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| 9/13/2012 12:00:00 AM

El caso 'colectivo 82' cumple tres décadas

Hace 30 años desaparecieron en Bogotá varios estudiantes de universidades públicas de la ciudad sin que hasta ahora se sepa de su paradero. Familiares denuncian impunidad.

El caso 'colectivo 82' cumple tres décadas Josefa Gómez es la madre Edilbrando Joya, uno de los desaparecidos en 1982. Foto: Andrés Gómez / Semana
La última vez que doña Josefa Gómez vio a su hijo fue el 13 de septiembre de 1982. Desde hace 30 años, no ha vuelto a saber nada de Edilbrando Joya, entonces estudiante de la Universidad Nacional que cursaba sexto semestre de Ingeniería Mecánica y tenía 23 años.

"Su desaparición se dio luego de las de otros 11 estudiantes tanto de la Universidad Distrital como de la Nacional. El último fue Edilbrando, a quien capturaron acá en la casa a las 6:30 de la mañana unos hombres que venían de civil y desde entonces no sabemos qué pasó con él", cuenta doña Josefa sobre lo sucedido ese lunes hace tres décadas.

En su memoria está fresco el recuerdo de lo que pasó en esa primera semana buscando información por diferentes sitios: la morgue, hospitales, estaciones de Policía y las unidades militares de Bogotá. Pero nadie les dijo nada. Así ha pasado en las últimas tres décadas.

"Son ya 30 años de incertidumbre, 30 años de dolor. Prefiero que mi hijo hubiera muerto y no haber tenido este sufrimiento tan grande", dijo doña Josefa, a quien ahora la aqueja la enfermedad de Parkinson, según ella, por todas las angustias de no saber qué ha pasado con Edilbrando.

El caso de estos desaparecidos, que alguien bautizó como 'colectivo 82', ha llegado a varias instancias, pero, como dice la mujer, "todo ha sido una demora". Las últimas noticias que se tienen del hecho datan de junio del año pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró nulo el fallo proferido en 1987 por la Justicia Penal Militar en la que absolvía por el hecho al coronel (r) de la Policía Nacín Yanine Díaz; a los mayores Ernesto Condia Garzón y Jorge Alipio Vanegas Torres, y los capitanes Luis Ángel Perdomo, Jairo Otálora Durán y Miguel Rodrigo Torrado Badillo, entre otros integrantes de la institución presuntamente implicados.

Además, la Corporación dice en su sentencia que se remita el caso a la Fiscalía para que avance en la investigación sobre los hechos ocurridos entre el 4 de marzo y el 13 de septiembre de 1982.
 
Es de recordar que para la época de los hechos, el coronel Díaz estaba en el F2, organismo de inteligencia del Estado al que el juzgado 56 de instrucción criminal halló como responsable de la múltiple desaparición. Sin embargo, el proceso pasó al juzgado penal militar, donde se precluyó la investigación argumentando que los policías no tenían ninguna responsabilidad. Esa fue la decisión que revocó la Corte.
 
Las desapariciones, en su orden, se dieron así: el 4 de marzo fueron los estudiantes de la Universidad Nacional Pedro Pablo Silva y Orlando García; el 8 de ese mismo mes, los hermanos Alfredo y Samuel Sanjuán, y Édgar García, y en agosto 18 se reportó a Rodolfo Espitia y el 24, Gustavo Campos.

Para septiembre, a la lista se sumaron Hernando Ospina, Rafael Prada, Bernard Acosta, Manuel Acosta y Edilbrando, el hijo de doña Josefa.

Una de las hipótesis que se plantea sobre el hecho está relacionada con la supuesta contratación de los mencionados policías quienes, al parecer, obedecieron órdenes del narcotraficante José Jáder Álvarez, para asesinar a los jóvenes, ya que se presumía que ellos habían sido los responsables del secuestro de los hijos del capo en 1981.

No obstante, nada ha sido probado. Y quizá no se aclare. De allí que en la mañana de este miércoles, durante un foro organizado para conmemorar la memoria de los desaparecidos, se le haya pedido a la Fiscalía agilizar la investigación.

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