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| 3/1/2018 12:43:00 PM

282 líderes sociales fueron asesinados en Colombia desde 2016

La expansión del ELN, las disidencias de las Farc y los herederos del paramilitarismo amenazan sus vidas en Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Nariño, Valle del Cauca y Chocó. ¿Qué más dice la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo?

Defensoría del Pueblo: 282 líderes sociales asesinados en Colombia 282 líderes sociales fueron asesinados en Colombia desde 2016 Foto: Archivo Particular

Ser líder social en las regiones donde la guerra ha terminado y se empieza a construir la paz, se siente como una sentencia de muerte. Desde el 2016 han asesinado 282 líderes sociales y Defensores de Derechos Humanos según la Defensoría del Pueblo. En una alerta temprana emitida este jueves, la entidad advierte que los esfuerzos se quedan cortos a la hora de atajar la violencia que se propaga en los territorios.

“No puede haber ni un líder social o defensor de derechos humanos más asesinado en Colombia y por eso reiteramos la obligación que tiene el Gobierno de reforzar su seguridad y de garantizar la labor social que ellos realizan en todo el país”, manifestó el defensor Carlos Alfonso Negret Mosquera. Cauca (75), Antioquia (38), Norte de Santander (17), Nariño (15), Valle del Cauca (15) y Chocó (14), son los departamentos con más casos registrados.

Le puede interesar: ¿Cuántos líderes sociales han sido asesinados?

De acuerdo con el seguimiento que históricamente ha hecho la entidad hay tres dinámicas que rodean los homicidios: 1) la expansión del ELN que ha derivado en enfrentamientos con la Fuerza Pública 2) la conformación de disidencias de las FARC y 3) la consolidación de área de dominio de los grupos armados posdesmovilización como lo que viene ocurriendo en Córdoba, Sucre, Magdalena, Chocó, Antioquia, Risaralda, Caldas, Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Putumayo.

Con la advertencia, se pone a prueba la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a Alertas Tempranas (Ciprat) -que se creó hace un mes- y que permitirá coordinar y poner en marcha las medidas preventivas y de reacción rápida. Es decir, para responder con prontitud ante las alertas tempranas.

Una de las cosas que más preocupa a la Defensoría es que luego de emitir el informe de Riesgo 010-17, se hayan presentado tres homicidios a personas que hacían parte del grupo poblacional expuesto en situación de riesgo. Se trata de Porfirio Jaramillo Bogallo, líder de restitución de tierras de la comunidad Guacamayas, parte del territorio colectivo de La Larga Tumaradó, fue asesinado en Turbo. Bernardo Cuero Bravo, miembro de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa Esperanza del municipio de Malambo (Atlántico), integrante de la mesa de víctimas municipal murió unos meses después. Sandra Yaneth Luna, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Totumito –Carbonera del municipio de Tibú, Norte de Santander.

La alerta coincide con la presentación del informe anual Piedra en el zapato que hizo el programa Somos Defensores. El "Informe Anual 2017. Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Colombia", señala que la cifra de 106 asesinatos supone un aumento del 32,5 % en comparación con 2016.

Eso significa que el año pasado "en promedio cada tres días fue asesinado un defensor o defensora de derechos humanos en Colombia", se señala en el documento, que además critica la respuesta del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos a este problema.

"Al irse cerrando la conflictividad armada en Colombia, que a la postre impedía ver otros serios conflictos territoriales", los defensores de derechos humanos de zonas rurales, "se convierten en una ‘piedra en el zapato‘ para quienes ostentan el poder real, pues ven en estos activistas sus más enconados enemigos para la búsqueda de sus intereses particulares y control territorial", asegura.

El informe añade que "todos los estudios" determinaron que la mayoría de estos homicidios "corresponden a defensores relacionados con la tierra y el territorio con enfoques étnicos y poblacionales", tales como campesinos, indígenas, afrodescendientes y líderes comunales de zonas rurales.

Según esta ONG, al presidente Santos, que concluirá su segundo mandato de cuatro años el próximo 7 de agosto, se le reconoce el haberse "jugado su capital político por la búsqueda de la paz", pero "su deuda" con los defensores de derechos humanos y líderes sociales "es grande: 532 asesinatos" en siete años.


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