El enfrentamiento entre el fiscal y Minjusticia por fórmula para excarcelaciones

No hubo llamado a lista, ni derecho a réplica. Tampoco votaciones, corbatas, ni mociones de orden a pesar del centenar de asistentes. Lo que sí hubo fue intercambio de dardos entre excolegas del Gobierno.

La Comisión de Paz del Senado –en sesión virtual– se convirtió esta semana en el escenario del primer rifirrafe entre Gobierno y el nuevo fiscal general. La ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco y al fiscal, Francisco Barbosa, protagonizaron un choque institucional por cuenta del dilema de una fórmula para aliviar el hacinamiento carcelario antes de que se filtre en las prisiones la pandemia del coronavirus. El Gobierno lleva varias semanas tratando de conciliar un proyecto de decreto como una medida complementaria.

La idea oficial consiste en enviar a detención domiciliaria y transitoria por seis meses a la población carcelaria en mayor riesgo frente al peligro del virus. El borrador de decreto contempla la gabela para las reclusas embarazadas o con hijos menores de 3 años; los internos con enfermedades delicadas y los mayores de 60 años que no representen un riesgo para la sociedad. También, previo listado de exclusiones, se tiene previsto que beneficie a quienes hayan cumplido las 3/5 partes de la pena y a quienes tengan derecho a permisos de 72 horas. En este último paquete entrarían quienes hayan cumplido la tercera parte de la pena (para delitos de crimen organizado se exige el 70 por ciento de la pena).

De allí se calculan alrededor de 1.000 reclusos por inasistencia alimentaria; 4.600 internos por violencia intrafamiliar o a quienes estén respondiendo por porte ilegal de armas, siempre y cuando estas no sean de uso privativo de las fuerzas militares. La medida también beneficiaría a detenidos por hurto y homicidio simple, narcotráfico en pequeñas cantidades, concierto para delinquir sin agravantes y a quienes no tengan otros antecedentes y hayan cumplido con un tiempo privados de la libertad. Esas son las líneas generales del decreto que está esbozando el Gobierno.

Para vigilar a la gente en domiciliaria, se planea darle facultades al CTI de la Fiscalía y a la Policía para que apoyen a la guardia del Inpec que ya viene desbordada. Pero el fiscal Barbosa entró a añadir fuego a un debate ya de por sí poco pacífico. Por petición del mismo Gobierno, el ente investigador estudió el borrador y preparó un concepto de 17 páginas en donde enumera sus desacuerdos con el proyecto.

En contexto: 

Entre sus críticas está el hecho de que el CTI tenga labores de vigilancia lo cual considera “cargas desproporcionadas” que los distraería de su función de policía judicial especializada para investigar conductas delictivas. Incluso, así esta sea una misión temporal. El fiscal asegura además que el Gobierno no explica por qué liberar presos evita riesgos en la propagación del coronavirus, siendo que en su casa el interno también está bajo la protección del Estado y puede contagiarse. Un punto que para abogados penalistas resulta evacuado dadas las obvias condiciones de insalubridad en centros penitenciarios, es decir los reos están confinados pabellones tan estrechos como precarios, y sin suficiente personal de atención.

En su memorial el fiscal cuestionó que las medidas que pretende adoptar el Gobierno pueden ser más restrictivas que el régimen actual porque limitan la concesión de beneficios que existen pero que no se aplican por la congestión judicial, no por la ausencia de normas. 

En este punto recibió el respaldo de la Procuraduría, que calcula que 10.500 personas podrían salir con que los jueces resolvieran solicitudes de subrogados penales tales como cumplimiento de pena o vencimiento de términos para los sindicados. En términos de excarcelación, Barbosa recomienda que si hay exclusiones al régimen actual, se concentren en delitos no violentos con penas inferiores a años 5 años, excluyendo allí terrorismo, delincuencia organizada y la violación de medidas sanitarias y propagación de epidemia. Algo contradictorio porque las personas detenidas y procesadas por propagar el coronavirus están siendo enviadas a detención domiciliaria.

¿Cárceles en prostíbulos?

Pero el foco de la propuesta del fiscal es lo que primero parece haberse quedado sin oxígeno. Para Barbosa, quienes vayan a detención domiciliaria tienen que tener la garantía del mínimo vital (alimento, techo, salud), algo c0n lo que no todos los presos cuentan, y para suplirlo propuso que bienes extintos a la mafia sean adecuados como alojamientos temporales para excarcelados. El problema es que mucho antes de que su propuesta llegara al despacho de la ministra Cabello Blanco, ella ya había comenzado los estudios encontrando que la idea resulta inviable.

Por ejemplo, el extravagante prostíbulo El Castillo y su decena de suites fue seriamente considerado para transformarlo en celdas de alta seguridad. Ese icónico lugar de la mafia que fue uno de los lavaderos de dinero más jugosos de Bogotá, estuvo en la mira como albergue en la contingencia. Pero los corredores por donde solían bailar unas 40 mujeres semidesnuda no reunió las condiciones necesarias además que requería millonarias adecuaciones. Por esto, El Castillo no pasó el examen del Ministerio de Justicia.

También quedó descalificado el lujoso hotel Benjamin en Taganga, donde el israelí Assi Mosh protagonizó las legendarias fiestas que lo llevaron a la cárcel por explotación de mujeres. La idea no pasó de eso. Una medida de así requeriría dinero y tiempo para hacer la transformación. Justo lo que no hay ante la bomba de tiempo en la que se transformaron las hacinadas cárceles  por cuenta del coronavirus. La ministra aseguró en el debate virtual que si la SAE tiene inmuebles y los entrega disponibles “bienvenida sea la propuesta” de Barbosa. Y este, ofuscado, señaló que si los bienes están destruidos o inservibles hay una responsabilidad disciplinaria o incluso penal para quienes tienen que administrarlos. “No se están administrando miseria”, enfatizó Barbosa al indicar que no es posible que no haya bienes disponibles para estos menesteres.

Una subida de tono que fue interpretada como injustificada por algunos dado que la ministra no habló de ruinas, solo que un prostíbulo no puede ser una cárcel sin le metan millonarios recursos para reconfigurarlo. En todo caso, el jefe de la Fiscalía considera que de ser necesario se tienen que usar recursos del Fondo de Mitigación de Riesgos para afrontar esta situación.

Durante el debate salió a relucir hasta la ejecución de los recursos por parte de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios: mientras el fiscal asegura que el año pasado solo se ejecutó el 7 por ciento de los proyectos de inversión, la ministra sostiene que la entidad superó el 80 por ciento. 

Italia, Alemania, España, sin tener las prisiones al tope, decidieron mandar a detención domiciliaria a miles de presos a fin de evitar un colapso intramural ante la inminente llegada del covid-19. Colombia, con 65 por ciento de hacinamiento, lleva semanas tratando de conciliar una fórmula para sacar de prisión a 10.000 internos, de los 44.000 que necesita para quedar con cupo lleno pero sin sobrepoblación.

Esta es la primera pelea que emprende Barbosa desde la jefatura de la Fiscalía con el Gobierno. Al otro lado, con un semblante menos confrontacional, está la ministra de Justicia, que ahora tiene en sus manos la papa caliente del decreto que tarde o temprano tendrá que concretar para aliviar la carga de las cárceles, tal como lo vienen clamando la Procuraduría, la defensoría, los abogados y hasta la comunidad internacional. Mientras esto ocurre, las protestas, desórdenes y motines siguen a día y noche.