El Estado se 'raja' por el sistema de salud del Chocó

Luego de que el hoy exdefensor del Pueblo Jorge Armando Otálora denunciara la existencia de una crisis en el funcionamiento de la salud en el Chocó, la Corte Constitucional ha tratado de tomar correctivos, impartiendo directrices de diversa índole a autoridades políticas y organismos de control.

El alto tribunal, a través del magistrado Jorge Iván Palacio, ha seguido estrictamente el cumplimiento de las medidas, en procura de que las entidades adopten planes efectivos para mejorar la atención a los usuarios, mejorar la disponibilidad de pacientes, garantizar el suministro de medicamentos y contribuir a la superación de la crisis.

Pero no todo ha sido color de rosa desde esa intervención. La Corte Constitucional advirtió que hay entidades como la Procuraduría, la Presidencia, la Fiscalía, el Congreso y autoridades locales que, con su incumplimiento, no han permitido conjurar del todo las anomalías que vive la salud del departamento, donde el caso del Hospital San Francisco de Asís ha merecido un tratamiento especial.

El año pasado la Defensoría del Pueblo puso al descubierto el oscuro panorama. Falta de ambulancias adecuadas, suspensión de pagos al personal, falta de disponibilidad de medicamentos, desgreño administrativo, falta de contratos vigentes de profesionales en áreas esenciales y otros problemas eran el día a día de esa institución de atención médica.

Por eso, el entonces jefe de la entidad Jorge Armando Otálora pidió la intervención de la Corte Constitucional. En respuesta, ese organismo judicial se desplazó hasta el lugar, donde adelantó una cumbre de poderes en la que participaron autoridades de todas las ramas, a fin de evaluar la situación y adoptar un plan de emergencia.

Al hacerse evidente el déficit, el despacho del magistrado Palacio emitió órdenes precisas a diversas entidades, con el anhelo de que se concretara un modelo de gestión sólido y efectivo para mitigar el impacto de mil y una carencias del sistema de salud que vivía el departamento pacífico.

A la hora de evaluar el cumplimiento de las medidas, el tribunal encontró que si bien los esfuerzos de la Contraloría y la Defensoría han permitido aliviar en algo la situación, el incumplimiento de los demás organismos ha impedido el establecimiento de una solución definitiva.

La Presidencia de la república es uno de los rajados. Tenía la misión de suscribir un programa de trabajo concertado con las demás entidades. El plazo se cumplía el 30 de octubre y hasta el sol de hoy no ha allegado a la Corte el documento que demuestre que cumplió.

Otra que recibió una mala calificación por no cumplir fue la Procuraduría. Se le había encomendado el designar a un funcionario que vigilara el cumplimiento de las órdenes y que presentara su propio plan de acción, pero a la fecha solo ha solo ha cumplido con la primera parte.

A propósito de las acciones de ese organismo de control frente al caso, la corporación jurídica se pregunta el por qué de la suspensión del agente interventor del Hospital San Francisco, que había sido nombrado por la Superintendencia de Salud. Sin embargo, la Corte cree que quien debe ofrecer explicaciones frente es el Ministerio de Salud.

En igual nivel de desatención cayeron la Fiscalía, la Comisión Séptima del Senado, los representantes a la Cámara por Chocó, el Gobernador, el personero de Quibdó y el agente interventor de la ESE Hospital San Francisco de Asís. Ninguno de ellos presentó el documento que consagrara su plan, dice el organismo judicial.

En consecuencia, el despacho del magistrado Palacio ordenó a estas entidades que cumplan sus compromisos y expliquen detalladamente el por qué de sus omisiones.

Además instó a la ministra para la Presidencia, Lorena Gutiérrez, a que diseñe el plan de coordinación con las diversas entidades, estableciendo responsabilidades para cada una de ellas. La iniciativa debe contar con un cronograma para facilitar la verificación del cumplimiento de tareas y “las etapas para crear el documento Conpes para conjurar las fallas enunciadas en un término inferior a dos (2) años”.

También se le pidió al Ministerio de Salud por qué cree que la adjudicación de la administración del Hospital por medio de licitación pública puede llegar a contribuir a la las tan ansiadas soluciones. En definitiva, se busca que esa cartera le informe a la Corte cómo piensa reinventar la estructura administrativa de la institución.