Fiscal critica tratamiento penal "arrodillado" a cultivadores de coca

Si hay un tema que ha enfrentado al fiscal Néstor Humberto Martínez con las autoridades que desde el Gobierno manejan la política de lucha contra las drogas es el relacionado con el manejo de los narcocultivos. 

Esta vez el escenario de confrontación se dio en el marco de un proyecto de ley que busca darle beneficios penales a los pequeños cultivadores, según quedó establecido en el Acuerdo Final de Paz con las Farc. Pocas horas después de radicarse la iniciativa, el fiscal Martínez la calificó como un retroceso en la lucha antinarcóticos y aseguró que no es un tratamiento penal diferenciado sino "arrodillado". 

"La eliminación de penas y la creación de un nuevo tipo penal no beneficia exclusivamente a quienes forman parte de un programa de desarrollo alternativo sino a todo aquel que quiera sembrar, así sea para siempre, cultivos de coca, marihuana y amapola en Colombia", dijo.

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El proyecto presentado por el Ministerio de Justicia propone que haya cesación de la acción penal para pequeños cultivadores que tengan maximo 3,8 hectáreas sembradas de coca. Según el fiscal, al comentarle de estos reparos al ministro para el posconflicto, Rafel Pardo, este se declaró "atónito" con los efectos que podría tener el proyecto. 

"Para decirlo en una sola palabra, la Fiscalía se declara aterrada con una iniciativa como esta en medio del boom de los narcocultivos en Colombia, no es posible debilitar la política antinarcóticos, este proyecto de ley reduce la penas en hasta un 80% para quienes tengan cultivos ilícitos no importa si son industriales. No se trata solo del pequeño cultivador".

Puntualmente, el fiscal cuestiona que se modifique el Código Penal para beneficiar a cultivadores que pueden no ser parte de un programa de sustitución de cultivos ilícitos. Y que se concedan beneficios penales indiscriminados y permanentes a cultivadores de coca, marihuana o amapola. "Es un muy mal mensaje para la lucha contra las drogas". 

En este orden de ideas plantea que es un extremo el que se plantee por primera vez la legalización de cultivos ilícitos hasta en 18 metros cuadrados. Esta -dice la Fiscalía- podría ser una puerta para que cultivados industriales puedan ampararse en la ley para cambiar la dinámica de siembra y reemplazar las grandes plantaciones por pequeños cultivos sin tener consecuencias penales. "Podría ser una puerta para los cultivadores industriales a partir del ‘pitufeo’ puedan ampararse de la acción judicial del Estado”, indicó.

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El fiscal le envió una carta con estas anotaciones al Ministro de Justicia, Enrique Gil Botero. Cabe recordar que con esta cartera, Martínez sostiene una constante confrontación precisamente por el manejo de la política antidrogas. 

Estas dos autoridades en el tema chocaron por la suspensión de las aspersiones aéreas con glifosato, decisión tomada en el seno del Consejo Nacional de Estupefacientes. Sin embargo, uno de los asuntos que más le sacan chispas a esta relación es el tratamiento penal beneficioso para pequeños cultivadores que quedó firmado en los acuerdos de paz.