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| 5/10/2019 12:01:00 AM

La justicia bajo presión: Estados Unidos les quitó la visa a tres magistrados

La presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz, y dos magistrados fueron al Palacio de Nariño para informar la situación. A su turno, el presidente Iván Duque se comunicó con el saliente embajador de Estados Unidos en Bogotá, Kevin Whitaker, para tratar de apaciguar las cosas.

La justicia bajo presión: Estados Unidos les quitó la visa a tres magistrados La justicia bajo presión: Estados Unidos les quitó la visa a tres magistrados Foto: Revista SEMANA

Durante semanas, magistrados de las altas cortes intentaron contener el escándalo. En los medios de comunicación se especuló que a miembros de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional habrían perdido la visa a Estados Unidos. Pero por la delicadeza de lo que esta noticia representaba, el manejo que se acordó fue el de las vías políticas y diplomáticas, en el completo hermetismo. Los magistrados afectados y sus colegas hicieron un pacto de silencio. Sin embargo, el malestar en círculos políticos y judiciales fue tal que el tema explotó. 

SEMANA pudo confirmar que Estados Unidos sí retiró las visas a los magistrados de la Corte Constitucional Antonio José Lizarazo y Diana Fajardo. También lo hizo con el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Eyder Patiño. 

Lo que ocurrió en las altas cortes fue objeto de una dura queja que puso la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz, al presidente Iván Duque. El pasado lunes 6 de mayo, acompañada del vicepresidente de esta corporación Alberto Rojas y de la magistrada Diana Fajarado sostuvieron una cita muy reservada en la Casa de Nariño donde expusieron sus temores por la falta de garantías que está afrontando la justicia. 

Los juristas le pusieron de presente al jefe de Estado el inconveniente que tuvo el magistrado Lizarazo, el ponente de la Ley Estatutaria de la JEP, quien antes de salir a Semana Santa fue notificado por parte de Estados Unidos del retiro de su visa. Para esa fecha, Lizarazo afrontaba el luto por la muerte de su madre, razón por la cual estuvo ausente. Una vez regresó a Bogotá se ocupó del problema y logró solucionarlo directamente con la Embajada de Washington en Bogotá. Funcionarios estadounidenenses le aseguraron que todo había sido un impasse rutinario. Le reactivaron la visa previa demostración de que no tenía investigaciones activas en la Comisión de Acusación del Congreso, el órgano competente para procesar a los magistrados y demás dignatarios del Estado.

En contexto: Santrich, la cara de las objeciones al trámite de extradición

Días después otros miembros de la Corte Constitucional se dieron cuenta que no fue un problema de rutina. A la magistrada Diana Fajardo, clave en los debates de los asuntos relacionados con el proceso paz que se han dado en este tribunal, también le fue notificada la suspensión de su visa. Al igual que a Lizarazo le habrían pedido certificar que no tiene procesos pendientes en la Comisión del Congreso.

A estos dos hechos se sumó el retiro de la cooperación por parte de Estados Unidos a cuatro proyectos de modernización en la Corte Constitucional que estaban ya definidos y contaban con el presupuesto asignado por la embajada. Esta última notificación les llegó después del 3 de abril, cuando se canceló la cena que tenían programada entre los magistrados y el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Withaker. Todo junto fue entendido como una presión y por ello resolvieron poner al tanto al presidente Duque. En la cita, los magistrados le anunciaron a Duque que si el Estado no estaba en la capacidad de brindarles las garantías para continuar haciendo su labor estarían dispuestos a suspender la expedición de sentencias. 

Lo que se esconde detrás de los desplantes diplomáticos de Estados Unidos con la justicia colombiana tiene nombre: extradición. En enero, el presidente Duque tomó la decisión de objetar seis puntos de la Ley Estatutaria de la JEP, dos de ellos relacionados directamente con la extradición de excombatientes y civiles. Aunque desde el comienzo la opinión pública anticipó que estarían derrotadas en el Congreso y después en la Corte Constitucional, las objeciones se convirtieron en el punto más importante de la agenda política. 

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Para antes de Semana Santa, las objeciones recibieron un tremendo golpe en la Cámara de Representantes, en donde fueron sepultadas con 110 votos en favor de hundirlas y 44 en contra. Este momento coincide con la notificación de Estados Unidos sobre la visa del magistrado de la Corte Constitucional que fue ponente de esta norma. Lizarazo es el encargado de volver a proyectar una decisión de fallo, después de que el Senado envió la totalidad del expediente para revisión constitucional. 

Antes de que fuera designado nuevo ponente, Lizarazo le manifestó a la Sala Plena de la corte los interrogantes por el tema de la visa, razón por la cual se declaró impedido. Por supuesto, sus colegas rechazaron rotundamente la posibilidad de que se hiciera a un lado. 

Corte Suprema, en la mira

Pero si por la Corte Constitucional llueve, en la Suprema no escampa. El magistrado de la Sala Penal Eyder Patiño también le fue retirada la visa. Él decidió manejar el tema en completo hermetismo y no se tiene claro si el documento para ir a Estados Unidos ya le fue reactivado o no. 

