El beneficio que recibió diputada señalada de estafar familias en Antioquia

El mundo político antioqueño permanece perplejo. En menos de 24 horas dos de sus diputados fueron cobijados con medida de aseguramiento por presuntos actos irregulares durante su gestión como servidores públicos. Uno de ellos es Jorge Alberto Hernández, quien fue señalado por el ente acusador de celebrar más de 30 contratos poco transparentes cuando se desempeñó como secretario de Desarrollo entre el 2008 y el 2010.

La otra historia es la de la concejala del Partido Liberal Ángela María Cano, quien fue capturada hace pocos días porque, al parecer, engañó a más de 240 familias en Itagüi, Antioquia, que invirtieron sus pocos ahorros en un programa fallido de vivienda.

El sábado pasado, cuando fue capturada, esas familias de estratos 1 y 2 de la región creyeron que se hacía justicia y que la diputada iba tras las rejas. Pero este lunes el juzgado 27 penal de Medellín dictó medida de aseguramiento pero con el beneficio de detención domiciliaria. Es decir, la diputada pasará los próximos meses, mientras se inicia un juicio, en la comodidad de su hogar.

Ángela María es investigada por presuntos delitos de concierto para delinquir y estafa agravada y urbanización ilegal. Sin embargo, para su abogado, Santiago Trespalacios, la medida tomada contra su cliente es menos restrictiva que la prisión, pero continua siendo una arbitrariedad de la justicia.

¿Cómo fue la historia?

Los hechos se remontan a noviembre del 2006. Después de terminar su período como concejala, Cano promovió en Itagüí un proyecto habitacional para 160 mujeres pobres cabeza de hogar. Para lograr el sueño, lo primero que tuvieron que hacer las futuras propietarias fue crear una Junta de Vivienda Comunitaria a la que, por sugerencia de Cano, llamaron San Miguel Arcángel.

Después de crear la junta, el paso siguiente que debían cumplir era afiliarse a Corvidas, una corporación que las iba a asesorar en la búsqueda de subsidios de vivienda del Estado. Esa entidad, recomendada por Cano, le cobró 830.000 pesos a cada familia, y a la junta del futuro proyecto, la suma de 2.532.000 pesos mensuales.

Pero como además, para sacar adelante el proyecto, se requerían unos diseños arquitectónicos, la exconcejala propuso que contrataran a la constructora DC Total Compañía de Diseño y Construcción S. A. Cada familia tuvo que abonar 1.800.000 pesos, además de tener que pagar un lote entre todas. Ocho años después, el sueño de estas mujeres tiene tintes de una presunta estafa, según las 27 denuncias que hay en la Fiscalía contra Cano y sus familiares. Al caso de Itagüí se han sumado otras denuncias contra la hoy diputada por incumplimientos en otros proyectos en municipios como Frontino y Ciudad Bolívar.

Según Ángela María, su gestión sólo llegó hasta conseguir los predios. Nada más. Lo otro era responsabilidad de Corvidas, una entidad sin ánimo de lucro con la que Cano dice no tener ningún vínculo. “No contrato con Corvidas, no estoy en la nómina, ni nada”, dice.

Pero la realidad es otra. El representante legal de la corporación es Carlos Andrés Moreno Roldán, yerno de la diputada y padre de su nieto. La influencia de Cano en Corvidas es tal, que en la sede principal ella despacha.

Moreno Roldán, por su parte, reconoce que Corvidas se lucra por prestar un servicio que según él va más allá de servir de intermediario con el Estado para los subsidios de vivienda, un procedimiento que en Colombia es gratuito. “Corvidas nació de la necesidad que tenían 12 juntas de vivienda de ser acompañadas en lo técnico, en las licencias de urbanismo y construcción; en lo jurídico, en lo social, en lo administrativo y financiero”, refuerza Cano.

Ahora bien, el representante legal de la constructora DC Total de Diseño y Construcción es Gabriel Jaime Velásquez Rodríguez, quien fue compañero sentimental de Cano durante 11 años y con quien tiene una hija. En la junta directiva suplente de la empresa también está Sandra Leidy Vargas Cano, una hija de la diputada.

Velásquez Rodríguez no es arquitecto ni ingeniero. Con el grado de bachiller, y de la mano de la diputada y Corvidas logró convertirse, de la noche a la mañana, en próspero constructor. La empresa nació en el 2008 y en menos de un año ya estaba echando los cimientos de un proyecto de 220 apartamentos llamado Villa Ángel, en Medellín. Y luego siguió con el proyecto Santa María de Los Ángeles, de 232 apartamentos, en San Antonio de Prado, de los cuales se han entregado 148. Y de la urbanización Villa María, de 140 apartamentos, sólo hay 40 terminados.