El debate sobre el derecho a la muerte digna

Todas las personas tienen el derecho a que se les proteja el derecho a la vida, pero ninguna tiene la obligación de vivir. Así lo indicó Ana Isabel Gómez, directora del Programa de Medicina de la Universidad del Rosario, al explicar que “no se puede obligar a nadie a que se quite la vida ante una situación de final de vida, pero tampoco se le puede forzar a morir en condiciones que no considere dignas desde su propia perspectiva de calidad de vida, en el ejercicio de su autonomía y su libertad de conciencia”.

¿Cómo procurar entonces que en esta etapa final de los seres humanos sean protegidos sus derechos? y ¿cómo garantizar que la toma de decisiones respete la autonomía de las personas, proteja su mejor interés, no produzca sufrimiento y sea justa?

Para la académica, el concepto de muerte digna resume en parte la respuesta a estos interrogantes. “Los profesionales de la salud, los sistemas de cuidado, las familias y la sociedad en general deben propender por el respeto al derecho a una muerte digna”, agregó Gómez.

Derecho a la autonomía individual

“La muerte digna requiere que el final de la vida esté determinado por los valores, creencias y necesidades de cada individuo. Cuando la muerte se produce de manera contraria a lo que una persona hubiese deseado, se vulneran sus derechos”, indicó Gómez.

Este elemento hace que las eternas discusiones con marcado tinte ideológico alrededor de la limitación del esfuerzo terapéutico, el cuidado paliativo, la eutanasia o el suicidio asistido, en un Estado de derecho que reconoce y protege el derecho a la coexistencia de diversas cosmovisiones, deberían verse a través del respeto al derecho a la autonomía individual.

Se debe entender que ni una ni otra forma de aproximarse a una situación tan compleja debe ser impuesta a ningún ser humano, reiteró la docente.

¿Por qué es importante debatir este tema?

“Entre otras razones porque hablar de la muerte sigue siendo un tabú, sumado a las frecuentes conspiraciones de silencio que rodean a las personas al final de su vida, especialmente cuando se trata de menores de edad o ancianos”, explicó la directora. 

También está el denominado consentimiento subrogado, sustituto o indirecto, en el cual un tercero toma las decisiones por una persona que, dada su condición temporal o permanente de falta de competencia, no puede decidir por sí misma.

En estos casos los profesionales de la salud deben garantizar que aquel en quien está subrogada la capacidad de decidir debe representar los deseos del paciente o, en caso de no conocerlos, velar por lo que represente el mejor interés desde los puntos de vista técnico científico y humanístico.

“En este terreno encontramos como salidas válidas para la protección al derecho a una muerte digna las voluntades anticipadas, los testamentos vitales o la escogencia de un representante de la voluntad del paciente que permite la toma de decisiones racionales, anticipadas y planeadas”, dijo la directora del Programa de Medicina de la Universidad del Rosario.

Si bien en Colombia la limitación del esfuerzo terapéutico, el cuidado paliativo y la eutanasia son posibles escenarios de final de la vida, este último tiene limitaciones respecto a la posibilidad de que la decisión sea tomada por un tercero.