De la gloria al infierno

Cuando el ex presidente peruano Alberto Fujimori, el pasado primero de abril, tomó la palabra en su juicio soltó una frase a manera de testamento político: "Tuve que gobernar desde el infierno, no desde Palacio. Ningún presidente recibió un país peor al que yo heredé". Tras un año y cuatro meses de audiencias públicas, le había llegado el turno para defenderse: "Puedo decir con convicción que mi estrategia de pacificación fue la correcta".

Ese alegato final es significativo. Porque si bien Fujimori siempre se declaró inocente y reclamó que nunca hubo una prueba que lo condenara, esas palabras buscaban disculpar sus acciones, y tratar de convencer a los magistrados, o por lo menos poner al pueblo de su lado, con el argumento de que el fin justifica los medios. Para Fujimori, que rigió los destinos de Perú desde 1990 y durante 10 años, derrotar al terrorismo de Sendero Luminoso, que había costado cerca de 70.000 muertos, era un fin superior que justificaba pasar por encima de otro mal menor.

Pero la Corte no aceptó esa argumentación. En su sentencia dijo que los cargos "se encuentran probados más allá de cualquier duda razonable", que Fujimori conoció las actividades de 'guerra sucia' del grupo Colina, compuesto por agentes del Estado, y trató de ocultar los hechos y amnistiar a los autores. Por esas razones lo condenó a 25 años de prisión como "autor mediato" por los cuatro crímenes por los que se le juzgaba: las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército. La figura penal de "autor mediato" es parecida a la de autor intelectual que se utiliza en Colombia, es decir, se condena también a quien utiliza a otra persona o a escuadrones de la muerte para cometer sus fechorías.

El fallo ya es calificado como un hito en la historia de la justicia. En particular en América Latina, donde se han impuesto hombres fuertes por encima de las instituciones, se constituye en un triunfo pocas veces visto del aparato judicial sobre los caudillos. Lo que solía ocurrir hasta ahora era que los mandatarios con faltas graves terminaban sus días en un exilio dorado en el exterior. Los 25 años de condena a Fujimori dan para destacar una gran paradoja de la historia: el ex presidente peruano, de la misma manera que su némesis, Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso, acabará sus días en prisión.

Así empezó todo

Fujimori es la historia de un fenómeno político que derrotó en las urnas a los dos peruanos más reconocidos en el mundo: al escritor Mario Vargas Llosa (en 1990) y al ex secretario general de la ONU Javier Pérez de Cuéllar (en 1995).

Su llegada a la Presidencia era completamente improbable. A pocos meses de las elecciones de 1990, Fujimori, un ingeniero agrónomo y rector de la Universidad Agrícola Nacional, era un desconocido que aparecía en las encuestas en el grupo de los que marcan menos del 1 por ciento.

Perú estaba al borde del colapso económico. Los precios eran unos en la mañana y otros en la tarde por cuenta de la hiperinflación, que llegó a más de 7.000 por ciento. El Estado enfrentaba la amenaza terrorista de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amarú (Mrta). Sendero, en especial, controlaba algunas zonas rurales donde funcionaba como una guerrilla y tomó la periferia de las ciudades para aparecer con sangrientos carro bombas y asesinatos selectivos. También tenía infiltradas las universidades públicas, donde abundaban las paredes con el rostro de su líder, Abimael Guzmán.

En la campaña mientras Vargas Llosa hablaba de un shock para recuperar la economía, Fujimori desde un tractor ofrecía "honradez, tecnología y trabajo". La imagen de que los japoneses son metódicos y ordenados jugó a su favor, así como la campaña de desprestigio hacia Vargas Llosa, el apoyo del entonces presidente Alan García y el desprestigio de los partidos políticos. Con la ayuda de los grupos evangélicos, ganó votos puerta a puerta y llegó a la segunda vuelta. Al ganar las presidenciales impuso un drástico plan de ajuste para liberalizar la economía, el 'fujishock', que parecía calcado de la propuesta de Vargas Llosa. Tuvo éxito en detener la monstruosa hiperinflación, un primer motivo para explicar su popularidad. En esos primeros años, ocurrió la primera matanza por la que lo condenaron, la de Barrios Altos (3 de noviembre de 1991): el llamado grupo Colina -un grupo especial integrado por agentes de inteligencia del Estado- llegaron en dos camionetas al patio de una casa y acribillaron a 15 personas, entre ellas un niño de 8 años.

