DE ARMAS COMPRAR

A MEDIADOS DE 1990, EL Pentágono -el organismo que rige los asuntos de defensa en Estados Unidos- envió una remesa de armamento ligero y pesado a la base del Comando Sur acantonada en Ciudad de Panamá. Como la base militar está ubicada en el que ha sido históricamente considerado como el corazòn del mercado negro de armas del mundo, las autoridades estadounidenses tomaron todas las medidas de seguridad que el envío ameritaba. Fue así como días después el cargamento partió a su destino en medio de la más estricta protección. Lo increíble de esta historia es que un año después -el 13 de agosto de 1991- las autoridades colombianas capturaron en el centro de Bogotá a Carlos Alfonso Figueroa Parra, quien pretendía venderle a un frente urbano de las FARC 24 granadas para mortero M49A4. La sorpresa fue mayúscula para los organismos de inteligencia cuando descubrieron que el armamento que estaba negociando Figueroa Parra hacía parte de la remesa enviada por el Pentágono al Comando Sur en Panamá.
Este delicado caso hizo saltar la alarma entre los organismos de seguridad de Colombia y Estados Unidos y los llevó a pensar que Colombia se estaba convirtiersdo en el epicentro del mercado négro de armas. La muerte de Pablo Escobar, en diciembre pasado, es la más reciente confirmación de esta hipótesis. Al morir, el jefe del cartel de Medellín tenía en su poder tres sofisticadas armas: una pistola Sig Sauer, modelo P226, calibre 9 milímetros; una pistola Glock, modelo 19, fabricada en Austria, y una pistola Pietro Beretta Gardone, fabricada en Estados Unidos por la Berben Corporation de Nueva York, modelo 92 SB Compact. Que Escobar tuviera en su poder armas de contrabando no era mayor novedad.
Se trataba de tres pistolas de muy difícil consecución. Las pesquisas preliminares indican que por lo menos dos de ellas habían sido traídas a Colombia el año pasado. Tan sólo la Pietro Beretta había sido adquirida hace varios años, cuando en octubre de 1986 uno de los hombres de Escobar la compró en el almacén El Cazador,en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). El caso de estas pistolas es apenas una muestra. Antes de la muerte de su jefe, el cartel de Medellín habìa perdido por acción de las autoridades más de 500 fusiles AR-15 Colt fabricados en E.U. y 40 cohetes antitanques M-66, a pesar de que conservaba esas armas en caletas muy bien camufladas.
Las autoridades colombianas han encontrado armamento similar y aún más sofisticado en los decomisos a los grupos guerrilleros. Mientras en 1987 los decomisos a las FARC solían ser de carabinas M-1 con capacidad de seis tiros, en las últimas operaciones llevadas a cabo por el Ejército a ese grupo guerrillero se han encontrado fusiles AK-47 de fabricación rusa con capacidad de 25 tiros. A juicio de voceros militares, esto significa que las FARC han multiplicado por cuatro su capacidad de fuego. Similares hallazgos han resultado recientemente en operaciones contra bandas paramilitares y delincuentes comunes.
Sólo en aquellos que soportan una frontal guerra civil en su interior, como es el caso de Bosnia, se ha detectado mayor compra de armamento de contrabando que en Colombia, país que se ha convertido en el mayor destinatario de armas y municiones en Occidente, tal como lo revelan distintos informes de inteligencia de Estados Unidos y Colombia.
Según diversas investigaciones especializadas, algunas de ellas evaluadas por el Centro de Estudios Internaciorlales de la Universidad de los Andes, el contrabando de armas es hoy en Colombia el segundo negocio ilegal más lucrativo después del narcotráfico, algo que nadie hubiera podido siquiera imaginar hace apenas un par de décadas y que sin duda ensombrece aún más el panorama de la violencia en el país. Con el fin de medir el verdadero alcance de esta actividad ilícita, SEMANA consultó fuentes de los organismos de seguridad colombianos, el Ministerio de Defensa y tuvo acceso a documentos de las autoridades estadounidenses y panameñas sobre el tema.

