El cartel de los comisionistas

Un año después de que se destapó el más grande desfalco hecho con dineros de regalías, la Fiscalía y la Contraloría empiezan a esclarecer cómo se hizo y quiénes participaron en él.

El caso es uno de los más aberrantes de los últimos años. Según los más recientes datos, están desaparecidos 120.000 millones de pesos. Una cifra bastante significativa si se compara, por ejemplo, con los 84.000 millones que tendrá el Ministerio de Cultura para 2010, que han sido presentados como un presupuesto histórico.

En su momento, este escándalo se conoció como el caso de las fiduciarias. Y el problema se dio porque los gobernadores de Meta y Casanare, y algunas ciudades como Villavicencio, decidieron que la mejor manera de utilizar las regalías que les corresponden por concepto del petróleo era ponerlas en una fiduciaria en la cual recibían un interés del 9 por ciento anual, un poco superior al que les podía dar el sector financiero.

Si bien el mecanismo era en apariencia legal,en realidad era un préstamo de alto riesgo, a través del cual estos dineros públicos terminaban financiando proyectos de particulares que en algunos casos parecían más unas aventuras al azar que inversiones garantizadas.

Fueron más de 200.000 millones de pesos los recursos que SEMANA reveló en su momento se habían colocado bajo esa figura entre 2005 y 2008. Como obviamente los dineros públicos no son para este fin, se desató el escándalo y las entidades corrieron a tratar de hacer efectivas las garantías. Pero en muchos casos fueron insuficientes o simplemente no las había. Con la intervención del gobierno y de la Contraloría General, algunos de los particulares devolvieron los dineros y otros fueron embargados. Aún así hay todavía unos 120.000 millones de pesos que no aparecen.

Pero no es eso lo más escandaloso. Los avances de las investigaciones empiezan a mostrar que en estas operaciones hubo miles de millones de pesos en comisiones que fueron a parar a los bolsillos de ciertos comisionistas y, tal vez, de funcionarios.

Un reciente hallazgo demuestra cómo prestigiosas mesas de dinero, oficinas de proyectos y reconocidos traders en Bogotá se prestaron para gestionar estos recursos. Sus nombres, así como los de los implicados se mantienen en reserva por las acciones judiciales que vendrán sobre ellos en los próximos días.

Los investigadores han encontrado que por la colocación de estos dineros se llegaron a pagar comisiones de hasta el 13 por ciento. De este monto el 5 por ciento se quedaba en el que prestaba el nombre para la transacción financiera, y el saldo restante se le pagaba a particulares con los que se hacían contratos por montos de entre 20 y 100 millones de pesos.

Cuando se indagó sobre quiénes eran estos particulares favorecidos por los contratos se encontró que en la mayoría de los casos eran personas de baja escolaridad, como empleadas del servicio doméstico, empleados de cafeterías y vendedores callejeros en algunas de las ciudades de donde salió el dinero. También aparecen empleados de bancos, dibujantes de arquitectura y hasta un concejal. Ninguno de ellos con posibilidad real de gestionar esta clase de recursos.

De hecho, algunos han dicho que no saben cómo sus nombres llegaron a los mencionados contratos. Las hipótesis apuntan a que a través de estas suplantaciones fue que se desviaron los dineros para pagar a los funcionarios que soltaron los recursos para las fiduciarias.

Los alcaldes, gobernadores y tesoreros de sus respectivos despachos se han defendido argumentando que ellos invirtieron con la tranquilidad que les daba saber que estaban haciendo sus inversiones con fiduciarias sólidas, una de ellas pública, como Fiduagraria.

Por el millonario fraude, ya se alista una fuerte ofensiva que incluye cargos de peculado por apropiación para los particulares que recibieron los dineros, y para los funcionarios que habrían aceptado las comisiones. Incluso se estudia si también se vincula a los que devolvieron los fondos. Contra los gestores de los proyectos vienen cargos por peculado a favor de terceros, por servir de canales para las irregulares comisiones y el singular fraccionamiento de los contratos, en una historia que de forma lenta comienza a revelar sus verdaderos protagonistas.