La masacre conmocionó al país entero. El Congreso citó a un gran debate en el que un parlamentario expuso ante el Ministro de Defensa y varios generales documentos secretos que mostraban que el lugar de la masacre venía siendo investigado por un comando de inteligencia militar. Ante el precario avance en la investigación formal el Congreso creó una comisión especial para investigar el caso.

El autogolpe

En medio de un duro enfrentamiento con un Congreso bastante impopular, Fujimori dio su famoso autogolpe el 5 de abril de 1992. Disolvió el Congreso, intervino el poder judicial y asumió plenos poderes para "luchar contra la corrupción judicial, el narcotráfico y el terrorismo". La mayoría de los peruanos aplaudió.

Fue esa madrugada cuando secuestraron al periodista Gustavo Gorriti, otro de los cargos por los que fue condenado. Y ese mismo día también, con el golpe, se trató de echar tierra al caso de la masacre de Barrios Altos. En primer lugar, desaparecieron todas las pruebas que había recogido la comisión del Congreso en contra del grupo Colina, y con el golpe a la justicia, las investigaciones por la masacre fueron engavetadas. Cuando la prensa y algunos fiscales intentaron resucitar las indagaciones, el régimen logró que estos procesos pasaran a la justicia penal militar. Colina siguió con sus crímenes, y el 18 de julio de ese mismo año desaparecieron a un grupo de estudiantes y un profesor de la Universidad de La Cantuta. Esta fue la segunda matanza por la que se procesó a Fujimori, quien profirió leyes de 'autoamnistía' a favor de los oficiales investigados y luego se preocupó de que dichas leyes fueran rotuladas con un parágrafo que impedía la revisión de cualquier autoridad judicial en Perú.

Con el autogolpe, el Ejército se fracturó y uno de los bandos comenzó a filtrar informaciones a los periodistas, que cumplieron un importante papel en ese turbio contexto (ver recuadro). La prensa habló desde muy temprano de un escuadrón de la muerte compuesto por militares, con lo que los servicios de inteligencia y su controvertido jefe, Vladimiro Montesinos, continuaron adquiriendo protagonismo.

A pesar de las denuncias de la prensa, el país en general no parecía darse por enterado de la barbarie que se estaba dando con el patrocinio del Estado. En buena parte, porque querían librarse del terrorismo de Sendero Luminoso a toda costa. Y las cosas se le dieron a Fujimori. En julio de 1992 se produjo la acción más sangrienta que Lima recuerde, la muerte de 25 personas por un carro bomba, y dos meses después se dio la captura de Abimael Guzmán, la cabeza de Sendero Luminoso. Fujimori lo presentó al país en una jaula y vestido con el tradicional uniforme de rayas de los presos, y así garantizó su popularidad.

"Cuando llegan al poder, Fujimori y Montesinos desarrollan una estrategia de escuadrones de la muerte para torturar, secuestrar y asesinar a los presuntos terroristas, pero eran muy torpes, daban palos de ciego y cometieron muchas matanzas -explicó a SEMANA el analista y ex ministro del Interior Fernando Rospigliosi-. No fue esa estrategia la que acabó con el terrorismo, sino un grupo policial que existía desde antes y estaba centrado en capturar a Abimael Guzmán y lo capturó en septiembre de 1992 sin disparar un tiro, ni matar a nadie".

El crecimiento económico y la derrota de Sendero Luminoso le bastaron a Fujimori para asegurar su primera reelección. En 1995, con el 64 por ciento de los votos, derrotó al ex secretario general de las Naciones Unidas Javier Pérez de Cuéllar y de paso se apuntó la mayoría absoluta en el Congreso. El fujimorismo reinaba. A finales de 1996 llegó el otro hito en la lucha antiterrorista: la toma de la residencia de la embajada de Japón por el Movimiento Revolucionario Tupac Amarú, que se creía derrotado. En un espectacular rescate, transmitido en directo por la televisión, después de 126 días de zozobra, los secuestradores fueron sometidos por las fuerzas de seguridad, que ingresaron por túneles al edificio. Los 14 subversivos fueron abatidos. A pesar de las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, la operación fue considerada un éxito rotundo, con dos bajas entre los comandos y apenas uno de los 72 rehenes muertos.

La segunda reelección.

