que se iba a hablar sobre la entrega de sobornos al senador Iván Name.

González habría dado instrucciones precisas con el fin de mover los recursos de la UNGRD para lograr un impulso por parte del Senado para que se apoyaran las reformas presentadas por el Gobierno.

En la decisión de segunda instancia, el Tribunal Superior determinó que la medida de aseguramiento privativa de la libertad también debe incluir el delito de lavado de activos.

“En el asunto, los elementos de convicción permiten colegir que el imputado (Carlos Ramón González) pudo representarse para conseguir el fin perseguido, los funcionarios aludidos de la UNGRD y la consejera para las regiones debían no solo conseguir, sino transportar las altas sumas de dinero”, advirtió el magistrado.

Teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos por la Fiscalía General, la Sala consideró que Carlos Ramón González estuvo al tanto de la obtención de los recursos económicos como de su entrega en el apartamento del senador de la Alianza Verde, en el nororiente de Bogotá.

“No de otra forma podría cumplirse la directriz impartida por Carlos Ramón González Merchan desde su posición como director del Dapre. De allí que su conocimiento en esta instancia procesal fue demostrado en sede de inferencia razonable”, advirtió el magistrado.

El exdirector del Dapre se encuentra en Nicaragua desde hace varios meses con una “residencia” que logró gestionar gracias a un oficio enviado por la Cancillería al Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país.

“Solicitamos el apoyo del Ministerio de Migración y Extranjería para regularizar el estado migratorio, se renueve la residencia del compañero González”, señaló el documento que advierte que la residencia del exfuncionario vencía el 14 de junio de 2025.

La Fiscalía General le imputó los delitos de lavado de activos, cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación en favor de terceros. En su momento, el exfuncionario no aceptó los cargos.

En medio de la diligencia, el exdirector del Dapre insistió en que no tuvo nada que ver.

“En este momento, lo que puedo decir es: ratificar todos y cada uno de los argumentos expuestos por la defensa. Ratificar mi inocencia frente a estos hechos y la terrible injusticia que se está cometiendo contra mí en este caso, del cual soy víctima. Aspiro a obtener del sistema judicial colombiano la justicia necesaria y obvia para un caso como este”, señaló el exfuncionario.

Esta es la decisión completa