"Es una ofensiva sin precedentes contra la autonomía del Poder Judicial"

El movimiento Defendamos la Paz volvió a unir esfuerzos para enviar un mensaje de alerta a la comunidad internacional. Esta vez la carta fue dirigida a Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, y busca la protección de los magistrados de las altas cortes, porque a su juicio, vienen siendo blanco de “sucesivos ataques y presiones (...) que se constituyen en una ofensiva sin precedentes contra la autonomía del Poder Judicial”.

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Esta vez, la gota que rebosó la copa fue la cancelación de la visa estadounidense a los magistrados Antonio José Lizarazo y Diana Fajardo, de la Corte Constitucional, así como a Eyder Patiño, de la Corte Suprema de Justicia, a quien se la devolvieron días después. “Nos preocupa que la amenaza de retiro o el retiro de las visas a magistrados sea una medida de carácter coercitivo o punitivo ad portas de sentencias de importancia para las relaciones bilaterales”, asegura el movimiento.

Ha sido tanto el revuelo de la decisión de Estados Unidos de retirar las visas que la embajada de este país se pronunció en la noche del domingo. Aseguró que los expedientes de las visas son confidenciales y que este país tiene amplia autoridad de revocar las visas cuando así lo considere necesario. Esto al tiempo que reiteró que respetan “la soberanía de Colombia”, y resaltó las buenas relaciones bilaterales que han existido hasta ahora.

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El movimiento que nació en medio de la coyuntura por las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP, ha tomado fuerza al levantar las banderas de la defensa de paz desde el amplio espectro político y social. Allí se encuentran desde los exnegociadores del proceso de paz con las Farc, los líderes sociales que temen por sus vidas, exministros, miembros de organizaciones civiles, hasta congresistas de casi todos los partidos.

De alguna manera, en el chat, que hoy tiene 186 participantes, se alinearon las fuerzas políticas del Sí. Ilustración: Jorge Restrepo.

Para Defendamos la Paz las alarmas no solo se deben encender por el episodio de las visas, sino por el conjunto de acciones internas que pondrían en riesgo el poder judicial. En la lista se encuentran las interceptaciones a los magistrados de la Corte Constitucional que el mismo fiscal general, Néstor Humberto Martínez, reconoció como ciertas, aunque todavía no hay claridad de quién las ordenó. “No está claro el avance de las investigaciones anunciadas. Como usted sabe, los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional han sido objeto de escuchas e interceptaciones ilegales en el pasado”, se lee en el documento que además va con copia al secretario general de la ONU, António Guterres, y al relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán.

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A esto se suman las denuncias sobre amenazas de muerte a los magistrados. Justo antes de la audiencia pública de la Corte Constitucional sobre la aspersión aérea con glifosato, el magistrado Alberto Rojas –ponente de la sentencia en esta materia- recibió un sufragio y, poco después, su esposa recibió otro.

Defendamos la Paz también advirtió que los magistrados de la JEP están siendo víctimas de presiones. Recordaron que la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes lleva un proceso contra Patricia Linares, presidenta de la JEP, y el magistrado Alejandro Ramelli de la misma jurisdicción, y esto tiene “claramente una orientación política, pues están dirigidas a penalizar el sentido de las sentencias de los altos tribunales”. Dicha orientación política estaría acentuada, a su juicio, por la composición de la comisión, que es mayoritariamente gobiernista. El movimiento asegura que los congresistas del Centro Democrático que han estado “en contra del proceso de paz” no se han declarado impedidos dentro de la comisión aunque debían hacerlo.

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“Hasta el día de hoy, no se conoce ninguna clase de pronunciamiento por parte del presidente de la república ni del Gobierno nacional sobre estas alarmantes acciones, a pesar de que una delegación de magistrados se encontró con el presidente para hacerle conocer sus inquietudes. Un silencio preocupante en condiciones en las que se hace patente que los altos tribunales y sus jueces no cuentan con las garantías mínimas necesarias que requiere su labor”, advierten en el documento.

Ante todos estos hechos expuestos, los 361 firmantes de la carta de Defendamos la Paz le piden a la alta comisionada de la ONU que verifique los hechos, se pronuncie lo antes posible y en los informes que deba presentar ante los órganos del sistema de las Naciones Unidas, “solicite que se tomen en forma inmediata medidas de protección para los magistrados y que los órganos competentes investiguen con eficacia las amenazas, interceptaciones y hostigamientos”.