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| 11/11/2017 10:15:00 PM

Pleito sagrado en el centro de Cali

El proyecto de convertir un patrimonio arquitectónico en un hotel operado por una firma internacional terminó en una pelea entre el constructor y la Alcaldía.

Edificio del Colegio La Sagrada Familia de Cali Pleito sagrado en el centro de Cali

La sede del colegio La Sagrada Familia se robaba todas las miradas no solo por su arquitectura republicana, sino por su ubicación en el centro cultural y gastronómico de Cali. El plantel, orientado por las Hermanas de la Providencia y la Inmaculada Concepción, dejó de existir hace años, pero el edificio se mantuvo intacto y en 1993 entró a la categoría de Bien de Interés Cultural (BIC).

Por esos atributos, el arquitecto Jerónimo Jiménez, con su constructora Jero S. A.S., soltó una idea que caló entre 120 inversionistas, incluidas las religiosas. Se trataba de convertirlo en un lujoso hotel con 105 habitaciones, salones de eventos, locales comerciales y todas las amenidades correspondientes.

De esa manera nació el proyecto Hotel Sagrada Familia, que operaría la firma Small Luxury. Ese sueño cuesta 70.000 millones de pesos y las obras van en un 70 por ciento desde 2013 cuando Planeación Municipal otorgó el permiso y la curaduría expidió la licencia de construcción. Ese modelo de negocio tiene como premisa respetar el diseño del inmueble, pero con una nueva edificación que contraste en una fusión entre lo antiguo y lo moderno.

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Todo venía viento en popa para la inauguración prevista para diciembre. Pero en enero la Alcaldía ordenó suspender las obras porque al parecer el constructor hizo modificaciones que alteraron los planos aprobados.

Por eso, el proyecto está casi parado y amenaza con convertirse en un elefante blanco en una de las nuevas zonas rosa de Cali. Mientras eso ocurre, el constructor y la secretaria de Planeación se enfrascaron en una guerra mediática, y hay en juego una demanda por 40.000 millones de pesos. Si las partes no llegan a una conciliación este martes 13 de noviembre, lo más seguro es que el proceso se dilate y un juez deba definir quién tiene la razón.

A juzgar por los argumentos, ni la Alcaldía ni el constructor darán su brazo a torcer. De hecho, este denunció a varios funcionarios de Planeación y hasta a la secretaria de Cultura, Adriana Betancur, y la exsecretaria de Planeación Mercedes Romero.

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 Así las cosas, el constructor no queda bien parado porque si bien se esforzó por respetar el inmueble, ejecutó 11 modificaciones al plano inicial, que le significaron 3.000 metros cuadrados más. Y aunque no obtuvo la licencia, insiste en que concertó todo con Planeación. Jiménez se ampara en un documento de la Secretaría de Planeación el 14 de septiembre de 2016, en el que funcionarios dejan entrever que esa dependencia ya estudió los planos modificados y solo esperan el estudio de movilidad: “Salvo lo anterior, se cumple con los requisitos legales (…)”, dice textualmente el citado documento.

Sin embargo, en la Alcaldía alegan que ese documento no tiene ese alcance, pues en él Planeación simplemente responde una consulta. “Esas decisiones oficiales solo se toman por medio de actos administrativos como las resoluciones”, explicaron fuentes de la Alcaldía.

La modificación que más roncha causó en la Secretaría de Planeación tiene que ver con la altura y forma de la edificación nueva. En el plano aprobado aparecen cinco pisos y una inclinación en la fachada; pero ahora tiene un sexto piso (seis metros por encima de lo aprobado) a manera de mezanine y la fachada quedó vertical.

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Jiménez asegura que presentó los planos oportunamente y acusa a los funcionarios de dilatar los trámites; pero fuentes de Planeación mostraron con bitácoras de visitas que los cambios ya estaban hechos. Además, cuestionan que el concepto original era un hotel con locales y ahora se trata de un centro comercial con un pequeño hotel. En efecto, en el mezanine habrá 4 salas de cine y no un centro de eventos; además, construirán 36 locales y un supermercado en la planta baja. Ese flujo de público no estaba calculado y de ahí surgió la necesidad de un estudio de movilidad.

En medio permanecen los inversionistas damnificados por un problema que, según ellos, escaló por soberbia. Como expresó uno de ellos, Mario Lopera, “el llamado es para el alcalde y el constructor: eviten que se convierta en un bien mostrenco y dejen que al menos se termine lo permitido en las licencias”.

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