EL FACTOR CENTROAMERICA
Como todo fenómeno económico, este boom armamentista criollo ha resultado de la combinación de una fuerte demanda y una generosa oferta. En cuanto a la demanda, en Colombia actúa la guerrilla más numerosa y beligerante del continente, y operan los carteles de droga más temidos y mejor organizados del planeta. Hay además numerosos grupos paramilitares en diferentes regiones y bandas de secuestro y extorsión conformadas por delincuentes comunes tanto en zonas rurales como urbanas. Todas estas organizaciones tienen algo en común: cuentan con suficientes recursos financieros para consumir gran cantidad de armas y municiones.
En cuanto a la oferta, una serie de acontecimientos y coyunturas internacionales la ha ampliado de manera dramática en los últimos años. El primero fue la desmovilización de la guerrilla salvadoreña, que generò una disponibilidad de modernas armas -en especial fusiles AK47- como pocas veces se había visto. La oferta se hizo aún mayor con el desarme de la 'contra' y la 'recontra' nicaraguenses. Para los organismos policiales internacionales hay reiteradas evidencias de que las armas que esos grupos no entregaron en los procesos de paz de sus países son vendidas, a muy bajos precios, a intermediarios de grupos colombianos por fuera de la ley.
En el mercado clandestino de Managua, por ejemplo, se venden fusiles AK-47 a 40 dólares (unos 32.000 pesos), cuando de fábrica cuestan 300 dólares (unos 240.000 pesos). El negocio es redondo. Esas mismas armas puestas en Colombia y distribuidas al menudeo, se venden a 1.500.000 pesos por unidad. Entre tanto, una pistola 9 milímetros se consigue en El Salvador por 200 dólares y se vende en Colombia por 2.000; un fusil se compra en 9 dólares y se vende en 50.
Otro hecho que explica esta oferta desbordaba es que poco después de la invasión a Panamá, en diciembre de 1989, la inteligencia estadounidense tuvo conocimiento de que el general Manuel Antonio Noriega mantenía ocultos en las estaciones de Policía, algunos cuarteles militares y sedes políticas de sus amigos, 20.000 fusiles AK-47, con el fin de entregarlos a los 'batallones de la dignidad' que trató de conformar, sin mayor éxito, antes de la invasión. Para recuperar esas armas, el gobierno de George Bush ofreció recompensas de 160 dólares por cada arma devuelta y la promesa de no investigar a quien la entregaba. De esta manera y como resultado de algunos allanamientos, fue posible decomisar cerca de 10.000 fusiles, más o menos la mitad de lo que los informantes sostenían que habían escondado los hombres de Noriega. El destino del resto de los fusiles es un misterio, aunque repetidamente aparecen armas de éstas en manos de algún grupo colombiano, en especial de las guerrillas.
La explicación es elemental y hasta pintoresca: la guerrilla colombiana compra a mejor precio que los gringos. Según fuentes de inteligencia nacionales, está pagando entre 170 y 200 dólares -dependiendo de la cantidad de fusiles del cargamento- por unidad. Esto pudo confirmarse hace un año, tras la caída en manos de la Policía panameña de una lancha con 200 fusiles AK-47 que había salido de Puerto Obaldía, en el vecino país, con destino al puerto de Zapsurro, en el Urabá, donde un frente de las FARC se quedó esperándolos. Las personas capturadas en la lancha revelaron importante información que fue luego compartida por las autoridades panameñas con las colombianas.
Pero hay un tercer elemento en todo este análisis. Durante el gobierno sandinista fueron creados en Nicaragua los llamados Comités de Defensa Sandinista, copia de los Comités de Defensa de la Revolución creados por Fidel Castro en Cuba. El gobierno sandinista entregó a los miembros de estos comités un buen número de armas "para defender la revolución". Se sabe que muchas de estas armas, ante la difícil situación que viven los habitantes de este pequeño país, son cambiadas por comida, ropa o dinero. Las autoridades colombianas han descubierto un comercio clandestino entre San Andrés y la costa nicaraguense. En pequeñas embarcaciones han encontrado diversos fusiles y granadas, escondidos debajo de los pesados cargamentos de camarones. De la misma manera se ha detectado el intercambio de armas nicaraguenses por electrodomésticos procedentes de San Andrés.

POR AIRE Y MAR
La verdad es que el boom de importación ilegal de armas en Colombia no se dio de la noche a la mañana. Hace unos 15 años el país ya era un importante comprador de armas ligeras en el mercado negro de Panamá y el Caribe. Los cargamentos solían llegar por mar e ingresar por aquellas costas que contaban con menor vigilancia, como las de La Guajira, Urabá y el Pacífico.
El 15 de noviembre de 1981 el buque Karina, que traía un importante cargamento de armas para el M-19, fue hundido por una torpedera de la Armada Nacional. Este episodio marca el principio del fin de la utilización de la modalidad de los grandes cargamentos traídos por vía marítima.
Como era cada vez más difícil traer estos grandes cargamentos en barco, se acudió a un nuevo sistema. Tal como lo relató a las autoridades estadounidens es el narcotraficante arrepentido Max Mermelstein, inicialmente los aviones dejaban la cocaína en Estados Unidos y se devolvían cargados de armamento. Sin embargo, a medida que los estadounidenses mejoraron los controles a los vuelos clandestinos provenientes del exterior, y ante la creciente dificultad que implicaba descargar las aeronaves en tierra, los narcotraficantes se vieron obligados a arrojar la droga desde el aire, con lo cual comenzó a desaparecer el sistema de llevar droga y cargar de armas la nave para el vuelo de regreso.
Este acontecimiento obligó desde entonces tanto a los narcotraficantes -y a la propia guerrilla, que solía recibir de ellos armas a cambio de proteger narcolaboratorios en la selva- a crear sus propias redes de suministro de armas. Las autoridades colombianas creen que las FARC han consolidado algunas zonas fronterizas y costeras por las que ingresan el grueso de su armamento. La más importantes de ellas es, tal vez, el golfo de Urabá, que cumple con la doble condición de estar cerca de Panamá -por donde las armas clandestinas, a pesar de la invasión estadounidense, se siguen paseando-, y de contar con numerosas y recònditas ensenadas que facilitan cualquier descargue.
Esto explica, a juicio de las autoridades colombianas, las últimas masacres ocurridas en Apartadó y el Urabá antioqueño. "Aunque pudiera pensarse que las FARC buscan mantener su preeminencia política en la zona -dijo una fuente oficial a SEMANA-, lo cierto es que están tratando de proteger una de las regiones por donde les entra más del 80 por ciento de su armamento". Por esta zona, en efecto, le están entrando a la guerrilla fusiles AK-47, granadas y otros explosivos, junto con otro sofisticado armamento ruso, checo y de algunos países de la otrora órbita soviética, donde también han quedado disponibles importantes cantidades de armas. La red descubierta está operando en las inmediaciones de Chigorodó, Riosucio y Bahía Cupica.

