Crimen y castigo

La juez Marilis Hinojosa sintió miedo cuando vio a cuatro hombres en el interior de un Montero gris estacionado a un lado de la vía que une los municipios de Codazzi y Becerril en el Cesar. Mientras conducía su auto le dijo a la amiga que viajaba con ella que presentía que algo malo les iba a suceder. Y no se equivocó.

Cuando cruzó por el lado del Montero, éste arrancó y empezó a seguirlas. En uno de los sectores menos transitados de la vía el campero comenzó a golpear la parte trasera del vehículo en el que viajaban las dos mujeres. Durante varios kilómetros la juez maniobró hábilmente su carro y soportó las embestidas para sacarla del camino. De un momento a otro dos de los hombres que viajaban en el Montero comenzaron a disparar ráfagas con armas automáticas. Abaleado, el auto de Hinojosa se detuvo unos metros más adelante. Los hombres descendieron del Montero y se acercaron al carro. Después de verificar que la juez había muerto por los impactos de bala que recibió y ver que su acompañante estaba inconsciente y muy mal herida, los asesinos huyeron del lugar.

Este homicidio ocurrió a las 12:30 de la tarde del 27 de enero de 2003 y causó una gran conmoción en los medios judiciales nacionales. Con tan sólo 42 años de edad Hinojosa llevaba 16 años en la rama judicial y se había destacado por ser una de las jueces más valientes e implacables del país. A diferencia de algunos de sus colegas, no le temblaba la mano para hacer justicia en una región que, como Cesar, tiene una fuerte presencia de paramilitares. Tras su muerte muchos pensaron que ese crimen, como el de muchos jueces, quedaría en la impunidad. Sin embargo, después de un año y medio de investigaciones, el pasado 28 de mayo un fiscal de la unidad nacional de derechos humanos terminó la investigación del caso y dejó al descubierto el macabro complot que rodeó el asesinato de la funcionaria.

Los primeros indicios del caso señalaban que Hinojosa había sido asesinada porque se había convertido en un obstáculo para que un grupo de paramilitares de la zona se apoderara ilegalmente de unas tierras. La investigación de la Fiscalía, la cual fue apoyada por miembros del CTI y la Dijin enviados desde Bogotá, descubrió que el verdadero motivo del asesinato era el control de la alcaldía de Becerril.

En los primeros días de 2003 la juez manifestó su interés de participar como candidata a la alcaldía de Becerril en las elecciones de octubre de ese año. Como era muy popular en la zona, sus opciones de triunfar eran altas. Cuando los jefes paras de la región se enteraron de las pretensiones de la juez, le dijeron que tenía que abandonar sus aspiraciones o de lo contrario no llegaría viva a la posesión, en caso de que ganara. Frente a esta sentencia optó por no postularse. Sin embargo, su sobrino retomó la iniciativa y decidió lanzarse a la alcaldía respaldado por la juez. Esa decisión también iba en contra de los intereses de los paramilitares, quienes decidieron eliminar a la funcionaria.

De acuerdo con la investigación que adelantó la Fiscalía, 'Tolemaida', uno de los más importantes jefes paras de la zona, fue quien dio la orden de matar a la juez. Por medio de interceptaciones telefónicas, seguimientos y testigos, los fiscales consiguieron armar el complejo rompecabezas de las personas que participaron en el crimen y quienes, además, también eran parte de la red de los paramilitares en Cesar. Se consolidó un organigrama encabezado por el alcalde de Becerril, Jhony Amaya y su colega del municipio de Codazzi, Tomás Ovalle. La Fiscalía los acusa de haber planeado y ejecutado el asesinato de la juez Hinojosa. Según la investigación ellos, entre otras cosas, se encargaron de conseguir y coordinar a los sicarios. Junto con los dos alcaldes, la Fiscalía demostró que otros funcionarios municipales de Codazzi y Becerril también participaron activamente en el plan y ayudaron a los paras en ese homicidio. En la resolución de la semana pasada el Fiscal sindica a un total a 25 personas, todas ellas capturadas, de estar relacionadas directamente con el crimen y de haber servido activamente en otras actividades de los grupos de autodefensas del Cesar. Con esta investigación la Fiscalía no sólo evitó que la muerte de la juez Hinojosa quedara en la impunidad sino que de paso le propinó uno de los más duros golpes a las estructuras paramilitares en el norte del país.