Diferendo: ¿Qué quiere Maduro?

Un sorprendente decreto del presidente Nicolás Maduro para crear Zonas de Defensa Marítimas e Insulares desempolvó una larga historia de controversias diplomáticas entre Colombia y Venezuela. Hasta 1990, y desde los años sesenta, la falta de delimitación del golfo de Venezuela –sobre el cual los dos países tienen costas– había convertido en crisis recurrentes las conflictivas discusiones sobre cómo debía trazarse la frontera de las jurisdicciones de cada uno. El punto más angustioso fue el episodio de la corbeta Caldas, en agosto de 1989, cuando Bogotá y Caracas estuvieron a punto de llevar la confrontación al plano militar.

Pero justamente a raíz de esa crisis los presidentes Virgilio Barco y Carlos Andrés Pérez diseñaron un esquema para tratar los temas más sensibles de la agenda bilateral –en primer lugar la definición de la frontera marítima– con metodologías amistosas y constructivas. La idea del Acta de San Pedro Alejandrino fue permitir el trabajo en múltiples asuntos e impedir que el diferendo obstaculizara la cooperación y tensionara las relaciones. Luis Carlos Galán habló de “congelar el diferendo”. Los expertos interpretaron que se produjo una “desgolfización” de las relaciones.

Y hasta la semana pasada, las diferencias sobre el trazado de la frontera marítima no habían vuelto a alterar las relaciones bilaterales. De hecho en la última década y media otros asuntos, como la seguridad, la presencia de la guerrilla y los paramilitares en la frontera, y los contactos del chavismo con las Farc y el ELN, fueron los que generaron momentos de tensión. De alguna manera, el diferendo sobre el golfo se había congelado.

Pero se reactivó en los últimos días. El origen es el Decreto 1787 del 27 de mayo de 2015 firmado por Maduro, motivado principalmente en proteger los intereses de su país frente a Guyana. Con este país, vecino por el oriente, Venezuela sostiene una vieja disputa territorial que equivale casi a la mitad del área soberana de Guyana. Esta le entregó a la compañía Exxon Mobil una licencia de exploración petrolera –que resultó exitosa– en la costa localizada enfrente a la costa en disputa. Con el fin de hacer suyo el hallazgo petrolero, Maduro publicó el famoso decreto para incorporar a jurisdicción venezolana el punto en el que se encuentra la licencia de la Exxon.

La rápida protesta de este país y la presencia de actores internacionales que históricamente han formado parte del diferendo –Guyana fue colonia británica y las Naciones Unidas cumplen una función mediadora en el diferendo– hicieron que Maduro revisara los considerandos del decreto para reconocer el diferendo pendiente, aunque mantuvo las coordenadas hasta las que ejercerá las acciones de Defensa Marítima e Insular. El conflicto entre Venezuela y Guyana se creció: Maduro anunció una intervención en la Asamblea Nacional “en defensa de la soberanía” y “la unión del pueblo” contra la nueva agresión de la Exxon Mobil y de sus aliados imperialistas.

El rifirrafe tuvo secuelas en Colombia y resucitó el diferendo sobre el golfo de Venezuela. Al trazar las líneas hasta las que se extenderán las Zonas de Defensa venezolanas, el decreto de Maduro incluyó áreas que no están definidas como venezolanas, sino en disputa. Algunos en Colombia consideraron que este acto implicaba que Venezuela había hecho un intento de delimitación unilateral de las áreas en discordia. De hecho, el gobierno colombiano le entregó una nota formal de protesta, a través de su embajador en Bogotá, y la canciller María Ángela Holguín solicitó rectificar el decreto en lo que se refiere a Colombia y, en particular, para que la Cancillería venezolana deje en claro que reconoce el carácter indefinido –porque está pendiente de una negociación– del límite marítimo entre los dos países. La Cancillería de San Carlos tiene expectativas sobre una respuesta de su contraparte en Caracas en la semana que comienza.

