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Arauca Julio Enrique Acosta. | Foto: Archivo SEMANA

JUDICIAL

Corte Suprema anula sentencia contra exgobernador de Arauca Julio Enrique Acosta

La Sala Penal dejó sin efectos su condena a 28 años, dentro del escándalo de la parapolítica, debido a que su caso no estuvo a cargo del fiscal general.

31 de marzo de 2016

En noviembre del 2013 la Fiscalía logró convencer a un juez de Medellín (Antioquia) de la responsabilidad del exgobernador de Arauca Julio Enrique Bernal en un homicidio que fue perpetrado por los paramilitares. En ese entonces el político fue condenado a 28 años de prisión por haber participado en el crimen y haberse aliado con las Autodefensas. Sin embargo, un error de forma acaba de dejar sin efectos ese proceso.

Cuando el Tribunal Superior de Medellín estaba próximo a resolver el caso en segunda instancia, la Sala Penal del alto tribunal anuló gran parte de esta actuación por considerar que el procesado terminó siendo investigado por autoridades que no tenían competencia para hacerlo.

En consecuencia, la Corte ordenó que se adelantaran los trámites para concederle la libertad, en caso de que no tuviera otras cuentas pendientes. Además, determinó que la Fiscalía debe retomar el caso a partir del momento en que terminó la investigación por los supuestos nexos de Acosta Bernal con los paramilitares, para que sea el jefe de la entidad quien siga adelante con la indagación.

En el 2003 fue asesinado el registrador Juan Alejandro Plazas Lomónaco por el grupo Vencedores de Arauca de las Autodefensas. Según la Fiscalía, el homicidio tuvo la intención de favorecer la llegada de Julio Enrique Acosta Bernal a la Gobernación. Además, Miguel Ángel Mejía Múnera, alias el ‘Mellizo‘, dijo que existían órdenes del jefe paramilitar Carlos Castaño de apoyar con dinero las aspiraciones políticas del indiciado.

Según declaraciones de otros desmovilizados, la muerte del registrador fue un favor al entonces candidato, como contraprestación de varios compromisos que este habría asumido con el grupo armado ilegal.

A través de esos testimonios y otros elementos de prueba, el organismo investigador acusó al exfuncionario ante un juez especializado de la capital antioqueña. Para ese despacho judicial, quedaron probados los nexos del dirigente con el paramilitarismo y su responsabilidad en el crimen investigado, por lo que lo condenó por homicidio y concierto para delinquir.

Como era de esperarse, la defensa del político presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de la misma ciudad. Sin embargo, esa corporación dudó sobre su competencia para resolver el recurso, por lo que remitió el caso a la Corte Suprema de Justicia para que allí se definiera qué autoridad era la responsable de haber juzgado al exgobernador.

Para la Corte Suprema, el proceso sí estuvo marcado por un vicio de competencia, pues debió estar en cabeza del fiscal general de la Nación. Por eso, decidió anular el caso desde la fase de cierre de investigación. Eso significa que la entidad acusadora debe volver a examinar el expediente y determinar si hay mérito o no para acusar nuevamente al político.

Mientras el ente investigador define la situación jurídica del Julio Enrique Acosta Bernal y decide si lo acusa o no por el llamado escándalo de la ‘parapolítica‘, el exjefe de la administración departamental de Arauca deberá permanecer en libertad, en caso de que no tenga otras cuentas pendientes con la justicia.