¿Crimen de Estado?

Si alguna bomba periodistica había aparecido en los últimos tiempos era la información según la cual Fernando Botero Zea revelaba que el asesinato de Álvaro Gómez había sido un crimen de Estado. Teniendo en cuenta que eso significa, palabra más palabras menos, que al ex dirigente conservador lo mató el gobierno, el ex ministro de Defensa de Ernesto Samper estaba colocando la responsabilidad de ese magnicidio directamente en la cabeza de su antiguo jefe. Por eso se creó una gran expectativa cuando Botero rindió su testimonio ante representantes de la Fiscalía y la Procuraduría en la embajada de Colombia en México. Eso sucedió el 9 de junio pasado y no es sino ahora, más de un mes después, que comienza a salir a flote el contenido de su declaración.

Para quienes la han leído en su totalidad, lo que queda claro es que de ese testimonio no se puede concluir que fue un crimen de Estado. El ex ministro fundamenta su acusación en interpretaciones políticas y no en conocimiento de hechos. El eje central de su tesis es que ante la dimensión que iba adquiriendo el escándalo de la narcofinanciación de la campaña de Ernesto Samper, todas las energías del gobierno se volcaron en neutralizar ese escándalo. Y como en el país no se hablaba de otra cosa, la prioridad era darle un vuelco a lo que el gobierno denominaba "la agenda periodística". En otras palabras, crear noticias espectaculares para que la opinión pública hablara de otra cosa y disminuyera la presión contra el gobierno.

Botero relata cómo mientras él estaba recluido en la Escuela de Caballería, desde agosto de 1995, el ministro Horacio Serpa lo visitó en más de 30 oportunidades para comentar la crisis y discutir alternativas que pudieran cambiar la agenda periodística. Agrega que el propio Samper lo visitó dos veces para explicarle "una serie de proyectos de ley que el gobierno tenía preparados para resolver mi situación legal al interpretar la figura del enriquecimiento ilícito a favor de terceros, de tal manera que no pudiere interpretarse la parte de terceros como una entidad abstracta como lo era una campaña presidencial. Según Samper, esta reforma legal le quitaría el piso jurídico a mi detención, lo cual permitiría mi liberación inmediata". En lo que se refiere a este último, se ha confirmado que efectivamente sí se le hizo ese ofrecimiento al ex ministro, pero que la magnitud del escándalo impidió que se concretara. Esto fue lo que finalmente lo llevó a él a cambiar de bando y a delatar al Presidente como el principal responsable de la narcofinanciación. Como se sabe, esa estrategia fracasó porque Botero cometió un gran error: en lugar de confesar que él y Samper sabían, decidió inculpar al Presidente y exonerarse a sí mismo, lo cual acabó costándole la cabeza y salvando la de Ernesto Samper.

Pero, volviendo al tema del cambio de la agenda periodística, Botero señala que se llegó a diseñar un documento donde se barajaron diferentes propuestas para distraer a la opinión pública. En esta lista estaban la desmilitarización de una zona para negociar con las Farc, hablarle a Venezuela con tono duro sobre el diferendo limítrofe o hacer algo parecido con el disputado territorio marítimo con Nicaragua. En general se trataba de estremecer al país con algo que produjera un consenso nacional para eclipsar la tormenta del 8.000.

En ese ambiente tuvo lugar el asesinato de Álvaro Gómez el 2 de noviembre de 1995. Y la argumentación que tiene Botero Zea para deducir que fue un crimen de Estado es que la prioridad del gobierno era cambiar la agenda periodística y ese magnicidio lo logró.

Interrogado sobre si tenía alguna prueba que pudiera asociar el asesinato con el afán de variar los titulares de prensa, el ex ministro contestó que no. Sin embargo, agregó que Serpa sí le había contado en varias ocasiones que el prestigio y la estatura política de Álvaro Gómez podrían unir a la oposición y representar una amenaza para la estabilidad del gobierno. En cuanto a esa afirmación, Serpa le comentó a SEMANA: "Comparto ese comentario sobre la importancia de Álvaro Gómez, pero jamás hablé de él con Fernando Botero y nunca lo consideramos una amenaza para el gobierno".

Otro elemento que agregó el ex ministro a favor de la tesis del crimen de Estado fue la reacción del entonces presidente Samper después del asesinato, la cual describió como "muy propia de su personalidad, era una combinación de tristeza protocolaria con una sensación de alivio por las implicaciones políticas". Puntualizó que el alto gobierno seguía detenidamente los editoriales de El Siglo, el medio a través del cual Gómez ejercía su influencia, a medida que se iba radicalizando esa oposición. Su conclusión es que con la muerte de Gómez "se eliminó la más seria amenaza para la estabilidad del gobierno y se convirtió en un hecho profundamente intimidante para la oposición".

Las anteriores afirmaciones son curiosas, pues si bien Gómez Hurtado tenía un gran prestigio individual, nunca tuvo ninguna posibilidad de unir a las fuerzas de oposición que se habían creado después de que se confirmó que Ernesto Samper había llegado a la Presidencia gracias al dinero del cartel de Cali. En el momento de su muerte Gómez era una figura respetada, pero no un protagonista de la vida nacional como lo había sido en el pasado. Su voz era una más de las múltiples de oposición que incluían instituciones,

gremios, dirigentes políticos y empresarios, periodistas, etcétera. Más daño le hacían al gobierno en ese momento las opiniones de Hernán Echevarría o las columnas de Enrique Santos. Por otro lado, El Siglo era un periódico marginal y más moderado que gran parte de los medios de oposición, los cuales eran considerados conspiradores por el gobierno.

Paradójicamente es el propio Botero quien en un momento dado le quita piso a la teoría del crimen de Estado. Cuando la Fiscalía le pregunta de manera directa quién cree él que ejecutó el magnicidio de Gómez Hurtado, contestó: "No tengo ese conocimiento. He leído muchas hipótesis. La más convincente de todas ellas la leí en la revista SEMANA, en la cual plantea que este crimen pudo haber sido cometido por elementos del cartel del Norte del Valle con claros propósitos políticos: distraer la atención del país sobre el proceso 8.000, darle un segundo aire al gobierno de Samper, eliminar la más grande amenaza para el gobierno y en últimas garantizar un gobierno con el cual tenían puentes de comunicación y amistad".

Con excepción de la familia de Álvaro Gómez, en los círculos políticos no se le ha dado mayor credibilidad a la tesis de la vinculación directa de Ernesto Samper y Horacio Serpa con el asesinato del líder conservador. Fernando Botero ha insinuado esa posibilidad, pero en sus declaraciones deja la impresión de que hay más intención de venganza que pruebas. Eso es en cierta forma entendible si se tiene en cuenta que al fin y al cabo, él terminó siendo el símbolo de un escándalo del cual no fue el único responsable. La gente cuando se siente traicionada dice muchas verdades, pero también se obsesiona y exagera. Ese parece haber sido el caso en la afirmación de Fernando Botero de que el asesinato de Gómez Hurtado fue un crimen de Estado.