El caso de Patiño tendría relación directa con el trámite de extradición de Jose Martín Yama Guacanés, un indígena de la comunidad San Juan de los Pastos, en Ipiales (Nariño). El hombre fue grabado por la DEA adelantando transacciones de droga y fue requerido en extradición por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.

La Corte Suprema de Justicia con ponencia del magistrado Patiño tomó la decisión de negar la extradición a Estados Unidos bajo la protección del principio del non bis in idem (no ser juzgado dos veces por el mismo delito) en vista de que la comunidad indígena ya lo había sancionado. El resguardo anexó incluso la constancia según la cual ya había sido condenado por narcotráfico a 10 años de prisión por las autoridades de su resguardo bajo los parámetros de la jurisdicción indígena. Aunque el concepto de extradición fue proferido el 21 de marzo del 2018, viene generando malestar desde entonces. 

Puede leer: ¿Por qué es imposible que en la corte revivan las objeciones?

Pero no es el único asunto delicado que la Corte Suprema de Justicia tiene entre manos. Este tribunal ha cambiado la jurisprudencia en los últimos años de modo que en los casos de jefes paramilitares solicitados en extradición ha ponderado el derecho que tienen  las víctimas de un proceso de paz a conocer la verdad y a ser reparadas por encima de los acuerdos de cooperación con Estados Unidos. Han negado las extradiciones.

Esta línea jurídica fue retomada por la Ley Estatutaria de la JEP que intentó convertir estas consideraciones en unos requisitos de obligatorio cumplimiento. Pero fue derrotada en el Congreso. De modo que cuando el estudio llegó a la Corte Constitucional fueron Lizarazo y sus colegas los encargados de devolverle la vida a estas nuevas reglas en los trámites de excombatientes. Con una arista adicional: los magistrados y el Congreso también extendieron la garantía de no extradición para todos aquellos terceros que estuvieran respondiendo ante la Jurisdicción Especial para la Paz. 

Además de este punto, este jueves comenzó la discusión en la corte para decidir si separa completamente al fiscal general Néstor Humberto Martínez de las 18 líneas de investigación del caso Odebrecht. El tema es sensible porque hay algunos magistrados que consideran que el pronunciamiento de la Corte Surpema debería ir mucho más allá y pedirle que se haga a un lado de la Fiscalía. Ante las decisiones claves que se vienen en este alto tribunal, se ha especulado que otros dos magistrados podrían perder la visa. 

El presidente Duque escuchó con atención a los tres magistrados de la Corte Constitucional que fueron a Palacio a hablarle del problema de las visas y demás señales que percibía como presiones indebidas por parte de Estados Unidos. Un ingrediente que agrava aún más la situación es que en las últimas semanas los magistrados de la Corte Constitucional se han sentido espiados al punto que remitieron cartas al búnquer de la Fiscalía y a la Policía para que se les informe si están siendo interceptados.

Frente a esto el propio fiscal general les confirmó, el viernes pasado, que desde enero le sigue la pista de una organización criminal que tendría interés en chuzarlos. Mártinez Neira señaló que cuenta con audios que respaldan el asunto. Y por si todo ello fuera poco, el magistrado Alberto Rojas hace cerca de un mes recibió dos amenazas de muerte por medio de sendos sufragios. Estas intimidaciones ocurrieron cuando el togado preparaba la famosa audiencia pública en la que la Corte escuchó argumentos en favor y en contra de reactivar las fumigaciones con glifosato.    

"Aunque hasta ahora los magistrados se han movido con prudencia y confían que la crisis será superada, han dejado claro el mensaje: no se van a dejar presionar"

El presidente Duque comprendió que la situación que le expusieron los magistrados era un asunto de soberanía con delicadas implicaciones por lo que decidió tomar el toro por los cachos. Ese mismo día buscó comunicarse con el embajador Whithaker y le planteó que toda la situación configuraba no un lío para los miembros de la Corte Constitucional sino de problema de Estado.

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Después, justo antes de emprender su viaje a Estados Unidos, Duque se comunicó con la presidenta de la Corte Constitucional y le dio un parte de tranquilidad. El presidente contó de su conversación con el embajador y la magistrada presidenta a su vez trasmitió este mensaje a todos los miembros de ese tribunal en la Sala Plena. Aunque las aguas parecen estar calmándose el malestar en la Corte Constitucional y en la Suprema se mantiene. Algunos magistrados consideran que el episodio incluso ameritaría un pronunciamiento en conjunto como voceros de la justicia pues sienten que la cadena de insucesos son un irrespeto a la majestad e independencia de la justicia colombiana por parte de Estados Unidos. 

El pasado 5 de abril, Estados Unidos le revocó la visa a la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda. Dos años atrás, esta fiscal había anunciado que estaba buscando la posibilidad de iniciar una investigación formal sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán, incluso por el ejército de Estados Unidos. En este contexto, Estados Unidos también anunció el retiro de la visa a todo aquél que colabore en el caso. Ante esta decisión Bensouda, una eminencia del derecho en los países bajo la competencia de este tribunal, manifestó que seguirá haciendo  su labor “sin temor”.

Lo mismo se espera de las cortes colombianas. Aunque hasta ahora los magistrados se han movido con prudencia y confían que la crisis será superada, han dejado claro el mensaje: no se van a dejar presionar.

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