DE NORTE A SUR
Las demás redes nacionales de contrabando de armas son compartidas indistintamente por narcos y guerrilleros. Una de las rutas más importantes cruza el sur del país, siguiendo el curso del río Patía. Los cargamentos son dejados en boca Salahonda y se introducen luego por los municipios de Policarpa, Balboa, Patía, La Sierra, Paisbamba y Popayán. Otra red parte de Tumaco y se extiende por la frontera ecuatoriana siguiendo los municipios de El Diviso, Junín, Ricaurte, Piedra Ancha, Túquerres, Yacancuer y Pasto. Al occidente, la ruta más usada empieza en Buenaventura, recorre los municipios de Loboguerrero y Tuluá y termina en Cartago (Ver recuadro).
Los intentos de golpe de estado en Venezuela consolidaron también una ruta por Arauca y Norte de Santander. Según fuentes oficiales, las armas que no alcanzaron a usar los golpistas han sido vendidas al ELN. De igual manera, la presión ejercida por el presidente peruano Alberto Fujimori contra los terroristas de Sendero Luminoso ha desviado muchas armas hacia la guerrilla colombiana. A estos acontecimientos se suman la infiltración de las Fuerzas Armadas de Venezuela y el Ecuador por delincuentes de diferente orden, dentro de los que se cuentan traficantes de armas a nivel internacional. En el caso de Ecuador, no sólo se traen armas de contrabando sino peligrosos explosivos como la dinamita gelatinosa, empleada por el cartel de Medellín en los atentados en Bogotá en 1992 y 1993.
En buena parte de los casos, las autoridades han descubierto que los fusiles, pistolas y revólveres son introducidos no enteros, sino desarmados, al país y camuflados. "Hemos encontrado armamento entre neveras, debajo del chasis de vehículos, dentro de llantas de repuesto y en caletas acondicionadas en los carros. Ello dificulta el rastreo de las armas", dijo a SEMANA una fuente de seguridad.

¿DESARMADOS?
Aunque el contrabando de armas está tomando ribetes insospechados, en la agenda de la política internacional este tema aún no ha sido discutido de menera abierta. Y eso se debe quizás a las grandes presiones económicas que están asociadas con su comercio. "No puede perderse de vista -según Gabriel de Vega, director nacional de Estupefacientes- que la producción y el comercio de armas constituye una actividad económica de amplia extensión y atractivos rendimientos, regida en últimas por las leyes existentes en el mercado". Según De Vega, más allá del boom de la oferta de armas usadas procedentes de Centroamérica, no hay que olvidar que "en Estados Unidos hay cerca de 270.000 distribuidores de armas oficialmente registrados, que reportan utilidades anuales de más de 1.400 millones de dólares". Al fin y al cabo, muchas de las armas que pasaron de Centroamérica a Colombia, tenían origen estadounidense.
Para nadie es un secreto que ese país es el mayor proveedor de armas legales e ilegales en el mundo. Según estipula su Constitución de 1776, los ciudadanos están autorizados a comprar y portar armas como una forma de garantizar su libertad frente a un régimen tiránico. Este precepto ha sido un verdadero dolor de cabeza para el mundo entero. Por un lado, ha fomentado la violencia interna en ese país y, por el otro, ha facilitado la provisión de armas a narcotraficantes y guerrilleros en América Latina y otras regiones del mundo.
Por ahora, frente al auge inusitado del tráfico de armas, las autoridades colombianas han tomado una serie de medidas al respecto, entre ellas el control al porte de armas por parte de civiles. Asimismo se está trabajando en la conformación de una legislación mucho más drástica en cuanto a las sanciones.
En todo caso, con el tráfico de armas está pasando lo contrario que con el de narcóticos. Mientras Colombia argumenta que hay tráfico de drogas porque hay demanda en Estados Unidos, en ese país empiezan a decir que hay tráfico de armas porque hay demanda en Colombia. No obstante, se vislumbra una luz en el camino: la semana pasada ambas naciones firmaron -por primera vez- un acuerdo de cooperación mutua para enfrentar este flagelo. El lío es que en tanto la muerte siga siendo un buen negocio las perspectivas no son muy halagadoras.