Cambalache de coca por bosque

Cada mañana, Jorge Enrique Moyano sale de su casa en la vereda Los Laureles, ubicada en la altas montañas de El Doncello en Caquetá, para ordeñar sus 14 vacas, revisar el corral de las gallinas y recoger frutos de café. Lo acompaña Andrés, un rubio rozagante de 3 años, el menor de sus dos hijos. Ambos visten sombreros aguadeños y botas de caucho negras.

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Padre e hijo primero dan un paseo por el bosque de su finca La Florida, una mancha verde que ocupa 10 de las 16 hectáreas del predio. Andrés imita movimientos, palabras y hasta el parado del papá. Y los mensajes de Jorge calan en su hijo. Por eso, cuando un amigo de la familia le regaló al niño una pequeña motosierra de plástico, Jorge enseguida le advirtió que la usaban para cortar bosque. Cuando ve el juguete, todavía nuevo, Andrés dice a media lengua: “¡Eso mata los árboles!”.

“Cultivé coca. Con ese dinero compré esta finca hace 14 años, en donde seguí sembrándola. Pero nunca estaba en paz. Vivía pendiente de que llegara alguna autoridad o la fumigaran. De hecho, la fumigación muchas veces me mató el cultivo”, cuenta este hombre de 42 años.

Al recibir incentivos para producir lo que necesitan, los campesinos conservan el bosque con la convicción de que están asegurando su futuro.A la izquierda, Jorge Moyano usa su nueva despulpadora. A la derecha, William Delgado, su vecino.

Hace cuatro años la erradicó por completo. No dejó rastros en su finca y en las dos hectáreas que destinaba para tal fin sembró café, sin tener mucha idea. “Hoy mi corazón está libre. Los cafetales dan granos durante ocho meses. Tengo la conciencia tranquila porque mi trabajo es legal y les doy ejemplo a mis hijos”.

Premio por cuidar el bosque

Jorge siempre tuvo curiosidad por saber si las 12 hectáreas de bosque de su predio, en donde nace un caño que surte de agua a siete familias, podrían generarle algún tipo de ingreso. Siempre lo cuidó, jamás tumbó un solo árbol para sembrar coca y lo convirtió en su refugio para charlar con Andrés, la luz de sus ojos.

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La respuesta le llegó en 2017, cuando Patrimonio Natural, la Fundación Picachos y la Gobernación del Caquetá les propusieron a esas siete familias de la vereda participar en un proyecto de incentivos a la conservación ambiental, que consistía en una especie de canje: por cuidar el bosque y el agua recibirían insumos para mejorar la producción agropecuaria.

“Yo acepté encantado”, recuerda Jorge. “Primero nos capacitaron por nueve meses. Aprendimos sobre el bosque, el manejo adecuado de los cafetales y cultivos, y la necesidad de conservar los nacimientos de agua”.

Por no tocar sus 12 hectáreas de bosque recibió una despulpadora de café, un motor de dos caballos para la máquina, dos rollos de alambre eléctrico para los cercos de la finca y plásticos y grapas para los cerramientos. Dispuso una hectárea más para sembrar 340 árboles como abarcos, guamos y aguacates.

A pocos metros de la finca de Jorge vive su mejor amigo, William Delgado, de 63 años. No hay semana que no compartan una taza de café, una ida al pueblo para vender mercancía o frijoladas familiares los fines de semana.

Nació en Quimbaya (Quindío), pero llegó al Caquetá de niño. Hace dos décadas, Flor Elisa, su esposa, heredó una finca de 23 hectáreas, llamada Las Palmeras, en donde también sembró coca, pero respetó el bosque y el nacimiento de agua.

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Hace un año, motivado por el proyecto de su vecino, William resolvió cultivar café, cacao, plátano, caña y maíz, y criar 10 vacas. Además, ratificó su compromiso de cuidar a capa y espada sus cinco hectáreas de bosque.

“Recibí materiales como hojas de zinc, montura, sillas de dos cachos para las bestias, una malla para la huerta, alambres y abono. También sembré 350 árboles como cedros, nogales, abarcos, ahumados y quiebra barrigas”, dice William, quien vive con su esposa y Santiago, su nieto de 4 años.

81 familias guardabosques

El proyecto de incentivos arrancó en 2016 con 81 familias de seis municipios del piedemonte caqueteño: Belén de los Andaquíes, El Doncello, El Paujil, Florencia, Morelia y San José del Fragua, quienes firmaron un documento en el que se comprometieron a conservar su bosque.

Por cada hectárea de bosque conservada, cada campesino recibió 300.000 pesos en incentivos como maquinaria, además de plantas y acompañamiento técnico. Sumado a esto, por cada cinco hectáreas de bosque conservado destinaron una hectárea extra para realizar siembras de bosque.

Por más de dos años el proyecto realizó 3.500 visitas de acompañamiento, que incluyeron jornadas de sensibilización, asesoría técnica sobre instrumentos económicos y ambientales, acciones sociales y capacitaciones agropecuarias, almuerzos comunitarios y seguimiento y monitoreo.

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Los resultados: 1.485 hectáreas de bosque conservadas y 1.231 hectáreas con cambio de uso del suelo más acorde con su vocación en las 81 fincas. Más de 16.000 árboles de especies forrajeras, maderables y frutales fueron sembrados en 50 hectáreas. Y nuevos aprendizajes sobre separación de residuos, conservación y elementos de bioseguridad.

Inversión y futuro

Diego Gómez, director de la Fundación Picachos, dijo que el proyecto tuvo como base el Decreto 953 de 2013, que obliga a los municipios a invertir el 1 por ciento de los ingresos tributarios corrientes en la protección y conservación de las zonas donde nace el agua.

“Bajo este instrumento, en 2016 Patrimonio Natural y Picachos le propusieron a la Gobernación hacer un convenio piloto de incentivos que permitiera conservar y recuperar las fuentes hídricas en los seis municipios del piedemonte”.

La iniciativa tuvo una inversión de más de 1.000 millones de pesos, monto que incluyó tanto el 1 por ciento de los ingresos tributarios corrientes de los municipios como aportes de cooperación internacional del gobierno de Estados Unidos a través de Usaid. Todo fue destinado para la compra de insumos, levantamientos topográficos, personal para asesoría y capacitación a los campesinos, fortalecimiento agropecuario y árboles.

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El proyecto ya finalizó. Por eso, Alberto Galán, director de Patrimonio Natural, dijo que para darle continuidad es necesario un acuerdo local que comprometa presupuestos y voluntad de alcaldías y gobernación para buscar otros recursos.