Con grabaciones a magistrados, Diego Palacio se declara víctima y demanda al Estado ante la CIDH

Diego Palacio no esperó a una nueva respuesta de la justicia. Días antes de que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia pareció reabrirle las puertas de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, el exministro radicó una demanda contra el Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Palacio, condenado a 6 años y medio de prisión por el caso de la ‘Yidispolítica’, por el ofrecimiento de puestos a cambio de votos para la reelección presidencial, entregó un documento de 56 páginas a la Comisión en el que pide la medida cautelar más apropiada para restablecer sus derechos, entre ellos su libertad. 

El exministro de Protección Social se declara, junto con 212 personas investigadas y otras 64 en proceso de juicio en Colombia, víctima de un sistema penal que no tiene segunda instancia para aforados. Sin embargo, el argumento más fuerte con el que el exfuncionario del gobierno de Álvaro Uribe busca un pronunciamiento del sistema interamericano está relacionado con que se le quitó -dice- el derecho al juzgamiento por parte de un juez independiente e imparcial. 

Para sustentar esta postura, la defensa de Palacio entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las grabaciones ilegales a miembros de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que fueron conocidas tiempo después de emitirse la sentencia del 15 de abril de 2015. 

El DVD contiene conversaciones del 27 de mayo y del 10 de julio del 2008 en donde se escucha a los magistrados hablando frente a los procesos contra altos exfuncionarios del Estado. El contexto de la primera grabación -dice el documento elaborado por la ONG Derechos & Justicia Asociados- es una discusión alrededor del impedimento del fiscal general Mario Iguarán y quién debía reemplazarlo en la investigación de un aforado.  

El resultado de la discusión fue la designación del vicefiscal para que asumiera la competencia, lo cual es considerado por la defensa de Palacio como un incumplimiento a la Ley y un desacato a los precedentes que señalaban que se debía nombrar a un Fiscal Ad hoc, cuyo nombre salía de una terna enviada por el Presidente de la República.

En una de las intervenciones, cita el documento, el magistrado Edgardo Villamil aseguró: “Además del fundamento jurídico, constitucional y técnico, pues el elemento político no escapa, pues estamos hablando de la investigación de los aforados. Necesariamente se inscribe en una inscripción política”.

El abogado de Palacio Víctor Mosquera también subraya el comentario hecho por el magistrado Jaime Arrubla: “Estamos hablando de conveniencias, no, no lo olviden. Pues el otro sistema es que el Presidente mande una terna; también perverso. Porque obviamente no va a desaprovechar la oportunidad para mandar tres amigos que medio le acomoden el entuerto”.  

Al respecto, el magistrado Alfredo Gómez comenta: “Enviar un mensaje en el sentido de que la Corte estará atenta al desarrollo de ese proceso en manos del vicefiscal. No es que se tenga desconfianza. Pero de todas maneras, sí es bueno ejercer de alguna manera vigilancia, así como de manera, algo lejana, la está haciendo la Sala Penal en relación con los procesos que adelanta la Fiscalía con la parapolítica”.

La segunda tanda de audios que presenta Palacio hace referencia a otra sesión en donde se discutió sobre la posición que debía tomar la Corte Suprema frente al tema de las tutelas contra sus sentencias. En particular se discutía cómo proceder frente a una acción de tutela interpuesta por Diego Palacio contra la sentencia condenatoria a Yidis Medina, en la cual el alto tribunal hacía unos duros señalamientos contra el exministro. 

Allí se escucha al magistrado Camilo Tarquino decir: “Pero mi invitación es a que las decisiones que aquí se tomaran hoy, o posteriormente a lo que se avecina frente a la tutela interpuesta por el Ministro de la Protección Social, es de que estuviéramos todos de acuerdo, ojalá que no hubiera salvamento de voto: ¡por conveniencia política!”.

La defensa del exministro alega que esta información fue puesta en conocimiento de la corte mediante una tutela que interpuso el 15 de octubre de 2015. Sin embargo, en el rechazo de la acción por parte de la Sala Civil y de la Sala Laboral -destaca el abogado- no hacen referencia alguna al contenido de estas grabaciones.  

Para ser cobijado con medidas cautelares de la Comisión, el exministro también argumenta "enemistad grave entre la víctima y su juzgador". Esto teniendo en cuenta que el 26 de junio de 2008 la corte profirió sentencia anticipada contra Yidis Medina y este fallo -dice Palacio- "de forma arbitraria, prejuzgó y condenó informalmente a Diego Palacio". "Le atribuyeron conductas penalmente reprochables, y presentándolo como culpable ante la opinión pública, cuando la víctima aún no había afrontado juicio alguno”.

Una vez comenzó a andar la fase inicial de la Justicia Especial para la Paz, el exministro de la protección Social postuló su nombre para que su caso fuera tenido en cuenta como un hecho ocurrido en el marco del conflicto. Sin embargo, hasta ahora el Tribunal competente ha cerrado esa posibilidad.

Palacio, sin embargo, insistió mediante una tutela y la Sala Civil de la corte le ordenó al tribunal volver a revisar los argumentos. En el nuevo pronunciamiento, se indica que la compra de votos para la reelección del expresidente Uribe era parte de una estrategia destinada a prolongar la política de Seguridad Democrática, de la que uno de los motores era el combate a la guerrilla de las Farc. Y en aras del trato "simétrico, simultáneo, equilibrado y equitativo" de los tratamientos penales especiales para los agentes del Estado, la corte revocó la decisión del tribunal y le ordenó emitir un nuevo pronunciamiento.  

La respuesta se dará en los próximos días, sin embargo, sea cual sea su caso ya entró al sistema interamericano.