Venezuela, cada vez más cercada

Marielena es la regente de una ferretería en Caracas, y teme que su negocio ya no tenga qué ofrecer. Arturo es el propietario de un proveedor de repuestos para vehículos, y se pregunta si deberá cambiar de oficio. Rodrigo es electricista, siempre está buscando artefactos y piezas para poder trabajar, y ahora vive en la incertidumbre. Todos tienen algo en común: utilizan materiales importados y muchas veces provenientes de Estados Unidos.

Desde el 5 de agosto, ese país endureció las sanciones al régimen. Lo que comenzó como castigos individuales y evolucionó al negocio petrolero, del oro y al propio Banco Central de Venezuela escaló hasta un embargo de los bienes de la república en territorio estadounidense y una orden ejecutiva que pone en la mira a quien colabore con la causa chavista. Como tal, la Casa Blanca no ha impuesto un bloqueo al país petrolero, pero sí prohíbe negociar con el Gobierno.

John Bolton, alto consejero para la seguridad de Estados Unidos, anunció las medidas esta semana.

La decisión de Washington pone en la mira todo negocio venezolano con las llamadas sanciones secundarias. José Ignacio Guarino, analista financiero, explica que la orden ejecutiva deja espacio a la discrecionalidad. Después de todo, nadie sabe si algo de lo importado llegará, así sea indirectamente, a manos de las personas o instituciones sancionadas

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Muchos economistas aseguran que los bancos norteamericanos, cada vez que vean una transacción de una empresa venezolana, se preguntarán si es una operación camuflada del Gobierno de Maduro. “Se eleva la percepción de riesgo de hacer transacciones con Venezuela, y ante la dificultad del sistema financiero internacional de discriminar si una operación beneficia o no al régimen, pagan justos por pecadores”, afirma el economista Asdrúbal Oliveros.

El gremio de comerciantes ha intentado guardar la calma, pues las sanciones no tienen alcance sobre la actividad privada. Aun así, les preocupa que se complique el acceso a otros mercados o afecte la posibilidad de endeudamiento, en un país con crisis de crédito bancario.

Juan Guaidó, líder de la oposición, apoyó las sanciones de Washington.

De igual manera, en Colombia el gremio empresarial también ha expresado incertidumbre con respecto a sus relaciones comerciales con el país vecino. https://www.semana.com/noticias/nicolas-maduro/102646

Para que eso no ocurra, resulta fundamental que cualquier empresa, ya sea colombiana o de otro país, tenga claridad sobre las exenciones que ha establecido la Casa Blanca (alimentos, medicinas, vestimenta, productos agrícolas, dispositivos médicos, artículos destinados a ayuda humanitaria, etcétera). Y que en caso de dudas, cuente con una licencia comercial de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos.

Aunque el sector privado del país petrolero puede operar con esas restricciones, no tiene músculo para sortear el golpe que recibirá por el anuncio de esta semana. El Fondo Monetario Internacional estimaba, antes de conocerse el “bloqueo”, que las importaciones caerían en 35 por ciento.

Sumado a lo anterior, voces internacionales han criticado la estrategia de presión de Estados Unidos, pues podría afectar a los ciudadanos más vulnerables. La alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, mostró su preocupación ante unas sanciones “extremadamente amplias” que, dijo, no contienen medidas suficientes para mitigar el impacto en los sectores de la población de más bajos recursos. “Temo que tengan implicaciones mayores en los derechos a la salud y a la alimentación”.

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Pero también es verdad que el propio Gobierno destruyó el aparato productivo nacional, y obligó a la gente a depender del Clap, un programa de comités locales de distribución de comida subsidiada. Actualmente, el país tiene solo un tercio de la que necesita para alimentar a su población. De acuerdo con el más reciente reporte de la FAO, “en 2012, Venezuela tenía 3,6 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria, y ahora son 21,2 millones los venezolanos que pasan hambre”.

Lo propio ocurre en el sector salud. Organizaciones como Codevida registraron que la carencia de medicinas alcanzó niveles de emergencia humanitaria en 2017. Pero el Gobierno no hizo nada. “Esto lo ha causado la permanencia del régimen, que ha negado la emergencia humanitaria y cualquier ayuda internacional”, dice su director Francisco Valencia. Lo cual, agregan analistas locales, podría disparar aún más la migración, con serias consecuencias para Colombia.

Crudo porvenir 

Cuando se habla de “embargo”, se piensa en Cuba. No obstante, el analista financiero José Ignacio Guarino explica que el régimen de la isla pudo sobrevivir triangulando sus negocios, algo que hoy en día Venezuela no podría hacer, pues distintos convenios internacionales hacen que “el dinero deje rastro”, lo que implica que nadie quiera hacer negocios con el Gobierno.

Por eso, los expertos creen que Maduro buscará escabullirse haciendo transacciones de venta de crudo y metales en efectivo, y dándoles más peso a las actividades ilícitas.

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Muchas de las miradas están justamente en el negocio petrolero. Hasta ahora, Maduro había logrado que India comprara crudo y pagara en efectivo, pero el país asiático podría cancelar sus operaciones. La firma Torino Economics estima que, de concretarse, el impacto sería catastrófico y la caída del PIB podría pasar del 35 por ciento al 50 por ciento.

La mayoría de venezolanos subsiste con los alimentos que subsidia el Gobierno de Maduro. Aun así, muchos ciudadanos pasan hambre. 

La pregunta sigue siendo si ahorcar financieramente al país termina por debilitar tanto a Maduro hasta hacerlo perder el poder. El director de Datanálisis, Luis Vicente León, apela a un símil: “El terrible director de un colegio encierra a 28 niños. Deciden cercarlo para presionar su salida, sin negociación. Le ofrecen comida humanitaria que rechaza porque tiene para él (un par de vecinos le pasan por detrás). Pregunta: ¿quién pasa hambre primero, el director o los niños?”.

Otra cosa es que el hambre impulse un movimiento popular contra Maduro. Algo que solo ocurrirá si identifica al gobernante como el causante de las sanciones. 

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