A medida que se acercaba su segunda reelección, el gobierno era cada vez más cuestionado. La Constitución de 1993 sólo permitía una reelección, pero el congreso fujimorista aprobó la llamada "interpretación auténtica" (a la que se opuso el tribunal constitucional), una escandalosa voltereta jurídica, según la cual la nueva carta política había entrado en vigor durante su primer mandato y por tal motivo la del 1995 contaba como su primera elección. A eso se sumó que en el intento de Fujimori de crear un nuevo partido político para las presidenciales de 2000, como acostumbraba en cada elección, se destapó que había falsificado las firmas con las que registró su movimiento. El gobierno llegó muy desgastado por las denuncias a esa cita electoral. Al final, el candidato opositor, Alejandro Toledo, se retiró para la segunda vuelta y cantó fraude.

Fujimori se mantuvo en el poder, pero perdió las mayorías en el Congreso y el declive parecía inevitable. La cara más oscura del régimen era inocultable. En un clima político enrarecido, se conocieron las denuncias del contrabando de armas de Montesinos a las Farc y, apenas mes y medio después de asumir Fujimori por tercera vez, se divulgó uno de los famosos 'vladivideos', en el que Montesinos soborna a un congresista para cambiarlo de bando. Las protestas se multiplicaron, todo se precipitó y Fujimori, obligado a convocar nuevas elecciones, aprovechó una gira por Asia para quedarse en Japón y enviar su renuncia por fax el 19 de noviembre de 2000. El gobierno de Fujimori había llegado a su fin, pero la novela de su captura apenas empezaba.

Con Fujimori fuera del poder la justicia volvió a marchar en Perú. El gobierno de transición que asumió, creó un novedoso sistema anticorrupción y la suerte de Fujimori quedó echada. En 2001, además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia sobre el caso de Barrios Altos, tumbó las leyes de autoamnistía proferidas por Fujimori y de esta manera éste y otros procesos revivieron.

Exilio y regreso? Fujimori era un prófugo, pero a pesar de las solicitudes tanto de Lima como de la Interpol, vivió tranquilo en Japón, donde disfrutó la nacionalidad nipona que lo mantenía blindado. Hasta se daba el lujo de transmitir un programa semanal de radio, La Hora del Chino. Desde allí, en un evidente error de cálculo, planeó durante años un regreso de héroe a Perú. Según revelaba un artículo de The New York Times en 2003, por esos días envió una cuidadosa biografía a diversas oficinas en Washington para limpiar su nombre y pavimentar el camino de regreso. Juzgaba que sus 'éxitos' en la lucha antisubversiva serían mejor apreciados en un nuevo contexto mundial caracterizado por la guerra contra el terrorismo.

Como parte de esa estrategia buscaba regresar a su país para presentarse en las elecciones presidenciales de 2006. Así viajó al continente en 2005 y al aterrizar en Chile fue arrestado. Fue un ataque de delirio. En otro giro sorprendente buscó un escaño en el Senado japonés por el Nuevo Partido de los Ciudadanos, para blindarse de la extradición. Consiguió 51.612 votos que no le alcanzaron para su propósito.

El país que gobernó "como un jefe mafioso", en palabras de Human Rights Watch, lo recibió como un reo cuando la extradición finalmente se concretó en 2007. Lo que siguió fueron los 15 meses del llamado 'juicio del siglo'. Cuando llegó al alegato final, aprovechó una de las dos sesiones, más que para defenderse de los cargos, para defender su obra de gobierno y, a pesar de sentirse ya condenado políticamente, pasarle el testigo a su hija Keiko, que es hoy la congresista más votada del Perú. Esa razón tal vez explica las palabras de Fujimori en el alegato final: "Pero sobre todo estoy sereno porque se me acusa por un tema que estoy convencido la historia terminará reconociéndome como el Presidente que les devolvió la paz y la estabilidad. Cuando el Perú esté depurado de pasiones, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos estudiarán los sucesos. ¿Qué nombre leerán en su libro de texto cuando estudien el capítulo de la paz?

El pasado martes, el desenlace fue el esperado. En la calle, las víctimas celebraron la condena y sus seguidores la protestaron indignados. La condena contra Alberto Fujimori sepultó su carrera política, pero no cierra el capítulo del fujimorismo, movimiento que heredará su hija y que ya es candidata a las presidenciales de 2011. En algunos sondeos lidera con 19 por ciento la intención de voto pese a que ya ha prometido indultar al padre en caso de ser elegida.

La condena de Alberto Fujimori es una lección para el mundo. El hombre que se presentó como un salvador, aplicando la filosofía del mal menor frente al terrorismo, al cabo de nueve años de dejar el blindaje que le brindó el cargo de Presidente y de 17 años de ocurridos los hechos, se dio cuenta de que la defensa de los derechos humanos sigue siendo un principio vigente en su país y en el mundo.