Las preocupaciones que suscitó en Colombia el insólito decreto de Maduro se refieren a tres puntos. En primer lugar, a la posibilidad de que haya una intención de fijar de hecho una frontera marítima. Aunque las normas internacionales y la jurisprudencia son muy claros en cuanto a que un Estado no puede determinar ni alterar límites sino por medio de acuerdos o de mediaciones pactadas, un silencio colombiano habría podido ser interpretado como una aceptación tácita. La nota de protesta era necesaria, desde el punto de vista de la defensa de los títulos de Colombia frente a la comunidad internacional.

En segundo lugar, la movida de Maduro despertó interrogantes sobre su intencionalidad. ¿Por qué revolver el avispero? Como suele ocurrir, la hipótesis más acogida fue la de que el mandatario busca despertar un sentimiento nacionalista para generar apoyo en favor del gobierno. Más aún justo en momentos en que acaba de ser anunciada la fecha para las cruciales elecciones legislativas el próximo 6 de diciembre, en las que el gobierno chavista y la oposición se jugarán el todo por el todo. Este planteamiento, sin embargo, no ha sido sustentado por los hechos. Al contrario de lo que ocurría históricamente, en esta ocasión hubo más debate y discusión sobre el tema en Colombia que en Venezuela. En el país vecino la discusión escasamente ha sido recogida por los medios y ha tenido muy poca visibilidad. Incluso un reconocido internacionalista, Adolfo Taylhardat, en una columna en El Nacional cuestionó el decreto de Maduro por su falta de seriedad.

La tercera observación que se ha hecho en Colombia tiene que ver con el trazado de la línea hasta donde Maduro aspira a llevar a cabo las operaciones de defensa marítima. En el decreto Venezuela asume que su jurisdicción se extiende más al occidente de la que definían los borradores de acuerdo que llegaron a concretarse bajo los gobiernos de Álvaro Uribe, en Colombia, y de Hugo Chávez, en Venezuela.

En efecto, el expresidente Uribe hizo público un hecho que había pasado inad-

vertido hasta ahora. En octubre de 2007, la Comisión Negociadora Binacional, que desde 1990 busca un acuerdo en materia limítrofe, llegó a diseñar una hipótesis de frontera marítima. Según dijo Uribe, él mismo se la entregó a Chávez en Riohacha. Previamente, los miembros de la comisión habían recibido de ambos mandatarios instrucciones claras para terminar la negociación. Sin embargo, después de esa fecha un exoficial de la Armada venezolana que era miembro de la Comisión Negociadora –Francisco Nieves Croes– hizo público su desacuerdo con el borrador y generó una aguda controversia interna en Venezuela que despertó sentimientos nacionalistas en varios frentes. El episodio terminó cuando Chávez destituyó a todos los negociadores. Estos nunca fueron reemplazados y, por eso, el borrador no se transformó en acuerdo: ni los presidentes lo firmaron, ni lo sometieron a aprobación y ratificación por los Congresos. La negociación volvió a congelarse.

La línea que trazaba el proyecto de la Comisión Negociadora era intermedia entre los planteamientos que históricamente han defendido Colombia y Venezuela. Mientras en Bogotá se ha planteado una línea media que penetraría los derechos colombianos hacia el sur del golfo, en Caracas proponían una prolongación en el mar de la dirección general del último tramo de la frontera terrestre (que termina en Castilletes), la cual sacaría a Colombia del golfo. SEMANA conoció el borrador del 6 de octubre de 2007, que nunca se convirtió en acuerdo formal ni en delimitación definitiva porque no llegó a ser parte de un tratado aceptado por las partes ni ratificado por los Congresos (ver mapa).

Al cierre de la presente edición la pelota estaba en el campo venezolano. El gobierno de Maduro deberá responder a la solicitud colombiana de rectificar el decreto. El peor escenario sería el de la insistencia de Caracas en la línea allí trazada. El mejor, que se reactive la Comisión Negociadora para que se retome la discusión sobre cómo trazar el límite que está pendiente. Maduro tiene la palabra.