Colombia acaba de abrirles la puerta a 85 excombatientes extranjeros que hacían parte de las filas de las Farc. Según el censo socioeconómico de las Farc, los candidatos a portar una visa especial que les concede el Estado para que se reincorporen a la vida civil son: 54 venezolanos, 16 ecuatorianos, ocho brasileños, dos chilenos, un argentino, una holandesa, un panameño, un dominicano y un francés.
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Esta visa especial se expedirá únicamente a quienes estén en los listados entregados por las Farc y que sean verificados por el Gobierno Nacional. Quien porte el documento, que tiene carácter indefinido, queda autorizado para ejercer cualquier ocupación legal en el país, incluida la posibilidad de tener una vinculación o contrato laboral.
La Cancillería queda facultada para autorizar y expedir la visa de beneficiario al cónyuge o compañero permanente, y a los padres e hijos menores de 25 años que dependan económicamente del excombatiente.
Este es el primer decreto que se expide en el marco del acuerdo de paz, en el que puede participar la exsecretaria Jurídica de la Presidencia Cristina Pardo. Como la norma fue expedida después de dejar la Casa de Nariño, los magistrados consideraron que no estaba impedida en este debate y fue seleccionada como ponente.
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En total fueron ocho los magistrados que apoyaron su ponencia; solo la magistrada Gloria Ortiz se apartó de la mayoría. En el concepto emitido por la Procuraduría, también le pidió a este alto tribunal que tumbara la norma, al considerar que el trámite se pudo haber hecho por las vías ordinarias y no a través del ‘fast track‘. Para el Ministerio Público, el acuerdo solo especificó el cumplimiento de compromisos con excombatientes de las Farc, pero no con ciudadanos extranjeros, por lo que no encontró un argumento lo suficientemente fuerte para utilizar las facultades presidenciales en el marco de la paz.
El decreto 831 que acaba de recibir la bendición de la Corte impuso también una serie de limitaciones a la estadía. En este sentido, perderán la visa especial los excombatientes extranjeros que se ausenten por dos años del país o que incumplan con los requisitos que se deriban del acuerdo, como no volver a delinquir y participar con verdad y reparación en el el resarcimiento de las víctimas.